La partida que destinan los
Presupuestos Generales del
Estado al pago de los intereses
de la deuda crece un 5’5%
respecto al año pasado,
asciende ya a 28.848, situándose
como la segunda partida
(tras las pensiones) en importancia
y absorbe ya el 9’3% del
presupuesto, y un 2,71% del
PIB, de la riqueza nacional. El
pago de los intereses de la
deuda ya consume más dinero
que los salarios de los funcionarios
que dependen del
estado, es superior al gasto
por desempleo, mayor también
que los 27.300 millones de
recorte total del gasto.
La deuda pública se disparó con
el inicio de la crisis y los rescates al
sector financiero. Anteriormente, las
cuentas públicas se estaban cerrando
con superávit. Se «rescató»
al sistema financiero con dinero público
sin quitárselo de las manos a
quienes lo habían embarrancado,
poniendo a su disposición una fortuna,
149.000 millones (prácticamente
el 15% del PIB). Y ahora es
la misma banca «rescatada» la que
dicta sus condiciones a los estados
y saca suculentos beneficios a costa
de extender la miseria y el paro.
Como se ha demostrado en Grecia,
los planes de pago de la deuda
no sólo no han reducido el endeudamiento,
sino que éste no ha dejado
de crecer: en el estado español
alcanza ya el 79’8% del PIB (un
11’3% más que en 2011). Lo mismo
ocurrió en América Latina en los
90. Cada año crece el importe de
la deuda, pero también los intereses
que hay que pagar por el dinero
prestado. Los bancos recurren
al manejo fácil de acceder al dinero
público del BCE que tiene establecido
la llamada «barra libre» al 1%
de interés y lo prestan a los Estados
al 6, 7 o hasta el 30% según
las presiones de las agencias de calificación y los ataques especulativos
contra la deuda pública. El dinero
público pasa por la banca privada,
que multiplica el beneficio al
prestarlo a un estado. Pero el BCE,
al servicio de la gran banca, tiene
prohibido prestar directamente a los
estados…
Todo se ha orquestado (incluso
con las modificaciones constitucionales)
para que el robo de dinero
público más grande de la historia
esté bien garantizado y se pueda
hacer a la luz del día. Pero la lógica
de esa política -todo para los bancos,
miseria creciente para los trabajadores
y trabajadoras-, no sólo
es paro y recortes generalizados,
sino que la economía se vaya hundiendo
en una recesión sin fin. Y,
¿quién va a pagar, y cómo, la partida
de la deuda el próximo año si
hay más paro, si los trabajadores y
trabajadoras tienen menos salarios,
si por el camino han cerrado miles
de pequeñas empresas? Pues,
como en Grecia, más imposiciones,
más hambre, más desahucios…
Alguien tiene que parar esa máquina
de destrucción que es la crisis
capitalista. La disyuntiva hoy se
expresa con absoluta claridad: o los
recursos públicos van a pagar la
deuda con la destrucción asociada
o se ponen al servicio de la lucha
contra el paro con un plan de empleo
público, en defensa de los salarios
y pensiones, de los servicios
públicos….
La deuda no es algo irremediable,
sino una cuestión política:
EE.UU no hace mucho dictó que
la deuda contraída por Sadam
Husein, unos 120.000 millones de
dólares, era ilegítima y la anuló directamente.
Obviamente no era
con bancos americanos, y la UE
en ese caso, calló. La deuda que
hoy pesa como un lastre insoportable
para las finanzas públicas no
ha sido para el beneficio de la población
trabajadora y ésta debe
declararla ilegítima y negarse a pagarla.
Hay que reunir todas las fuerzas
políticas y sindicales que se
reclaman de los trabajadores y trabajadoras
y de las clases populares,
para levantar un movimiento
que exija el NO PAGO DE LA
DEUDA. Que el pueblo decida:
REFERÉDUM YA.