Después de haber mantenido el proyecto del gobierno anterior en el cajón, el gobierno del PP lo modifica y vuelve a poner al alcance de los grandes fondos privados los beneficios que generan los aeropuertos españoles y las tasas de navegación aérea. Sin embargo, Ferrovial y otros fondos tratan de obtener rebajas y un papel en la gestión del grupo, cuyo valor nominal quedó reducido a la mitad antes de la presente operación de salida a bolsa.

La entrada de AENA en beneficios y la reducción de la deuda, se presentan como atractivos adicionales a la venta a bajo precio de los aeropuertos españoles. Así lo reflejan los medios económicos.

Sin embargo, habría mucho que hablar sobre esa deuda, que empieza a generarse en 2006 y de la que no se han determinado responsabilidades, a pesar de estar parte de ella mencionada en la reciente denuncia de la Unión Europea relativa al sobreprecio de las obras públicas en los últimos años. No es un secreto: el dinero público se usó para amortiguar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria; y las obras públicas -entre ellas las realizadas por AENA- fueron parte sustancial de esa primera ayuda a las compañías inmobiliarias.

Lógicamente, dada la caducidad de ese primer plan de rescate, algunas de esas compañías no tardaron en orientar parte de sus capitales al sector público, y también al aeroportuario. Así entraron en las empresas de handling cuando el desguace de Iberia, por ejemplo; en las superficies comerciales y en la gestión de las torres de control, y ahora optan a la de los aeropuertos, cuando vuelven a dar beneficios y se espera un incremento del tráfico aéreo, y la ampliación de las zonas comerciales.

El gobierno del PP, en vez de usar ese potencial como una fuente de ingresos para evitar recortes o como palanca para la creación de empleo público y estable, pone una parte del pastel -el 49%- en el plato de los especuladores internacionales.

La operación actual no es más que el segundo acto de un proceso que comenzó con la reducción de plantilla del 2013, y con el drástico cambio de horario de los controladores aéreos, y que puede llevar además de al cierre de aeropuertos y a nuevos despidos, a la externalización masiva de puestos de trabajo por medio de subcontratas.

La firma de un compromiso entre AENA, UGT y USO (2 de los 3 sindicatos de la Coordinadora Sindical Estatal), en el que se declara la intención de una prórroga del convenio colectivo hasta el 2021 (ahora vigente hasta 2018), pretende afianzar el clima de resignación y desmovilización en que entró la plantilla tras el ERE de 2013 (1200 puestos de trabajo en todo el estado, y reducción de horarios y plantillas en los aeropuertos del grupo III), para facilitar la operación financiera de salida a bolsa.

El descuelgue de CCOO de esa ‘declaración de intenciones’ abría algunas perspectivas de que un sector del sindicalismo oficialista podría confluir con CGT en el proceso de movilizaciones ya planteado por este sindicato. Con una congelación salarial de 4 años, con una temporalidad estructural creciente y con el cierre de la promoción profesional y los rumores de un segundo ERE, el nuevo paso adelante en la privatización podía reforzar los motivos para iniciar la movilización sindical. Sin embargo., no ha sido así.

La CGT ha intentado movilizar a los trabajadores y trabajadores de AENA casi en solitario, con la excepción de algunas secciones sindicales y comités que, viendo el peligro más cerca para sus centros, sí han reaccionado (los aeropuertos canarios y el de Málaga). Así se han realizado algunas concentraciones y manifestaciones durante este mes de Octubre en Málaga, Las Palmas, Barcelona y Madrid - la de mayor repercusión-, en algunos casos junto a compañeros y compañeras del sector ferroviario de CGT, también en proceso de privatización.

Pero esto no es suficiente. Si queremos detener el proceso de privatización no sólo hay que unir todos los colectivos de trabajadores/ as y conseguir la máxima unidad de acción sindical.

También hay que conseguir que la privatización se convierta en un conflicto social, por medio de la coordinación y la preparación de movilizaciones conjuntas con plataformas anti-recortes, vecinales, sociales; coordinando con las organizaciones, mareas y asambleas que están defendiendo la sanidad pública, las pensiones..., creando comités o plataformas antiprivatización y tratando de hacer confluir el máximo de sectores en grandes movilizaciones. Así hicieron los hospitales de la comunidad de Madrid, el único caso de una privatización que se ha frenado. Tomemos su ejemplo.