El 8 de abril se hacía efectivo el desarme de ETA, con la entrega de las armas al gobierno francés. Ante la negativa de los gobiernos español y francés de participar en negociaciones para el desarme, éste se hacía de manera unilateral bajo la supervisión de voluntarios, los llamados «artesanos por la paz». La entrega de las armas se completaba con una concentración de miles de personas en Baiona.

El Gobierno y todos los partidos franceses –con excepción del FN- saludaron el hecho y declararon que el desarme era un paso muy importante en la consecución de la paz. Lo mismo hicieron los partidos vascos menos el PP y UPN. El gobierno español incomodado por esta decisión, quitaba toda importancia al hecho y activaba todos los mecanismos como la Asociación de víctimas del terrorismo para demostrar que nada ha cambiado y nada debe cambiar, tampoco su política penitenciaria. Incluso atacaba duramente al PSE-PSOE por el comunicado de apoyo.

En octubre de 2011 ETA había declarado el fin a las acciones armadas. Sin embargo, la política de Rajoy fue levantar todo tipo de trabas a la entrega de las armas, rechazando las propuestas de ETA para establecer un plan, deteniendo a los emisarios, incluso con advertencia de los tribunales a los miembros de una comisión internacional independiente para impedir que la facilitaran. También encarceló a los dirigentes de la izquierda abertzale que más habían promulgado el fin de la lucha armada, como el propio Otegui.

La rentabilidad de la política «antiterrorista»

Pero sería un error identificar al PP como la línea dura y el PSOE como dispuesto a negociar. Felipe González fue el presidente del Gobierno con los GAL, fuerza paramilitar que se demostró estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior, que asesinó militantes de ETA y de la izquierda abertzale. Por el contrario, Aznar -con el propio Rajoy como ministro- en el 1999 llamó a ETA «movimiento de liberación vasco», estuvo en negociaciones, se liberaron 190 presos/as y se acercó el resto, antes del cambio radical de política.

En los primeros años de la transición, el movimiento abertzale había abierto un espacio de simpatías importante en la izquierda de los demás pueblos del estado. Importante había sido la campaña coordinada con el SOC de apoyo a las ocupaciones de tierra en Marinaleda en 1980, por ejemplo. La impotencia del estado llevó entre el 83 y el 87 con el Gobierno Felipe González a la llamada guerra sucia del estado con los GAL, responsables de 27 asesinatos, que levantó indignación en sectores de la izquierda. En las Elecciones Europeas de junio de 1987 Herri Batasuna obtuvo 360.000 votos y un eurodiputado, Txema Montero. Más de 100.000 venían de fuera de las circunscripciones vasca y Navarra. El problema del gobierno no era el pulso armado de un grupo con el estado, sino el movimiento de masas de la izquierda abertzale y las simpatías que podía levantar en todo el estado.

Pero quince días después de las elecciones de junio del 87, ETA cometió el atentado de Hipercor que causó la muerte a 21 personas y heridas a 45. Este hecho marcó un antes y un después. Este atentado laminó gran parte de la solidaridad con Herri Batasuna (HB). Sólo dos años después, en la nueva convocatoria de elecciones europeas, HB perdió 100.000 votos, en Catalunya de los 40.000 caía a 15.000, y en Madrid de los 14.600 a casi 7000.

Los atentados de ETA aíslan la lucha del pueblo vasco

Se impuso la lógica guerrillera, la lucha armada debía obligar al estado a sentarse a negociar la «Alternativa KAS», es decir el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, la reunificación con Navarra, la amnistía y la disolución de los cuerpos represivos. La lucha de masas y la unidad con la izquierda del resto del estado quedó relegada a un segundo plano y fundida a golpe de acción de ETA y represión del estado. Pero no sólo era imposible imponer al estado «negociar» por la correlación de fuerzas militares, sino que además era profundamente reformista esperar que la monarquía y el régimen del 78 surgido del franquismo aceptaran esos principios democráticos. Por ello, mientras denunciamos las acciones represivas del estado y mantuvimos la solidaridad con los y las presas, exigimos el fin de los atentados. Escribimos que la estrategia de ETA era reformismo armado, que se giraba contra el pueblo vasco, aislaban la lucha por el legítimo derecho de autodeterminación y facilitaban la represión y las leyes antidemocráticas.

