El gobierno de CiU en el Ayuntamiento
de Barcelona ha puesto
en marcha la maquinaria de
privatización de las guarderías
municipales. Con el pretexto de
la crisis, el alcalde Trias ataca un
servicio público que es referente
en calidad educativa: precariza las
escuelas de gestión pública y, a
la vez, abre la puerta al negocio
de las empresas privadas. Y este
es sólo el primer paso, porque no
esconde que su objetivo es concertar
plazas de «guarderías» privadas.
Educadoras y familias estamos
en pie de guerra.
Las guarderías públicas cumplen
una función social y educativa básica.
Son un espacio de socialización
en un momento clave de la formación
de la persona, un recurso para
la detección precoz de problemas
de desarrollo, un servicio educativo
que acompaña y asesora a las familias
en los primeros años de vida
del niño. Y en uno de los países de
la UE con menos ayudas laborales
a la madre trabajadora, un servicio
imprescindible para la mayoría de familias.
El resultado es que las 92 escuelas
municipales de la ciudad apenas
llegan a atender el 40% de la
demanda de la ciudad (probablemente
menos, porque es tan difícil
conseguir plaza que muchas familias
ni lo intentan).
Trias ataca el modelo actual de
escuela maternal pública aumentando
las ratios (un niño más en el
grupo de lactantes, otros tres en el
de caminantes y dos más en el de
2-3 años) y restando personal para
atender a los pequeños. Primero
plantearon un recorte del 40% del
personal de apoyo del mediodía,
que trabaja en el rato del almuerzo
y la siesta, pero las movilizaciones
forzaron que la reducción se rebajase
a media hora diaria menos. El
descenso en la calidad es evidente,
y además se prepara un incremento
de cuotas para las familias.
El proyecto de fondo de CiU, sin
embargo, va mucho más allá y supone
la privatización del servicio.
El 4 de abril salieron a concurso
público las tres escuelas de nueva
construcción, que el gobierno municipal
quiere «externalizar», el eufemismo
que está de moda para
no hablar de privatización. Del pliego
de condiciones se deduce que
la privatización no supone un ahorro:
las guarderías que se dan a empresas
privadas tienen una subvención
municipal, de entre 40.000 y
80.000 euros, que garantiza un
margen de beneficio del 10% a las
empresas concesionarias. También
queda patente el nulo interés del
equipo de gobierno en los aspectos
pedagógicos: las escuelas «de gestión
externa» estarán abiertas de
ocho de la mañana a siete de la tarde,
un auténtico «parking infantil», y
tendrán el calendario escolar más
largo que los colegios de primaria y
secundaria... con el consiguiente
aumento de precio para las familias.
Tampoco se prevén horas de
coordinación pedagógica, y las
maestras de estas escuelas tendrán
sólo tres días laborables no lectivos
en el mes de septiembre para preparar
el curso. Su personal tendrá
que trabajar más horas y necesariamente
tendrá un salario mucho
más bajo que el
de las funcionarias
(que tampoco
es extraordinario:
las directoras
con más
años de antigüedad
ganan 1.700
euros al mes). En
un servicio donde
el 60% de las
trabajadoras son
interinas, todo
hace pensar que
la externalización
continuará avanzando.
Rechazamos
l a
externalización,
porque –como
ha ocurrido en
muchos municipios del área metropolitana
gobernados por el PSC e
ICV- supone menos calidad, el empeoramiento
de las condiciones
laborales, más costes para las familias
y dinero que va a una empresa
en lugar de a los niños o a
las trabajadoras que los atienden.
Además, en el caso de Barcelona
supone crear una doble red
dentro de la red pública: escuelas
«de primera», y escuelas
externalizadas.
Trias no sólo recorta. Lo que hace
es aprovechar la crisis para imponer
su modelo: desmantelar los servicios
públicos y entregar el negocio
a la privada. Y, como hizo en
la sanidad, como la educación de
la pequeña infancia no puede ser negocio, no tienen pudor en
subvencionarlo. Por ahora lo
hace bajo la cobertura de la
«colaboración» con el tercer
sector, capital que se disfraza
con el «sin ánimo de lucro» y
luego ya anuncia abiertamente
que subvencionará las
guarderías privadas, ya sea con
el famoso «cheque» para las
familias o por la vía de la
concertación de plazas, como
hacen con las residencias de
ancianos. El resultado: menos
calidad y más dinero público que
se embolsa el sector privado.
La partida de 2012 para la escuela
maternal municipal es de
48 millones de euros: un 1,6%
del presupuesto municipal. Muy
por debajo de lo que gastan
otros ayuntamientos. El motivo
no es pues la imposibilidad económica
para mantener o ampliar
el modelo actual, sino las
prioridades políticas... Estamos
ante la voluntad de liquidar lo público
y ponerlo como subsidiario
de lo privado, poniendo la educación
al servicio del negocio.
Familias y educadores/as empezaron
a organizarse y movilizarse
para parar este ataque.
Se han recogido 21.000 firmas,
se han hecho ruedas de prensa
y varias concentraciones y
se ha actuado en los consejos
de distrito en colaboración con
entidades vecinales. La asamblea
de trabajadoras ha votado
la convocatoria de una huelga
y las familias están preparando
un acto de apoyo con la participación
de los más pequeños.
¡Tú Trias1 parking, nosotros
guardería!
¡Defendemos la escuela maternal
pública y de calidad!
¡No al aumento de ratios y
el recorte del apoyo educativo!
¡No a la privatización! La educación
de la pequeña infancia
no es un negocio!
1Trias es el alcalde de Barcelona
de CiU i en catalán, suena
como «tries», que significa «escoges».
