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TRABAJADORAS SOCIALES. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Servicios sociales de derecho, no de beneficencia

Marga Olalla, 11 de marzo de 2015




Cuando los servicios sociales comienzan a tener entidad de servicios amplios de derecho universal para el conjunto de la población, cuando aparece una ley de servicios sociales que contempla y especifica el qué, cómo y con qué recursos -incluidos los humanos- se deben ofrecer, podría establecerse la llamada 4 pata del estado del bienestar -junto con la ley de dependencia y la ley de defensa del menor-.

Con el estallido de la crisis, volvemos cientos de pasos atrás. Con los recortes y privatizaciones en Sanidad, educación,… quedan fuera del sistema de derecho miles de trabajadores, gente mayor, niños y niñas, jóvenes, etc. A esa población expulsada e inmersa en bolsas de pobreza, sólo le quedan unos servicios sociales principalmente asistencialistas. Y agravados, porque con el estallido de la crisis la ley de servicios sociales del 2007 se hace totalmente insuficiente para garantizar unos servicios de calidad a miles de trabajadores y trabajadoras con necesidades básicas no cubiertas, por situaciones de paro provocados por despidos, cierres de empresa, o mermadas por la precariedad laboral existente.

Una de las consecuencias más grave de la situación del paro y la precariedad es la pérdida de la vivienda. Y de nuevo los servicios sociales juegan un papel paliativo buscando recursos de viviendas provisionales para las familias, creándose un estado de maltrato institucional a las personas.

Una responsabilidad que no debería ser de los trabajadores de los servicios sociales, sino que como exigen las propias trabajadoras y trabajadores -documento enviado al Sr Trias Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y publicado en varios medios de comunicación-, debería atenderse con políticas sociales de vivienda: no desahuciando a las personas sin recursos, garantizando viviendas dignas, … Las trabajadoras expresan su negativa a aparecer como cómplices de los juzgados el día del desahucio y exigen una política de prevención contra las ejecuciones… por todo lo cual –con el apoyo de sus sindicatos CGT ,CCOO, UGT, y de los grupos municipales de ICEUIA, PSC y UxB- exigen al Ayuntamiento se derogue el protocolo actual pactado con los juzgados.

Otro problema estructural provocado por los responsables de este sistema, es la extrema pobreza infantil.

Como sea que estamos en época electoral, a iniciativa de los socialistas el ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la creación de un fondo extraordinario para ayudas puntuales de urgencia para familias con niñas/os menores de 16 años (BOPB 12 febrero 2015) fondo previsto para el 2015. De nuevo a los trabajadores y población más vulnerable se les dan las migajas del sistema y se les condena a la permanente precariedad y a la cronificación de la pobreza Contra las políticas electoralistas y clientelares, es necesario desde las supuestas posiciones progresistas de izquierdas, planes que garanticen, prestaciones, servicios y trabajo:

• Exigir a la Generalitat la aplicación de la RBG para todos quienes no tienen prestación de paro hasta que tengan trabajo, a partir de dejar de pagar la deuda pública. Mientras no se consiga de la Generalitat, creación de una ayuda municipal equivalente que garantice los mínimos vitales hasta encontrar trabajo.

• Ningún desahucio por razones económicas, sociales de paro o precariedad. Suministros básicos garantizados para parados –forzando a las empresas suministradoras a abonarlos-; transporte gratuito en todo el TMB. Los mínimos vitales tienen que garantizar además alimentación, estudios...

• El banco de alimentos, asistencial, no es la solución, pero mientras no esté vigente el salario mínimo vital por los parados: inmediato paso a gestión pública directa –con contrataciones, no con voluntariado- de la red existente y control social sobre las actuales 334 entidades privadas «de iniciativa social», empezando para absorber las de carácter religioso –la comida no puede ser moneda de cambio ideológico-, contratando personal y realojando la distribución en centros públicos • Hacer frente a la precariedad y a los sueldos de miseria que generan. El trabajo digno hay que imponerlo en todo el entramado productivo de la ciudad, empezando por los sectores que más trabajadoras concentran –Administración pública, sanidad y educación, servicios en empresas, hostelería y comercio-: sueldo mínimo de 1.200, 8 hs de trabajo; ninguna reducción de jornada por debajo de este sueldo. Multas municipales a los transgresores, y expropiación si despiden y/o quieren deslocalizar, bajo control de los y las trabajadoras.

Porque son necesidades de los y las trabajadoras y los sectores más vulnerables, no sólo estaremos en la lucha de hoy, sino también de mañana, exigiéndoles a aquellos partidos que entren en el Consistorio, que respondan a esas necesidades en lugar de seguir pagando y supeditándose a los bancos y grandes empresas.

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