Bajo los efectos de los atentados de ETA, vinieron los Pactos antiterroristas, un endurecimiento de la represión que empezó a contar con un apoyo popular. Con la unidad del PP y del PSOE y la complicidad del PCE-IU, CCOO y UGT, se levantó un movimiento de masas de rechazo contra ETA. Tras ese movimiento se daba cobertura a las medidas represivas contra toda la izquierda vasca. A más acciones de ETA, reacción de masas en contra, más aislamiento de la izquierda abertzale o de cualquier movimiento de solidaridad contra la p o l í t i c a antiterrorista del estado y más represión y leyes antidemocráticas (leyes antiterroristas, ley de partidos...). Los golpes represivos del estado ya no tenían una reacción popular en contra. El estado francés encontró también la «legitimidad» que necesitaba para entrar a fondo en la política represiva, que antes no pudo hacer. Cada vez los objetivos de los atentados eran más civiles (población común, periodistas, políticos...), y eso facilitaba que las leyes del es- tado y la represión fueran contra el entorno de la izquierda vasca... todo era ETA. Sólo en esa espiral fue posible ver a Aznar encabezar una manifestación de centenares de miles en Bilbao contra ETA en julio del 97 que exigía que ETA no matara a Miguel Angel Blanco. Cuando el estado ganó la calle, ETA estaba sentenciada y empezó su fin. En cuanto ETA decretaba una tregua, como por ejemplo en el 98 tras el Acuerdo de Lizarra, inmediatamente crecía el apoyo a la izquierda abertzale.

Este interés por hacer a ETA un activo político-electoral llegó al extremo ante el atentado del 11 de marzo en Atocha, con la falsificación de la autoría, atribuida por el gobierno a ETA. Fue el movimiento popular de indignación ante la falsificación evidente y la ocultación de informaciones del gobierno quien hizo salir a la luz los elementos que apuntaban a un atentado yihadista. Así las movilizaciones populares apuntaron al pacto de las Azores de Aznar con Blair y Bush y acabaron decantando la pérdida de las elecciones por el PP y permitiendo la inesperada victoria de Zapatero.

Hoy, la lucha contra el terrorismo de ETA es la cobertura inmejorable para justificar represión y recorte de libertades, de leyes que se crearon contra las acciones armadas pero que se aplican en la lucha contra quienes se rebelan contra el sistema. Sin violencia, se decía una y otra vez desde el estado, se podía hablar de todo. Pero era una simple coartada, pues la constitución monárquica no permite la libertad de los pueblos, esto quedó «atado y bien atado» como dijo Franco.

Pero el peligro que ve el Gobierno es que el desarme o la disolución de ETA, quite legitimidad a su política represiva y contra los presos/as. Teme además que pueda confluir la lucha del pueblo vasco con la del pueblo catalán. Para evitarlo es clave el papel del PNV que está actuando de tapón para evitar el contagio, esperando recibir compensaciones por ello. El derecho a la autodeterminación, es decir a repúblicas en Euskadi y Catalunya precisa de unidad de los pueblos y de los y las trabajadoras, pues ese movimiento sea también el que nos libere del estado del 78 y de la Monarquía. Junto a la lucha en Catalunya y en Euskadi, desde la izquierda, para dar un contenido social y de clase a la futura república, hay que impulsar una plataforma amplia de organizaciones y movimientos en todo el estado, contra la represión y por el derecho de autodeterminación. Esta es la tarea.

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Turquia - España. Algunos paralelismos

En 2012 El gobierno turco y la dirección del PKK iniciaron negociaciones. Al calor de esa situación en octubre de 2012 se había formado el HDP (Partido Democrático de los Pueblos), un partido no sólo kurdo sino en el que se integró una parte de la izquierda turca. En octubre de 2014 el ataque de ISIS a Kobane en el norte de Siria, había provocado grandes movilizaciones de apoyo a la resistencia kurda y una gran represión del gobierno turco, pero las reuniones de negociación continuaron. En las elecciones de junio de 2015, el HDP conseguía un magnífico 13% de los votos, alcanzando el parlamento turco con 80 diputados. Este resultado embarrancaba el proyecto del cambio presidencial de la Constitución que impulsaba el AKP de Erdogan, que perdió incluso la mayoría absoluta para formar gobierno.

Erdogán no dudó en cambiar de política, cortó el proceso de negociaciones y lanzó una ofensiva brutal contra las localidades kurdas. El PKK respondió con acciones armadas y con la declaración de zonas autónomas. En el marco de esta confrontación, la población turca se polarizó, se debilitaron los lazos entre el movimiento kurdo y la izquierda política y sindical turca. Erdogán repitió las elecciones en noviembre del mismo año y ya tuvo resultados efectivos. Su partido, el AKP sumó 59 escaños más (una parte directamente ganados a la extrema derecha del MHP), el HDP retrocedió 21 escaños. Este resultado permitió formar gobierno a Erdogán aunque no era suficiente para la mayoría cualificada que requería reformar la constitución, y tuvo que pactar con el MHP.

Ante la escalada represiva del gobierno turco había dos caminos: la respuesta armada del PKK o profundizar el movimiento político y la conexión con la izquierda sindical y política turca a través de HDP. Está claro que la primera dificulta enormemente la segunda. Y el PKK optó por la prioridad de la lucha armada. El HDP quedó a expensas de los golpes represivos del estado y dificultando el desarrollo de la solidaridad con los kurdos entre la izquierda turca. Nuestra sección en Turquía el IDP ha defendido el derecho de autodeterminación del pueblo kurdo, denunciado la represión del estado, pero repudiado los atentados que aíslan la lucha del pueblo kurdo y lo alejan del trabajador/a turco/a.