En este 2012 el PP atrasó los
presupuestos hasta después
de las elecciones andaluzas,
cosa que de todas maneras no
le llevó al gobierno de la Junta
de Andalucía. Desde entonces
le explotaron Bankia y Caixa
Galicia al PP y Caixa Catalunya
al PSC-PSOE, como exponentes
de la quiebra generalizada
del sistema de cajas y bancos
españoles resultado de su
participación en el inflado de la
burbuja inmobiliaria.

Esto habría podido arrastrar la
quiebra de una parte de los bancos
alemanes y franceses por financiar
las burbujas inmobiliarias de medio
mundo, la española entre ellas. Para
evitar la quiebra de los sistemas financieros,
tanto en EEUU como en
la UE se está produciendo desde el
inicio de la crisis en 2007 una inmensa
socialización de las pérdidas
de los bancos y grandes empresas.
EEUU lo puede hacer a nivel mundial
pues mundial es el uso del dólar.
La UE, desde el Tratado de
Maastrich tiene un Banco Central
que en principio no presta a los estados
sino a los bancos, que a su
vez prestan a los estados, con una
diferencia de intereses (beneficio)
que en el caso del estado español
es superior al 5%. Este mecanismo
implica un traspaso de fondos de
dinero público a la banca privada.
Los otros traspasos son los fondos
europeos (dinero de los impuestos
de los trabajadores) que pagan a los
acreedores privados de deuda pública
de determinados países, y otro
más son los fondos estatales (dinero
de los impuestos de los trabajadores)
que asumen como públicas
deudas privadas de bancos y grandes
empresas.

Para intentar encubrir estas deudas
privadas que se asumen como
públicas (bajo la ficción de unos préstamos
públicos a la banca que se
sabe que no se van a cobrar o la
nacionalización de deudas y entidades
en bancarrota), durante meses,
después del consejo de ministros,
el gobierno de Rajoy va desgranando
nuevos recortes cada viernes.
Todo ello gracias al cambio de la
Constitución que pactaron PSOE y
PP con Zapatero, para priorizar el
pago de la deuda pública por delante
de los gastos sociales.

Los presupuestos han ido ganando
peso propagandístico y apartándose
de su rol de previsión y planificación
«democrática», como mínimo
desde Solbes. En esa concepción,
las predicciones «optimistas
» sirven para no admitir la realidad,
para, al cabo de unos meses,
verse sorprendidos «por la gravedad
de la crisis» y acometer nuevos
recortes sociales, que de momento
no se anuncian ante las próximas
elecciones gallegas, vascas,
norteamericanas y catalanas. No es
fiable la previsión de decrecimiento
del PIB que el gobierno dice que será
del 0,5% y el FMI entre el doble y el
triple. Pero es que a la previsión de
caída del PIB del gobierno le correspondería
un aumento del paro del
2%, diez veces más de lo que admiten
(0,2%). Si el FMI se acerca
más a la realidad, el paro puede
aumentar 20 ó 30 veces lo que prevé
el gobierno (y baja la partida de
prestación por desempleo un 6,3%).
En cuanto a los ingresos, la previsión
de liquidación de 2012 va a quedar 10.000 millones por debajo de lo previsto y en los presupuestos
de 2013 todavía van más lejos en la irrealidad. La inversión
habrá bajado un 10% a finales de 2012 y se presupuesta un
descenso de sólo el 2,1 para 2013. Las exportaciones han crecido
un 1,6% a finales de 2012 y presupuestan un aumento del 6%
para 2013.

Con datos de Vicenç Navarro, los ingresos del sector público del
promedio de la UE15 son del 44% del PIB, y los del estado español
son del 31% del PIB. O sea, los ingresos del sector público
deberían incrementarse un 42% respecto de su nivel actual para
estar acordes con nuestro PIB en el promedio de la UE15. Estamos
hablando de 150.000 millones al año en todo el sector público.
Y esta falta de ingresos viene de la falta de pago de impuestos
– legal e ilegal – de las grandes rentas y empresas. «Como resultado
de la reforma tributaria de 2006… los impuestos sobre el capital
descendieron un 39% y los de las rentas superiores un 11%.»

