Aprovechando el inicio del verano, el gobierno reemprende el plan de privatización de AENA, aparcado debido en parte a las dificultades que encontró el gobierno anterior para obtener la cantidad y la liquidez que esperaba con la venta del patrimonio y su salida a bolsa.

En un proyecto que contiene diferentes medidas de ‘fomento de la economía’, a finales de Agosto se aprueba el decreto que incluye las líneas maestras de la privatización de AENA, con la entrada de capital privado y la separación de los aeropuertos y la Navegación Aérea.

Mediante concurso público y asignación directa entrará capital privado hasta el 49%, para «mantener la titularidad y el control» por parte del estado. En realidad, nuevamente la socialización de gastos y la privatización de beneficios. Según las cifras presentadas por la ministra Ana Pastor, la empresa habría pasado de registrar unas pérdidas de más de 400 millones de euros, a unos beneficios de 800 millones en el último ejercicio, lo que la sitúa de nuevo en el disparadero de las ofertas de dinero público fresco para el capital financiero.

Por otra parte, el proyecto original del gobierno Zapatero valoraba la empresa en 16.000 millones de euros –cantidad que fue calificada de insuficiente en su momento- y la privatización del PP sitúa el valor global de la red de aeropuertos en unos 9.000 millones. Esta rebaja ha motivado las críticas presentadas por los grupos de izquierda –PSOE incluidoen los parlamentos central y autonómicos.

Recientemente, la diputada Ascensión de las Heras, de IU, denunciaba la privatización de AENA como parte del expolio de lo público por el gobierno del PP. Junto a ello, las formaciones políticas nacionalistas (CiU y, en menor medida PNV), o con marcados intereses locales (Coalición Canaria), también se alinean en la crítica al proyecto del gobierno, intentando garantizar la participación de los sectores burgueses que representan.

El grupo AENA ya ha sido separado de facto en dos empresas, que han cambiado de nombre: la que era AENA Aeropuertos S.A. (AASA) pasa a denominarse AENA, y se segrega del Ente Público Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que pasa a denominarse ENAIRE, y que queda como gestor público del de la privatización y del resultado de la venta.

El Frente sindical: Acuerdo de Paz Social

A nivel interno, UGT y USO han firmado un acuerdo que garantiza la integridad de la plantilla y la prórroga del actual Convenio Colectivo hasta el fin del 2021 –estaba vigente hasta 2018. Este tipo de acuerdos no es nuevo en los procesos de privatización, a los que fortalece, y hasta la fecha no han tenido consecuencias favorables para el empleo ni para las condiciones laborales: el pasado acuerdo de garantías del 2011, desembocó en un ERE que redujo la plantilla en más de 1200 puestos de trabajo, permitiendo a la empresa la aplicación sin obstáculos de su plan de reducción del horario operativo de los aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros/año, así como una reducción de costes basada en plantillas por debajo de los mínimos de seguridad en diferentes colectivos de técnicos, y el plan –por concretar- de cierre de algunos aeropuertos menores, hasta ahora sostenidos por la red. Al mismo tiempo, el acuerdo fue uno de los factores que permitió avanzar la privatización de varias torres de control, con la entrada de controladores low-cost, y gestión privada de FERRONATS (unión de la constructora Ferrovial y la europea NATS).

CCOO, presente en las negociaciones, se ha desmarcado de la firma con una argumentación en la que denuncia la privatización y reivindica la descongelación salarial, la devolución de la paga extra del 2011, y aborda lateralmente los problemas de insuficiencia de plantilla. Sin embargo, más allá de las declaraciones CCOO no impulsa movilizaciones por estos planteamientos.

Quien sí ha intentado impulsar la movilización ha sido CGT, mediante concentraciones de trabajadores y contactos con grupos parlamentarios, y finalmente con una convocatoria de huelga en Madrid- Barajas el 29 y 31 de agosto, que intentaba recoger las inquietudes y propuestas de algunos aeropuertos como Pamplona, Tenerife y Málaga.

Sin embargo, los servicios mínimos abusivos en los puestos clave, la falta de acuerdo con otras centrales sindicales y la insuficiente coordinación con otros centros han impedido hasta el momento que la movilización se extienda.

Esa es la tarea planteada para el próximo periodo: profundizar y extender las medidas de movilización en todos los centros posibles, creando el clima necesario para que los trabajadores de AENA se movilicen, e impulsar un movimiento social más amplio contra la privatización. Y para ello, es imprescindible que CCOO, que no ha firmado el acuerdo con la empresa, se implique verdaderamente y demuestre que sus declaraciones son algo más que simples palabras.