El 27 de octubre se proclamaba la República Catalana en sede parlamentaria. Horas después el Senado español decretaba la disolución del parlamento y el Gobierno catalán y la intervención de la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución. Las tres semanas de dilación entre el referéndum del 1 de octubre y las continuas vacilaciones del gobierno burgués catalán han sido determinantes para permitir al régimen español recuperar la iniciativa y lanzar todo su aparato judicial y policial.

El movimiento popular impone el referéndum y la república

El referéndum fue un triunfo de la movilización popular frente al Gobierno Rajoy que se había reído de los preparativos, había asegurado que no habría votación y había desplegado más de 10.000 agentes de la policía y la Guardia Civil para confiscar las urnas y las papeletas, había intervenido material político y cuentas, mientras la fiscalía y los jueces iniciaban procesos por doquier, entre ellos contra más de 700 alcaldes. Pero el 1 de octubre significó también un triunfo popular sobre la burguesía catalana. Las instrucciones que llegaban a las mesas de votación era que no había que oponer resistencia y que era suficiente con la fotografía de largas colas frente a colegios electorales cerrados. El plan del Govern era salvar la cara alegando que la represión había impedido la consulta y que no había otra salida que convocar otras elecciones autonómicas. Dilación para frenar la movilización y renegociar un encaje dentro del estado español más favorable a la burguesía catalana.

Pero el movimiento popular hizo posible una votación masiva. Los llamados CDR (Comités de defensa del referéndum) organizaron a miles de personas para ver cómo defender los colegios electorales, ocupaciones de escuelas desde el viernes para impedir que fueran cerrados y precintados... Y el referéndum se hizo, se defendieron los centros, se protegieron las urnas y a pesar de la represión policial (más de mil heridos) se llegaron a contabilizar más de 2,3 millones de votos. A la vez, la represión levantó solidaridad con manifestaciones en Madrid, Bilbao y otras localidades del estado.

El movimiento continuó los días siguientes al alza. Concentraciones reiteradas consiguieron que la policía alojada en diversos hoteles tuviera que marchar. El 3 de octubre la huelga general contra la represión fue esencial: participaron sectores de trabajadores que no se identifican y hubo una jornada de movilización sin precedentes en Catalunya. Las direcciones sindicales burocráticas eran superadas por el sindicalismo de izquierdas que convocó la huelga. Esta nueva dinámica, la que de verdad aseguraba la República y el peso dentro de ella de los sectores populares, hizo temblar a la burguesía catalana. A pesar de que la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament preveía un plazo de 48 horas, el Gobierno catalán retrasó la proclamación de los resultados hasta el día 10 y dejó la declaración de la república «en suspenso». Desde Lucha Internacionalista exigimos la proclamación inmediata de la República.

Esto permitió al Estado retomar la iniciativa. El 4 tuvo que salir el rey para avalar la represión y llamar a la defensa de la unidad de España. Se organizan manifestaciones por la unidad de España en apoyo al rey y la policía y la guardia civil. La extrema derecha aparecía en ellas con sus banderas y protagonizó agresiones impunes en los actos de solidaridad con Catalunya. El 16 de octubre el Estado ya se ve con fuerzas para meter en prisión los dirigentes de los dos movimientos catalanes: Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Hubo una nueva manifestación multitudinaria en Barcelona para exigir su liberación, pero la República sigue «congelada». Rajoy pacta con Ciudadanos y el PSOE la aplicación del artículo 155, que prevé la intervención de la autonomía. La gran patronal catalana, de acuerdo con el Gobierno de Rajoy retira las sedes de casi 2.000 empresas de Catalunya. El mismo día 27 el presidente Puigdemont anuncia que convocará elecciones autonómicas, pero los estudiantes en huelga no abandonan la concentración ante la sede del Gobierno catalán, le llaman traidor y exigen la proclamación de la república. Atrapado, el presidente de la Generalitat convoca el Parlamento esa misma tarde y, sin ningún entusiasmo, se proclama la república.

El Gobierno catalán traiciona sin resistir

Con la república proclamada y el artículo 155 en activo, toda la atención pasa por ver si el lunes el Gobierno Puigdemont y el Parlament siguen funcionando o acatan la disolución. Una parte del Gobierno se queda, la otra se desplaza a Bélgica, pero todos acatan y ceden sin resistencia. Sin embargo, el régimen quiere la derrota completa, y el 2 de noviembre la juez mete en prisión a 8 Consejeros del Gobierno catalán y emite orden de detención del presidente y los 4 consejeros desplazados a Bélgica. Rajoy impone elecciones autonómicas el 21 de diciembre, aclarando que en caso de victoria de las fuerzas independentistas el 155 seguirá en vigor. Y en lugar de denunciar la trampa, Puigdemont y su partido (Partido Demócrata de Catalunya, PDeCAT) acepta las elecciones y las califica de «reto democrático». Lo mismo acaba haciendo, su socio pequeñoburgués, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Desde LI planteamos que estas elecciones son ilegitimas, impuestas por el estado en una situación de intervención y bajo ocupación militar y que deberían ser boicoteadas por todas las fuerzas que se llaman democráticas.

