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Girona
La campaña contra la multa de 4500 euros por manifestarse contra el fascismo y el racismo termina con victoria
Miquel Blanch, 2 de julio de 2013
La juez ha avanzado que la sentencia estima el recurso presentado
por el Grup antirepressiu de Girona y considera nula la
sanción impuesta por la Consejería de Interior, comandada por
Felip Puig en ese momento.
Después de leer los informes policiales y escuchar al jefe del
dispositivo, la jueza ha considerado que los Mossos no han probado,
en ningún momento, la responsabilidad en la manifestación
de nuestras dos compañeras imputadas.
Desde el Grup antirepressiu valoramos positivamente la estimación
del recurso que representa un duro golpe a la práctica
utilizada desde el Departamento de Interior para reprimir económicamente
militantes de los movimientos sociales multados en
Salt, Sabadell, Vic, entre otros, por manifestarse. Queremos denunciar
que estas multas solo tienen como objetivo disuadir la
participación en manifestaciones. Pero no se saldrán con la suya.
La represión, ni en forma de porras, ni multas, ni amenazas de
cárcel, no nos impedirá movilizarnos ni, por supuesto, manifestarnos
contra el racismo y el fascismo.
Agradecemos su solidaridad a todas las personas, organizaciones
y colectivos que han colaborado y participado con la campaña
contra la multa y además nos gustaría informarles de que las diversas
aportaciones recogidas se destinarán a otras campañas
antirrepresivas de quienes luchan contra la precariedad social.
Comunicado del
Grup Antirepressiu de Girona
Desde Lucha Internacionalista (LI)
hemos participado activamente en la
campaña «Por el derecho a manifestarnos
» que desde 2011 ha encabezado
el Grup Antirepressiu en la lucha
contra el fascismo, el racismo y
la represión. Celebramos que el recurso
presentado anule la sanción
impuesta por la Consejería de Interior
de la Generalitat de 4500 euros
de multa por manifestarse. Esta sentencia
representa una clara victoria
del movimiento antirrepresivo, y en
general de la clase trabajadora, frente
a lo que constituía un escandaloso
atropello a un derecho democrático
fundamental como el derecho a
manifestación y que suponía un peligroso
precedente para el futuro, que
obviamente están tratando de imponernos
día tras día. En una situación
de pérdida de derechos colectivos
básicos, el manifestarse no solo es
un derecho, sino una obligación de
la clase trabajadora, que no puede
verse violentada por actuaciones claramente
intimidatorias de los poderes
gubernamentales. Además queremos
denunciar que los informes
policiales hacen uso de la pertenencia
a las listas de un partido de la
izquierda revolucionaria, como es LI,
como elemento identificador para
condenar, así como el uso de sus ficheros
policiales políticos para perseguir
a militantes, activistas de las
organizaciones y movimientos sociales.
