La enorme movilización del miércoles 22 de octubre ya logró un primer objetivo: la caída del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien ante la enorme presión social, que incluyó la quema de los palacios de gobierno de Iguala y el estatal en Chilpancingo, lo llevaron a presentar su solicitud de licencia, finalmente. Su partido el de la Revolución Democrática (PRD), había cerrado filas para defenderlo y sostenerlo, pero los paros, tomas de carretera, las enormes movilizaciones en todo el país y en numerosos lugares del mundo, lo obligaron a renunciar dejando muy mal parado a su partido.

Además, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, junto con los normalistas y otras organizaciones, han realizado la toma de 22 alcaldías, además de saqueos a los supermercados. El clamor generalizado es por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el esclarecimiento del asesinato de otros tres estudiantes y tres personas que cayeron muertas en el ataque bajo la balacera de la policía municipal en Iguala el 27 de septiembre.

Y aunque los hechos han impactado a toda la población, ha sido la juventud estudiantil la que se ha volcado al repudio a la salvaje agresión, sin precedentes en el país.

Así los estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional – que inició un paro y enormes movilizaciones contra un nuevo plan de estudios-, así como Universidades como la Autónoma Metropolitana, la de la Ciudad de México, así como las privadas, estatales, Normales, Tecnológicos, de muchos lugares del país, votaron paros exigiendo justicia para los normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables, particularmente dirigidas contra el hoy Gobernador con licencia Aguirre Rivero y muy particularmente contra el presidente Municipal de Iguala, José Luis abarca, también surgido del perredismo.

Abarca fue quien personalmente ordenó el ataque a los normalistas, ante un hecho que pareciera absurdo: los normalistas interrumpieron el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien estaba señalada como su sucesora.

Es decir, pretendían perpetuar el control del gobierno, favoreciendo en primer lugar al grupo de narcos Guerreros Unidos, donde dos de sus más destacados cabecillas son precisamente hermanos de Pineda.

La forma bárbara, salvaje del asesinato y las versiones sobre cómo los arrojaron a las fosas, quemándolos vivos, o ejecutándolos después de golpearlos, a manos de policías y miembros de Guerreros Unidos, en perfecta coordinación.

Es decir, se trata de un narco gobierno que decide intensificar los ataques a los luchadores sociales, política emprendida por el gobierno de Peña Nieto.

De ahí la tremenda indignación en contra no sólo de los gobernantes en Guerrero, sino de Peña Nieto, al conjunto de las instituciones y partidos patronales, principalmente al PRI, PAN y sobre todo al PRD. Incluso el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dirige Andrés Manuel López Obrador, tampoco sale bien librado, pues Abar ca fue promovido a la alcaldía de Iguala por quien es candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, para suceder a Aguirre Rivero. El que aparece como principal líder de la izquierda electoral mexicana ha sido acremente cuestionado por la prensa, por intentar evadir su clara vinculación con uno de los principales operadores del narco en Guerrero.

Peña Nieto ha sufrido un fuerte golpe, pasando de ser el consentido de los organismos internacionales imperialistas, a recibir la exigencia de esclarecer los hechos en Ayotzinapa y en Tlataya, en el estado de México donde el ejército ejecutó a mansalva a 22 personas, simulando un enfrentamiento.

Por supuesto, aún está presente el grave problema de los cerca de 100 mil asesinatos violentos, durante la llamada «Guerra contra el Narco», emprendida por su antecesor, Felipe Calderón, los miles de desaparecidos y los feminicidios en todo el país.

Y a pesar de esa larga lista, el caso Ayotzinapa no tiene precedentes, lo que ha volcado a cientos de miles de personas a las calles, abriendo una grave crisis en el actual régimen político, pues evidentemente la renuncia de Aguirre no es suficiente para frenar las protestas, tampoco el que apresen a José Luis Abarca. Los hechos han puesto en la picota al conjunto de las instituciones, empezando por la propia presidencia.

Porque está claro que el ataque a las normales no es nuevo, debemos recordar que en 2011 fueron asesinados dos estudiantes, al tomar la autopista del Sol, que conecta a Acapulco con la ciudad de México, para exigir presupuesto para su escuela y cesara la represión.

Hasta hoy no hay responsables de esos asesinatos, a pesar de que hay pruebas de que las balas salieron de las armas largas de la policía estatal.

Porque el fondo de ésta tremenda agresión es la aplicación de las contra Reformas neoliberales impuestas por el gobierno de Peña Nieto y sus cómplices, a través del desaparecido Pacto por México, criminalizando las luchas y aplicando una feroz represión, fortaleciendo los cuerpos represivos, como la recién formada Gendarmería.

Ante este proceso de descomposición del estado mexicano, además de exigir el esclarecimiento de los hechos en Iguala y Tlatlaya, de la necesidad de echar abajo las contrarreformas, de frenar la infiltración de los poderosos grupos de narcos y demás grupos delictivos, de la existencia de innumerables fosas, de acabar con las prácticas de los asesinatos masivos, así como de solucionar los graves problemas económicos en México, se requiere de exigir la salida de Enrique Peña Nieto, convocando a una Asamblea Constituyente, que rediscuta el proyecto de país, renovando las instituciones, donde los socialistas pugnaríamos por un proyecto obrero, campesino y popular.

México, 23 de octubre 2014

Enrique Gómez, del POS-MAS, sección mexicana de la UIT-CI