A finales de junio, el gobierno de Papandreu -
del socialdemócrata Pasok y presidente de la
Internacional Socialista- aprobaba el segundo
plan de austeridad impuesto por la Unión
Europea y el Fondo Monetario Internacional a
cambio de un crédito de urgencia para evitar la
bancarrota del país. El crédito formaba parte del
plan de «rescate» acordado por las dos instituciones
el año pasado y constataba que, en
lugar de ser una ayuda para salir de la crisis, el
país se encuentra cada día más endeudado y
con menos recursos para salir adelante.

La receta de este «rescate» (la misma que se impone
en Portugal e Irlanda y que Zapatero aplica preventivamente
en el Estado español) supone un nuevo
ataque a los derechos de los trabajadores/as en
tres aspectos:

1) Aumento de los impuestos a las
clases populares. El nivel de renta exento de impuestos
se rebaja de 12.000 a 8.000 euros anuales.
Se aumenta el IVA a los productos de consumo y a
los bares y restaurantes, que pasan de pagar un 13%
a un 23%. Las tasas sobre la gasolina, el tabaco y el
alcohol crecen un tercio de media. Todo esto sin tomar
ninguna medida ante la enorme evasión fiscal de
las rentas más altas (ver recuadro).

2) Recorte del
gasto. Reducción de sueldo del 30% a todos los trabajadores
de empresas públicas. Supresión de todos
los contratos temporales en el sector público. Sólo
uno de cada diez funcionarios que se jubile será sustituido.
Se tendrá que cotizar 40 años para tener la
pensión cumplida, a los 65. El gasto sanitario se reduce
en 2.110 millones de euros. El recorte en educación
supondrá el cierre o la fusión de 1.976 escuelas.

3) Privatizaciones y venta de patrimonio. El
Gobierno espera recaudar 50.000 millones de euros
privatizando las principales empresas públicas, como
la lotería, el Hellenic Postbanc, los operadores de los
puertos del Pireo y Salónica y las dos compañías de
aguas. Y para en el año próximo está prevista la venta
de Helenic Petroleum, la compañía eléctrica PPC,
aeropuertos, minas y tierras propiedad del Estado.
Estas medidas llegan después de que se hayan
constatado las consecuencias del primer plan de rescate, aprobado el año pasado: el
paro ha pasado del 7 al 20% (40%
de paro juvenil); el número de personas
sin hogar se ha duplicado, los
funcionarios han sufrido un recorte
salarial del 20% y las pensiones han
bajado un 10%. El nivel de vida ha
caído muy por debajo de los años
80, cuando Grecia entró a la UE.
Con este panorama, los jóvenes
más preparados ya han empezado
el camino de la emigración.

Los efectos sociales de la profundización
de la crisis se pueden ver,
por ejemplo, a las clínicas que hace
diez años pusieron en marcha algunas
ONG para atender a los
inmigrantes sin papeles en el centro
de Atenas y que hoy se encuentran
con una oleada de griegos
«autóctonos» que llegan porque no
pueden pagar los 5 euros que desde
hace un año se exigen sólo para
cruzar la puerta de los hospitales
públicos. El director de una de estas
clínicas, de Médicos del Mundo
(MdM), reconocía que su organización
«ha tenido que traer a Atenas
equipos holandeses y belgas que
antes trabajaban en Ruanda».
Esta situación ha sido un marco
inmejorable para el crecimiento de
la extrema derecha y la xenofobia,
con varios episodios de razias contra
los inmigrantes, promovidos por
grupos neo-nazis, que han llegado
a formar sus milicias armadas, para
ir a la caza de todo aquel que no
tenga la piel blanca.

Incluso los economistas burgueses
asumen que esta receta no
servirá para sacar a Grecia de la
crisis, sino que aún se profundizará
más, porque aumentará el paro y
se reducirá la capacidad de compra,
mientras el estado quedará
endeudado por varias generaciones.
La deuda griega es de 486.000 millones
de euros (el 165% del PIB).

Con estas medidas de austeridad
«se ahorrarán», como máximo,
50.000 millones, justamente lo que
permitirá seguir pagando los intereses,
mientras el volumen de la deuda
seguirá creciendo. Más que de
rescatar a Grecia, se trata, pues,
de rescatar a los bancos alemanes
y franceses que tienen la mayor
parte de la deuda griega, mientras
el país sigue hundiéndose aceleradamente
en la crisis. Sólo dos semanas
después de la aprobación del
segundo plan de austeridad, la
agencia de rating Standard and
Poor’s volvió a rebajar la calificación
de la deuda griega a nivel de bono
basura. Todo el mundo asume que
la deuda es impagable, pero mientras
siga dando los escandalosos
niveles de intereses que proporciona,
continuará siendo un gran negocio
para los bancos, que exigen
el aval del estado y de la UE para
asegurarse que cobrarán. En este
sentido van tanto las propuestas de
Merkel como las del presidente francés,
Sarkozy, que han pedido más
«implicación» de los bancos privados
en el «rescate» de Grecia... a
cambio de garantizarles, con diferentes
mecanismos, que cuando la
pelota sea demasiado grande, serán
los estados quienes respondan.