Como explica CGT (ver enlaces) «Hemos padecido 43 leyes o
reformas… el Gobierno ha anunciado (por mandato europeo), entre
otras, la reforma de las pensiones y plantea otras de corte
ideológico como la reforma del sistema educativo, la reforma de la
ley del aborto o la reforma del código penal. Todo este paquete de
reformas provoca un claro retroceso para el conjunto de la población,
perfila un mayor sufrimiento para las capas más desprotegidas
del pueblo, configura y profundiza en un modelo social, económico
y político neoliberal, conservador y ultramontano».

No nos engañemos, como ya se vio en países latinoamericanos,
africanos y asiáticos con los planes de ajuste, el resultado de
lo que ahora llaman «austeridad» es la pobreza generalizada, el
cierre de empresas y servicios públicos y el paro masivo y crónico.
Primero viene la corrupción burguesa robando de los presupuestos
públicos. Después las aventuras bancarias privadas (en la burbuja
inmobiliaria), cuyas facturas se endosan también a los presupuestos
públicos. Con la quiebra de las administraciones y de las
empresas privadas vienen las privatizaciones y compras a precio
de saldo. En el estado español se ha iniciado el crecimiento explosivo
de la deuda pública y de su coste (se incrementa en casi
10.000 millones), que se come lo obtenido con los recortes (7.700
millones) y gran parte de las subidas de impuestos (5.600 millones).
Para atrasar las quiebras privadas de grandes empresas y
bancos (que se van a producir igualmente) se vacía y se hacen
quebrar las administraciones, con lo cual se debilitan aceleradamente
las condiciones de vida de los trabajadores y se debilitan
políticamente. Las burguesías dominantes, como respuesta histórica
a la crisis de sobreproducción (por sucesivas reducciones salariales,
los trabajadores no tienen los medios para pagar por la
satisfacción de sus necesidades), provocan el cierre de capacidad
productiva y de servicios privados y públicos y los adquieren a
precio de saldo, en el intento de anular la competencia, bajar costes
laborales e incrementar la tasa de beneficio.

No a los recortes. No a las privatizaciones. No al Pago de la deuda.
No más dinero a los bancos. Nacionalización de la banca. Ruptura
con la Unión Europea, la Europa de la banca. Por un plan de
urgencia que genere puestos de trabajo públicos y dignos. En defensa
de salarios y pensiones. Defendamos los servicios públicos.

Nota.- Aquí hay unos enlaces http://is.gd/qUTGKt , citarlos no
implica avalar la línea política del autor o de la web.

Algunas cifras de los Presupuestos

El pago del servicio de la deuda pública
(intereses) llega a 38.590 millones,
un incremento del 33% (10.000
millones), que supera los gastos de
personal de todas las administraciones
públicas y se come los recortes.
Las ayudas continuas a la banca en
quiebra permiten aumentar la deuda
pública, lo que da la argumentación
para desmantelar, cerrar, privatizar y
recortar servicios, lo que a su vez
deprime la economía, rebaja los ingresos
públicos y vuelve a empezar
otro ciclo.

Nueva reducción de poder adquisitivo
de las pensiones pues con un IPC
del 3,5% se suben un 1%. Es el tercer
año que se incumple la ley de
actualizarlas según IPC. Además se
han quitado medicamentos de la financiación
por la seguridad social y
se han instituido tasas por parte del
estado y comunidades autónomas
como la catalana (1 euro por receta).
Se ha excluido una parte de los
inmigrantes de la sanidad pública.
La partida de las prestaciones por
desempleo disminuye un 6,3% en
medio de un desempleo creciente. Se
acaba con la ayuda de los 400 euros
para parados de larga duración. Esa
medida ayudará a la desaparición de
las estadísticas de los parados de larga
duración. Congelación salarial en
las administraciones públicas: después
de 2 reducciones salariales, despidos
y privatizaciones.

Se rebaja a los ayuntamientos el
41% de la financiación estatal de los
servicios sociales en un momento de
crecimiento explosivo de la pobreza
(en este momento estos fondos benefician
mínimamente a 8 millones de
pobres en el estado español). Se rebajan
200 millones en la aplicación de
la Ley de la Dependencia.
Se traslada a las comunidades autónomas
– que concentran el gasto
en sanidad y enseñanza - una parte
desproporcionada del ajuste pues se
les impone un tope de déficit que va
a multiplicar los recortes y los despidos.