La “épica” del 7D terminó en una derrota total para el gobierno. Antes, el kirchnerismo demostró que la famosa desinversión no es otra cosa que dividirse los medios entre estaferros. Cristina no abandona su intento de construir “su” propio monopolio y silenciar a las voces opositoras.

Llegó (y pasó) el día que el gobierno
de Cristina Fernández agitó
durante meses como el de su gran
triunfo sobre el grupo Clarín. Semana
tras semana, en sus discursos, en
la pauta publicitaria oficial, en menciones
repetidas hasta el hartazgo en
Fútbol para Todos, el kirchnerismo
“anunciaba” que “ese día” todos los
grupos de medios deberían “desinvertir”
(léase desprenderse de las
licencias de radio, televisión y cable)
que excedían lo máximo permitido
por la ley. Y que ahí comenzaría la
verdadera “pluralidad de voces”. El
gobierno no escondía que su objetivo
central era derrotar al grupo
Clarín, ya que insistía en que todos
los demás multimedios estaban “de
acuerdo a la ley” o “presentando
planes para adaptarse a ella antes
del 7D”.

Las vergonzosas conferencias de
prensa de Sabbatella

Martín Sabbatella, el diputado
centroizquierdista de Nuevo Encuentro,
fue nombrado hace un par
de meses para encabezar el AFSCA
(máximo organismo ejecutor de la
Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual). Cuando se acercaba
la fecha y ya estaba lanzada la feroz
pelea judicial entre el gobierno y
Clarín, decidió “apretar el acelerador”
mostrando que todos los
grupos económicos (salvo Clarín)
presentaban planes para achicarse y
adaptarse a la ley.

Sus afirmaciones fueron escandalosas
y develaron el verdadero
alcance de una ley que se la vendió
en su momento como la panacea de
lo antimonopólico. Sabbatella defendió
que la multinacional Telefónica
de España pudiera seguir siendo la
propietaria de Telefé y otros nueve
canales del interior del país, con el
increíble argumento de que no estaba
probado que tuviera relaciones con
Telefónica de Argentina (quienes
explotan el negocio telefónico en nuestro país tienen prohibido tener
medios de comunicación, según la
propia reglamentación de la privatización).

Cuando se le señaló
que, además de eso, Telefónica de
España tampoco podría ser dueña
de esos canales porque la ley de
medios prohíbe a extranjeros ser
accionista mayoritario de una radio
o TV, respondió aduciendo a una
excepción sancionada en una ley…
de Duhalde. Todo un escándalo.
Cuando se le preguntó qué iba a
pasar con DirectTV, otra empresa
100% de capital extranjero, en este
caso norteamericana, afirmó que
también estaba habilitada por el
tratado de Reciprocidad de Inversiones
Extranjeras que firmó en su
momento Menem con Bush. Otro
escándalo.

Días después, Sabbatella dio a
conocer los términos en que cada
uno de los grupos de medios -con
la excepción de Clarín- procedían a
desinvertir: el Grupo Vila-Manzano
dividía los negocios de América
TV, Supercanal y sus radios entre
los parientes de las dos familias; lo
mismo hacían Spolsky-Garfunkel,
Cristóbal López, el Grupo Ick y el
resto. Se le volvió a preguntar al
(ya impresentable) Sabbatella -los
periodistas empezaron a llamarlo
“Sanatella”- si eso no violaba el espíritu
de ésta o cualquier legislación
antimonopólica. No se le cayó la
cara de vergüenza al afirmar que la
interpretación del AFSCA era que la
ley “permitía” repartirse todo entre
parientes. La desiversión monopólica
se transformó entonces en el
festival de los testaferros.

¿Y ahora?

Desde Izquierda Socialista fuimos
claros desde el principio: nunca
creímos que fuera a haber ninguna
“ampliación de la pluralidad de
voces”: el gobierno sólo buscaba (y
sigue buscando) acallar a todas las
voces opositoras y construir su propio
monopolio mediático, sumando
medios públicos y privados adictos.
Para eso, y en el marco de su pelea
con Clarín, el kirchnerismo estaba
dispuesto a cualquier desprolijidad y
a asociarse en los negocios con multinacionales
(Telefónica, DirectTV),
empresarios corruptos de la era
menemista (Vila-Manzano, Pierri),
lavadores de dinero (Moneta) o quien
le fuera necesario (sus “empresarios
amigos” Spolsky o Cristóbal López).

La guerra judicial en que se metió
el gobierno terminó en un fallo en su
contra (ver nota en esta página). Eso
hizo fracasar el 7D, en el marco de la
inmensa crisis política con que el kirchnerismo
termina el 2012 (ver Panorama
Politico). Pero la discusión -aún
la jurídica- acerca de la aplicación de
la Ley de Medios sigue abierta. Y la
presidenta seguirá intentando acallar
todas las voces opositoras.
Los socialistas revolucionarios
denunciamos este o cualquier otro
intento de atacar la libertad de expresión.

Por eso nos pronunciamos
en contra del cierre de cualquier
medio opositor. No importa contra
quién se ejerza en primera instancia
(conocemos el carácter patronal y
antiobrero del Grupo Clarín), sabemos
que, más temprano que tarde,
las voces que se silencian son las de
los trabajadores y sus luchas. Por eso
afirmamos que ni esta Ley de Medios
ni la legislación anterior es la nuestra.

Estamos por una nueva ley que contemple
espacios gratuitos para que se
expresen todas las fuerzas políticas
 y en particular la izquierda, hoy casi
silenciada-, así como las distintas
organizaciones obreras, populares,
estudiantiles, de derechos humanos
y entidades vecinales y culturales sin
fines de lucro, en todos los medios
gráficos y audiovisuales (de aire,
cable o cualquier nueva tecnología
que aparezca en el futuro), teniendo
el Estado que garantizar el real
acceso al papel, recursos técnicos,
frecuencias y bandas horarias. Hay
que terminar con el monopolio del
servicio de cable, estatizando todas
las redes y permitiendo a todos los
trabajadores y al pueblo el acceso
a un Triple Play (cable, teléfono e
Internet) a precios populares.

Además, hay que garantizar que
el trabajador de prensa pueda ejercer
su profesión con libertad y sin
presiones, reincorporando a todos
aquellos periodistas cesanteados por
las distintas patronales (tanto de medios
oficiales como privados) desde
la dictadura hasta hoy, prohibiendo
los despidos ante cualquier “adecuación”
a una nueva ley de medios.

Y que las gerencias o jefaturas de
noticias sean elegidas por el voto
democrático de los trabajadores de
cada medio, estatal o privado, único
modo de combatir la censura previa,
mejorar la calidad periodística y el
pluralismo informativo. Sólo así la
libertad de expresión y la “pluralidad
de voces” empezarán a convertirse
en una realidad.