Tampoco la izquierda parlamentaria de la CUP-CC se desmarcó claramente, limitándose a llamados genéricos a resistir, pero sin aparecer como el referente que el movimiento necesitaba. El 5 de noviembre una nueva y multitudinaria manifestación en Bilbao expresa la necesidad de impulsar también en Euskal Herria el camino hacia la República vasca. El 8 de noviembre un pequeño sindicato convocaba una huelga general. Era imprescindible. Otros sindicatos de izquierdas llaman a secundarla. La huelga no fue la del 3 pero tuvo importancia en algunos sectores como la enseñanza pública. Los CDR’s (hoy son ya casi 300 y emprenden un proceso de coordinación), llaman a participar de la huelga con más de 70 cortes de carreteras y trenes. La huelga no es mayoritaria, pero la paralización de Catalunya es completa. Esta vez no hay represión para no volver a dejar las imágenes del 1 de octubre, pero la policía autonómica, ya bajo control directo del Estado, identifica a más de un centenar de activistas. El 11 de noviembre una nueva manifestación enorme vuelva a ocupar las calles de Barcelona, reclamando la libertad de los presos políticos y en defensa de la República.

El Gobierno Rajoy sabe que con una escalada represiva no puede acabar con la resistencia popular, necesita recolocar el movimiento en el marco institucional a través de la reacción democrática. Y no sólo PDECAT, ERC sino también Podemos, Ada Colau y las direcciones de CCOO y UGT aplauden la convocatoria de elecciones. Intentamos desde LI una campaña por el boicot a las elecciones, en defensa de la asamblea nacional constituyente de la república, pero todas las organizaciones entran en las elecciones.

Y ahora las elecciones

La política de Podemos ha sido nefasta. A nivel del Estado sin implicarse en la movilización contra la represión en Catalunya, intentando mantener una posición equidistante entre el rechazo al referéndum y la proclamación de la República y la intervención del estado con el 155. La dirección de Podemos Catalunya ha roto y ha formado un nuevo partido. A las elecciones, Podemos (con nueva dirección y donde sigue Anticapitalistas, la corriente del Secretariado Unificado) se presentará como Catalunya en Común (CeC), en una confluencia con los Comunes de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ICV y EuiA (los dos sectores que vienen del viejo Partido comunista en Catalunya). ICV ha sido el sector más agresivo contra el proceso catalán, levan- tando aplausos entre el PP y C’s.

Las elecciones no son ninguna nueva oportunidad para avanzar en la República, pero de su resultado depende que el Estado pueda empezar a cerrar la crisis, el grado de represión y la intervención de enseñanza y medios de comunicación públicos. Participamos del acuerdo alrededor de la Candidatura de Unidad Popular-Crida Constituent (CUP- CC), de doble ruptura: con el Estado por la defensa de la República y con atalana a las elecciones autonómicas el capitalismo. Este acuerdo debe estar abierto a la ruptura de Podemos Catalunya y a los movimientos. Y ello exige una política independiente del Gobierno autonomista que surja (sea de ERC y PDECAT o eventualmente ERC con CeC), agrupando la resistencia política por un proceso constituyente de la república y comprometiéndose incondicionalmente en la lucha obrera y popular.

Cuanto mayor sea la derrota de las fuerzas unionistas monárquicas (PP, C’s y PSC) y un giro a izquierda (incluido el debilitamiento del PDECAT, partido de la burguesía catalana) estaremos mejor para abordar las tareas necesarias tras el 21 diciembre: 1) continuar la movilización por la libertad de los y las presas, detener la represión y derrotar el 155, apoyándonos en los sectores más sensibilizados (enseñanza y medios de comunicación públicos); 2) impulsar los organismos populares que son fieles a la república del 1 de octubre, en especial los CDRs y dotarlos de una agenda propia; 3) reactivar la movilización en la defensa de las reivindicaciones obreras y populares: puestos de trabajo, salarios y pensiones, escuela y sanidad pública, vivienda... ; 4) coordinación y extensión de la lucha contra la Monarquía, el régimen pactado con el franquismo, a nivel de todo el Estado.