En el 2012 ha habido finalmente la aceptación
por parte del gobierno del estado español
de que hay una crisis bancaria. Las
cajas se han convertido en bancos o han
sido comidas por bancos. Los desahucios
se cuentan por centenares de miles anuales,
los despidos por miles. Las «ayudas»
públicas a la banca suman 216.000 millones
(La Vanguardia, en enlaces), casi el 22%
del PIB. El «banco malo» ha empezado a
emitir bonos avalados por el estado por
los primeros 36.000 millones en solares y
pisos invendibles de los bancos, y es sólo
el principio. La banca española debe al
Banco Central Europeo 340.000 millones.
La estafa de las preferentes y deuda subordinada
alcanza a entre 0,5 y 0,75 millones
de familias. Si sumamos la estafa de la
salida a bolsa de Bankia, superamos el millón
de familias. Añadamos los millones de
familias que todavía pagan hipotecas de
pisos adquiridos con precios de plena burbuja
y que ahora valen el 30% (el 70% menos)
de entonces. Añadamos los miles de
empresas viables cerradas por el cambio
súbito de las condiciones de crédito. Añadamos
los recortes en los servicios públicos,
los despidos, las privatizaciones justificados
por un desequilibrio de las cuentas
públicas cuyo origen es la falta de
tributación -legal e ilegal- de grandes fortunas
y grandes empresas y el descomunal
transvase de dinero público a la banca.

Pero nos engañaríamos si
sólo viéramos en todo esto un
problema de ámbito estatal.
Las dimensiones de la burbuja
inmobiliaria española pudieron
llegar donde llegaron gracias
al euro, a los bajos intereses
del euro y a los bancos
alemanes y franceses que relevaron
a los españoles comprando
las infladas hipotecas
(por esppecular, las cajas alemanas
tienen un agujero de
250.000 millones). Son estos
mismos bancos alemanes y
franceses los que por la vía de
Merkel y Sarkozy ayudaron a
la burguesía española a imponer
el cambio de constitución
del PSOE de Zapatero y el PP
de Rajoy de garantizar los pagos
de la deuda pública. Si
primero socializamos las deudas
privadas de bancos y promotores
y después les damos
prioridad por encima de los
gastos sociales, los recortes
y despidos en el sector público
están servidos. Resultado
de todo ello es la entrada en
coma de la economía, el
hambre, la pobreza, los despidos,
los desahucios, los recortes
salariales, los
recortes de pensiones
(salario diferido) y los
recortes en sanidad,
enseñanza, servicios
sociales, paro... (salario
indirecto), los incrementos
de cargas de
trabajo, de horas no
pagadas.

Alberto Garzón (ver
enlaces) lo resume:
«...si el gobierno no
ayudase con dinero
público a los bancos
españoles en problemas,
éstos tendrían
que ser liquidados y
tendrían enormes pérdidas.
Pero las pérdidas
afectarían a los
inversores más arriesgados
y nunca a los depositantes.
Los ciudadanos podrían recuperar
sus ahorros aunque
el banco no fuese ayudado
por el gobierno. Por lo tanto,
ni los ahorradores del
banco ni el Estado tendrían
que sufrir las consecuencias
de la mala gestión de los
bancos. /.../ Ahora bien, es
cierto que en este caso se
generaría un efecto dominó
que terminaría afectando a
más bancos y a más empresas.
/.../ Pero la pregunta clave
es: si el coste hay que
sufrirlo de todas formas, ¿por
qué tienen que padecer todo
el coste los ciudadanos corrientes
 que nunca se arriesgaron
en las operaciones bancarias,
que apenas ganaron
dinero con ellas, y que además
en general no gozan de suficientes
recursos para soportarlos-
y no padecerlo en absoluto
los inversores privados -que
se arriesgaron, ganaron dinero
con ello, y que además tienen
un colchón económico
mucho mayor?»

Hay que ver el tema en su
contexto europeo y mundial.
En su contexto mundial, el recurso
generalizado al crédito y
a la emisión de moneda imperial
(dólar) y de las otras fue el
recurso capitalista en los 70
para adelante para sortear la
bajada de la tasa de ganancia
que Marx había previsto, y posponer
la crisis de sobreproducción
(mercancías que no se
compran por falta de recursos
de las masas que las necesitan).

La desregulación financiera
y las burbujas especulativas
formaban parte del cuadro. La
eurozona, para fortalecer el sistema
financiero privado, lo situó como intermediario entre la
emisión de moneda (Banco Central
Europeo) y su uso por los estados,
función que en 2009 ofrecía a
los bancos privados europeos unos
beneficios de 350.000 millones
anuales. La pregunta crucial es
¿Quién debe pagar los perjuicios
de las burbujas inmobiliarias y financieras?
Y la respuesta debe ser:
los que se beneficiaron de ella: las
burguesías, los bancos, los promotores,
que privatizaron los beneficios.
No los pensionistas, los enfermos,
los trabajadores y trabajadoras,
los niños. Hay que ver que el dinero de los impuestos de todos
los estados de la UE y el dinero
emitido por el Banco Central Europeo
es dinero público. Los fondos
europeos de dinero público, si la
Unión europea tuviera solución,
deberían servir para garantizar el
pleno empleo con salario digno,
pensiones, prestaciones y servicios
públicos dignos y unificados. Para
ello debería expropiarse a la banca
sin indemnización y tener una banca
pública que orientara el crédito
hacia el empleo y la producción
para cubrir necesidades materiales
y sociales.

Lo que se está haciendo en la
Unión Europea es lo contrario: se
fuerzan cambios en la constituciones
para que los estados paguen
la deuda pública por delante de los
gastos sociales, se fuerza las asunción
de deudas privadas de la burguesía
y la banca como deuda
pública, como consecuencia se
recortan servicios públicos, se sume
en la pobreza a millones de trabajadores,
se fuerza un incremento de
la explotación y la plusvalía. La
Unión Bancaria y la Unión fiscal son
«bonitas» palabras – como lo eran
el proyecto fracasado de Constitución
Europea o el Tratado de Lisboa
para encubrir despidos, pobreza
y recortes para que trabajemos
más por menos. La UE es una
alianza de burguesías contra los trabajadores.
No paguemos la deuda
pública. Salgamos del Euro. Pleno
empleo con salario digno y servicios
sociales justos y dignos.

Nota: detalles no desarrollados
aquí en los enlaces. http://is.gd/
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