A fines de enero se iniciaron las
movilizaciones en Linsey, lugar
donde la petrolera Total había
suscrito un contrato para la
ampliación de una refinería con la
construcción de una planta de
desulfurización por la empresa
italiana IREM, que contrató a 500
trabajadores italianos y portugueses,
que iban llegando para
realizar el proyecto. Los mil
trabajadores de la refinería
iniciaron la huelga, con
movilizaciones de protesta por la
no contratación de mano de obra
de la zona.

El debate inicial se centró en una
directiva de la UE de 1996 –incorporada
a la legislación británica en 1999-
que permite aplicar a un grupo de trabajadores
comunitarios,
subcontratados por una empresa de
servicios y desplazados a otro país para
desarrollar una tarea específica, las
condiciones laborales del país de origen
(ver recuadro anexo), siempre que
se cubran los mínimos exigidos en el
país al que se acude, es decir que superen
el salario mínimo interprofesional,
aunque queden muy por debajo de los
convenios locales. Sin embargo, en lugar
de buscar la unidad de todos los
trabajadores –británicos,
portugueses e
italianos- para la aplicación
del convenio
laboral, la demanda
central giró alrededor
de la exigencia de
«Empleo británico
para trabajadores británicos
», reproduciendo
las palabras
popularizadas por el
actual primer ministro
laborista Gordon
Brown en la campaña
electoral de junio
del 2007. Así lo explicaba
un comunicado
de la GMB que representa
a unos 600.000
trabajadores: «Tal y
como se interpreta la
ley ahora, es posible
que compañías extranjeras
rechacen
emplear a nacionales
británicos en proyectos
ejecutados en el
Reino Unido».

A los pocos días la protesta y la huelga
se extendió a más de 20 localidades en
centros del sector energético: en las centrales
nucleares de Sellafields y Heysham
(Inglaterra), en las refinerías de Lindsay, de
Grangemouth (Escocia) y en las centrales
eléctricas de Longannet, Warrington,
Staythorpe y Langage (Inglaterra). Tras varias
semanas de movilizaciones, el 5 de
febrero se votó poner fin a la huelga tras el
compromiso de Total de crear otros 102
puestos de trabajo «para británicos».

La patronal y el Gobierno se han mostrado
formalmente contrariados por la huelga
por su posible sentido xenófobo, pero
que no sean cínicos: la demanda que genera
la xenofobia fue un compromiso electoral
de Gordon Brown. El Gobierno y el
partido laborista es quien impulsó la xenofobia,
bajo un discurso «nacionalista» que
pudiera haber salido perfectamente de Le
Pen y su Frente Nacional. Son el Gobierno
y la patronal los que deciden recortes de
plantillas y aumentan el paro para desesperación
de amplios sectores obreros. Son
el Gobierno y la patronal los que recurren a
la segregación y al racismo, incitando a la
división y el choque entre trabajadores, sea
por el trabajo o por los subsidios.

Esta ha sido siempre la política de la burguesía,
el problema es cuando cuaja entre
los trabajadores por la política de las direcciones
sindicales. Los mismos sindicatos
que no plantan cara a los planes patronales
y del Gobierno que generan la precariedad
y el desempleo, vienen a culpar de
la falta de trabajo a otros trabajadores que
están en posición más débil. Mientras los
trabajadores discuten quién tiene más derecho
al trabajo, los patrones se frotan las
manos y aplican sus medidas de ajuste.

Ese veneno de la división en la clase obrera
es el que permite germinar al fascismo.
La división de la clase obrera que hoy se
produce por el origen, se da también entre
precarios y fijos, por la edad ante los expedientes
de regulación, entre trabajadores
de distintos países de una multinacional por
quién se queda con la producción y quién
cierra y, no hace tanto, se produjo por la
llegada al mercado laboral de las mujeres.
Los pretextos para la división pueden ser
muchos y la burguesía siempre los agita
porque con ella gana. La lucha de la clase
obrera debe unirnos si de verdad queremos
enfrentar la crisis y sus terribles consecuencias
para los trabajadores. O nos
salvamos todos o nadie se va a salvar.