Las resistencias

Los trabajadores y trabajadoras
griegos respondieron a los planes
de austeridad con ocho huelgas
generales en 2010 y cuatro en
2011, convocadas por la Confederación
de Trabajadores de Grecia
(GEES) y Adedy, el sindicato de la
función pública. En junio enfrentaron
el segundo plan con la primera
huelga de 48 horas que vive el país
desde el fin de la dictadura de los
Coroneles. A pesar de que la convocatoria
no rompía con la lógica
de la burocracia sindical de huelgas
aisladas sin un plan de lucha,
el seguimiento fue masivo, pese al
clima de terror impuesto por la prensa,
el gobierno y la UE, asegurando
que si no se aprobaba el plan
Grecia se hundiría a la miseria. Atenas
quedó paralizada, así como los
principales puertos del país, y los
cortes de luz eran constantes por
la protesta de los trabajadores de
las eléctricas contra la privatización.
Sólo funcionaba una línea de metro,
para facilitar a la gente la llegada
a las manifestaciones en la plaza
Syntagma.

La movilización de los trabajadores
y trabajadoras se vio reforzada
a partir del 15 de junio por el movimiento
de la asamblea de la plaza
Syntagma, formado básicamente
por jóvenes, que reproducía el modelo
de los Indignados del Estado
español, pero con características
propias. La más importante es que
buscaba confluir con la lucha sindical,
basándose en sus elementos
más dinámicos. Por eso la plaza llamaba
a apoyar las convocatorias
sindicales y viceversa. Además, entre
los indignados griegos la participación
de sindicatos y partidos de
izquierda era aceptada y reconocida.

«En la primera asamblea se planteó
la discusión de qué hacer con
los partidos y organizaciones que se
acercaran a la plaza y la decisión
fue que todas las organizaciones de
izquierda tenían que poder participar,
porque quien prohibía la libre
organización política era el fascismo», comentaba un compañero de
la plaza que había participado en las
asambleas desde el primer día.
El movimiento de Syntagma y el
sindical confluyeron el 15 de junio en
una manifestación masiva (las fuentes
varían entre 200.000 y 300.000
personas), contra la moción de confianza
a la que se sometió Papandreu
en el Parlamento. El primer ministro
intentó un gobierno de concentración
nacional con la derecha de Nueva
Democracia, pero estos se negaron
y todo quedó con una remodelación
para mantener la cohesión interna del
Pasok, después de que algunos diputados
hubieran amenazado de
votar contra el plan de austeridad.

Finalmente Papandreu pudo evitar
fisuras en el Pasok y respondió a la huelga general de 48 horas contra el segundo plan
de austeridad con una represión feroz, que provocó al
menos 700 heridos en una plaza de Syntagma atestada,
donde los antidisturbios lanzaron miles de botes de
gases lacrimógenos. Los trabajadores del metro ayudaron
al personal sanitario, al que la policía impedía el
paso, a montar una clínica de campaña en la estación
de la plaza. Pero por la noche, Syntagma volvía a estar
llena de gente y los sindicatos de médicos y de
fotógrafos denunciaban la represión. Cruz Roja y Amnistía
Internacional criticaron el abuso de la fuerza. Un
diario de tirada nacional titulaba a toda plana «Terrorismo
de Estado». Las declaraciones de los sindicatos y
de la asamblea de la plaza decían aquella misma noche
que la lucha continuaría contra la aplicación del
plan de austeridad.

Al día siguiente una gran pancarta delante del parlamento
mostraba la fotografía de Papandreu dentro de
una medalla que le acreditaba como «empleado del
año» del FMI. Todo un símbolo de que los jóvenes y
trabajadores/as griegos no luchan sólo contra su gobierno,
sino también contra el FMI y la UE. Hasta ahora
han luchado sólos, con una Confederación Europea
de Sindicatos (CES), que en la última asamblea general,
celebrada precisamente en Atenas, se limitaba a
pedir que se ampliaran los plazos para el pago de la
deuda griega. La posibilidad, hoy, de que la resistencia
se extienda a Portugal y al Estado español abre una
nueva perspectiva para romper este aislamiento.

