En su viaje Rajoy declaró a los empresarios japoneses que su reforma laboral ha contribuido a bajar los salarios. Con la siguiente reforma de las pensiones se podrá enorgullecer también de incorporar a algunos pensionistas a la economía sumergida, a otros de hundirlos más profundamente en la miseria, y a los afectados por el copago de medicamentos hospitalarios (pacientes no ingresados con cáncer, esclerosis, hepatitis, artritis reumatoide...) de agravar su enfermedad, lo que acelerará su muerte.

El núcleo del proyecto de ley de reforma de las pensiones es que se deja de garantizar una subida anual de las pensiones del IPC (cosa que incumplió Zapatero y Rajoy y contra lo que el movimiento de jubilados prepara reclamaciones) para garantizar que la subida de las pensiones estará entre el 0,25% y el IPC+0,25%.

La ministra Báñez se basa en eso para decir que «las pensiones subirán siempre». Lo que no dice es que de esa manera pueden perder siempre poder adquisitivo. ¿Cuánto? Diferentes fuentes sitúan la pérdida entre el 6% y el 28% en una década.

Estamos hablando de que si aprueban la ley podrán «casi congelar » las pensiones de manera legal. De manera parecida a cuando Zapatero, en 2011 hizo su reforma, que llevó la edad de jubilación a los 67 años y el período de cómputo pasó de 15 a 25 años (con la consiguiente reducción de la pensión), tanto en aquella como en esta ocasión se justifican los cambios «para asegurar la viabilidad del sistema».

Esta vez se hace depender la subida de las pensiones de factores sobre los que el jubilado no tiene ningún control ni responsabilidad, como son la esperanza de vida, los ingresos de la Seguridad Social, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social, la variación interanual de la pensión media y los gastos de la Seguridad Social. Todo parece importar más que si el jubilado llega a fin de mes.

El engaño principal, del que los economistas Keynesianos (ver enlaces) hacen una buena crítica es que, cuando interesa, las pensiones tienen que autofinanciarse, y cuando el Estado necesita dinero nunca ha habido problema para transferirlo de las pensiones al resto de partidas. En realidad, las pensiones no deben ser más que una partida más de los presupuestos del Estado. Y dichos presupuestos tienen ingresos y gastos. En los ingresos, los que aguantan la recaudación son los impuestos al trabajo y al consumo, los que pagan los trabajadores y trabajadoras. Las grandes empresas, los grandes patrimonios y grandes rentas escapan a los impuestos de manera general mediante mecanismos legales o ilegales. 32 de las 35 grandes empresas que cotizan en la bolsa IBEX35 tienen filiales en paraísos fiscales que les permiten planificar lo que pagan de impuestos. En los gastos aparecen desde los rescates y avales a la banca (entre 0,25 y 0,35 billones de euros), hasta un presupuesto de defensa y de cuerpos represivos que no son más que instrumentos de dominación contra los trabajadores y trabajadoras. Pero el gobierno, los partidos del sistema y los medios de comunicación no paran de repetir que los jubilados cada vez viven más años y que el paro aumenta, con lo que «no podemos mantenerlos».

Según estas versiones, los jubilados también están viviendo por encima de sus posibilidades.

En este punto es obligatorio citar una parte de la reforma de 2011 del artículo 135 de la Constitución, del PSOE y PP: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.» Esta deuda asciende en este momento a 27.000 euros por cada habitante, adulto o niño. Con esta reforma- expres de la constitución, PSOE y PP quisieron dar garantías a los mercados de que antes dejaremos de comer que de pagar la deuda.

Es evidente que la solución a las pensiones no está en los ministerios, sin o en la lucha de clases.

La crisis de sobreproducción en el Estado español, se está agravando. Como en Grecia, y quizás como en Portugal, las medidas de la burguesía para solucionar «su» crisis (la de la caída de la tasa de beneficio) están lanzando millones de familias y personas a la miseria actual o fu tura, lo que reduce la demanda interna y pone a países enteros a disposición del mercado mundial de salarios bajos, mientras crece la deuda y se desmantelan las infraestructuras para la supervivencia: empleos dignos, industria, sanidad, enseñanza. Pero este agravamiento, históricamente ha formado parte de la solución capitalista de la crisis de sobreproducción: destrucción de fuerzas productivas (trabajadores y trabajadoras, ciencia y recursos naturales).

No es posible humanizar el capitalismo si hay que aumentar la tasa de beneficio. La tesis de la burguesía es que las huelgas y movilizaciones y la resistencia a la pérdida de empleo y a los recortes son un obstáculo para la recuperación económica y pueden provocar que los inversores internacionales aumenten el interés al que nos prestan dinero.

Es al revés. Una burguesía corrupta que ahora gobierna directamente y que dice habernos endeudado por 27.000 euros por habitante pretende que antes dejemos de comer que de interrumpir los pagos de esta deuda que es suya.

No al pago de la deuda. Expropiación de la banca e industrias básicas sin indemnización.

Pensiones públicas dignas.

Nota: ver enlaces en: http:// is.gd/tj9lb7 . La cita de una web o autor no implica avalar su línea.