Las alternativas

Los debates en el movimiento de jóvenes y trabajadores/
as griegos ponen en el centro tres aspectos claves
en la construcción de una alternativa obrera para
salir de la crisis y el chantaje de los planes de austeridad.
La primera es muy inmediata: el no pago o la
anulación de la deuda. «No se debe nada, no se vende
nada, no se paga nada», se grita en las manifestaciones.
Esta consigna ha abierto múltiples debates:
desde la separación de la deuda «real» de la «onerosa», hasta una campaña para forzar una auditoría pública
de la deuda que determine qué parte hay que
pagar o si directamente no se paga nada, teniendo en
cuenta que el dinero que se pidió ya se ha devuelto
tres veces y el país está cada día más endeudado.

El segundo gran debate es en torno a qué hacer
con los bancos y la necesidad de nacionalizarlos para
poner los recursos del país al servicio de las necesidades
de la gente y la salida de la crisis, porque si el dinero
es un recurso fundamental no puede seguir en manos
de quienes trabajan sólo para sus propios intereses. Las
alternativas de una banca ética o de una banca pública
al lado de una privada se quedarían claramente cortas
para abordar una situación como la de Grecia.

La tercera discusión se deriva de las dos primeras y
tiene que ver con el marco internacional. Dejar de
pagar la deuda y nacionalizar los bancos sería sinónimo
de la ruptura con el euro y la Unión Europea. Pero,
en cualquier caso, en la medida que las recetas que
se aplican desde Berlín y Bruselas son un ataque frontal
contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
hay que avanzar en la coordinación internacional
de las luchas, en la perspectiva de una huelga general
europea para enfrentarlas.

El origen de la deuda griega

La canciller alemana Àngela Merkel y la burocracia de Bruselas
no se han cansado de repetir que Grecia se encuentra en
una situación de bancarrota por la baja productividad de sus
trabajadores y por haber mantenido un sector público demasiado
grande para las posibilidades económicas del país. Si analizamos,
sin embargo, los capítulos del gasto y los ingresos públicos,
veremos que el origen de la deuda griega es muy distinto:

–Intereses: Atenas dedica el 29% de sus ingresos anuales
(55.600 millones de euros) sólo a pagar los intereses de la deuda,
fundamentalmente a bancos alemanes y franceses. El estado
griego está pagando muy caro el sistema de funcionamiento
del Banco Central Europeo (BCE), que según sus estatutos no
puede prestar dinero directamente a los estados, sino que sólo
puede financiar a bancos privados. Esto es un negocio redondo
para la gran banca, que obtiene créditos a un tipo de interés
bajo (hasta ahora el 1,5%) y compra deuda pública a un interés
mucho más rentable, que en el caso de Grecia ha llegado al
16,5%.

– Compra de armamento. Entre el 2005 y el 2009, Grecia
fue el cuarto importador mundial de armas. Sus principales «clientes
» eran fabricantes alemanes, franceses, y norteamericanos,
y en muchos casos las compras se hacían con préstamos obtenidos
de bancos de estos países. Una investigación conjunta de
jueces alemanes y griegos ha demostrado la práctica de sobornos
a destacados políticos, funcionarios y militares griegos.

 Inversiones sospechosas. Grecia compró al fabricante
alemán Siemens una partida de trenes eléctricos que nunca
han podido circular por el país porque no dispone de la infraestructura
adecuada. La operación también fue financiada por
bancos alemanes. Las olimpiadas de 2004 dieron lugar a costosas
infraestructuras que ahora están totalmente abandonadas.
– Rescates bancarios. Sólo en 2008 y en 2010 (no hemos
podido encontrar la cifra de 2009), el estado griego se gastó
43.0000 millones de euros en rescates a varios bancos del país.

– Los más ricos no pagan impuestos. En el capítulo de
los ingresos del estado, la política fiscal del país exonera las principales
fortunas del pago de impuestos. En el 2010 sólo 15.000
griegos declararon ingresos superiores a 100.000 euros anuales.
Las empresas tienen impuestos bajísimos y la evasión fiscal
es enorme: según el sindicato PAME las 6.000 empresas más
importantes evadieron el año pasado 15.000 millones de euros.

Además, los armadores griegos, que tienen la principal flota del
mundo (mueve el 16% del tonelaje del planeta) no pagan impuestos
porque matriculan los barcos en Chipre, una práctica
legal, porque la constitución los considera «una actividad económica
sin fronteras». La iglesia, principal terrateniente del país,
tampoco pagaba impuestos, hasta que Papandreu reclamó una
pequeña tasa, a la que se oponen, cuando es el estado quién
paga al clero.

En cuanto a los trabajadores griegos, a quienes Merkel acusa
de gandules, hay que tener en cuenta que la jornada media es
de 2.161 horas anuales (2009) frente a las 1.382 de Alemania,
mientras la productividad laboral por hora ha aumentado en los
últimos años un 26,3%, ante el 11,6 en Alemania.