Paraguay es el país de América Latina con una mayor desigualdad
en la tenencia de la tierra: el 83% del campesinado
ocupa sólo el 6% de la superficie agraria, mientras unos
pocos latifundistas mantienen en sus manos la inmensa
mayoría de los cultivos. Los campesinos son expulsados de
su propia tierra por la penetración de las multinacionales, en
un modelo de producción basado en el monocultivo de la soja
para la exportación, con el uso de transgénicos con potentes
agrotóxicos que envenenan a la población.

Los compañeros y
compañeras del Partido de los Trabajadores, sección paraguaya
de la LIT-CI, luchan contra esta realidad: defienden una
revolución en el campo y en el país para repartir la tierra entre
los campesinos pobres, la expropiación sin indemnización de
las multinacionales y un modelo de producción diversificada,
respetuoso con el medio ambiente y basado en la satisfacción
de las necesidades del pueblo. Terratenientes y estado responden
con represión, que se acrecienta a medida que se
acercan las elecciones del próximo 20 de abril. Sobre Tomás
Zayas, uno de los principales dirigentes del movimiento de
campesinos que impulsa ocupaciones de tierra en forma
colectiva, candidato del PT al Senado, pesa una orden de
detención por denunciar la muerte de Jesús Jiménez, de 3
años, a causa de los agrotóxicos.

La criminalización de los movimientos sociales en el Paraguay se
agrava con la reciente orden de detención contra el dirigente social y
político, Tomas Zayas, un concejal municipal y 3 campesinos, imputados
por «intento de homicidio y asociación criminal». Estas denuncias
se deben al conflicto que se desarrolla desde hace 3 años por las
intensas fumigaciones con agrotóxicos que sufre la comunidad Leopoldo
Perrier, de San Cristóbal en Alto Paraná, Paraguay. Tomas Zayas es
dirigente de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa), y
de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares, candidato a senador por
el Partido de los Trabajadores, en
las elecciones del próximo 20 de
abril.

ASAGRAPA es una organización
campesina que trabaja en una de
las principales zonas de producción
de soja transgénica del Paraguay.
Las comunidades campesinas de
estas zonas viven rodeadas de inmensos
sojales y están altamente
expuestas a las fumigaciones intensivas
con los agrotóxicos que se
aplican en los monocultivos de gran
escala. ASAGRAPA es una de las
principales organizaciones de la región
que acompaña la lucha por la
tierra, la reivindicación de la reforma
agraria integral y los derechos
de las comunidades campesinas.
En ese contexto lanzó una campaña
«Paren de fumigar, en defensa
de las comunidades y
la vida» iniciada en diciembre
de 2007.

En la comunidad campesina
Leopoldo Perrier, la contaminación
de la población
con agrotóxicos llegó a un
punto crítico cuando en agosto
de 2007 murió el niño Jesús
Jiménez, de 3 años, después
de intensas
fumigaciones. La población y
los padres del niño denunciaron
la falta de diagnóstico en
el momento de su muerte (La
Nación, 18 oct. 2007, p.40).
Como la intoxicación con
agrotóxicos fue negada por
los productores de soja, las
organizaciones lograron impulsar
una orden judicial para
la exhumación del cadáver
para su necropsia y la realización
de un diagnóstico socio-
ambiental de la comunidad por
parte de tres instituciones estatales.

La necropsia demostró que
había altos niveles de agrotóxicos
en el cuerpo del niño.
En febrero de este año, en pleno
ciclo de cultivo y fumigación, la población
afectada resistió las
fumigaciones, movilizándose en forma
pacífica. A causa de esta movilización,
la Fiscalía imputó recientemente
a cuatro personas, tres de
ellas parientes del niño, socios de
ASAGRAPA, y a su dirigente, Tomás
Zayas. La Fiscalía alegó que
los mismos conformaron una asociación
criminal y realizaron un intento
de homicidio por supuesto disparo
de arma de fuego al aire. Los
pobladores indicaron que ni Zayas
estuvo presente en la movilización,
ni hubo disparos de arma de fuego.
Lo sucedido al niño Jesús
Jiménez no es un hecho aislado;
en reiteradas ocasiones se ha denunciado
cómo las fumigaciones
causan graves problemas en las
comunidades. Informes de prensa
local indican que en la comunidad
Leopoldo Perrier, los productores de
soja «no respetan las franjas de cultivo
establecidas por ley, con relación
a los asentamientos humanos,
instituciones educativas y cursos de
agua» (ABC Color, 1º nov. 2007,
p.19).

Otros informes de prensa dan
cuenta de que «las clases se suelen
suspender los días de fumigación
del plantío a veinte metros porque
los niños se desmayan del olor.
También se están dando abortos
espontáneos (…), mueren peces,
cerdos y otros animales.» (La Nación,
op.cit.).

Las denuncias del impacto sobre
la población generado por los monocultivos
de soja han llegado a nivel
internacional. El Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales
de Naciones Unidas señalo
entre sus observaciones que «la
expansión del cultivo de soja ha traído
aparejado el uso indiscriminado
de agro-tóxicos, provocando muertes
y enfermedades de niños y adultos,
contaminación del agua, desaparición
de ecosistemas y afectación
a los recursos alimenticios tradicionales
de las comunidades»
(Observaciones finales del CDESC,
Consejo Económico y Social, E/
C.12/PRY/CO/322_10-2007, p.3).

Una investigación realizada el mismo
año en los 4 Departamentos de
mayor producción sojera, revelaron
que, en las comunidades estudiadas,
el 78% de las familias presentaban
algún problema de salud ocasionado
por las frecuentes
fumigaciones en sojales, el 63%
debido a la contaminación del agua
(Palau et.al. 2007).

En la comunidad Leopoldo
Perrier, luego de las denuncias realizadas,
los pobladores vienen recibiendo
constantes amenazas e incluso
el intendente municipal
intimidó verbalmente
a la población
a causa
de su organización.

Sin embargo,
lo sucedido
en esta comunidad
se enmarca
en un proceso
de mayor envergadura.
La presión que
las organizaciones
campesinas
sufren a causa
de la persecución
del Estado,
se refleja en el
Informe de observación
internacional
en Paraguay,
que indica
cómo el Ejecutivo
ha concentrado
el poder
«que con las fuerzas públicas
en sus manos, la Fiscalía de aliada,
y la Corte Suprema como garante
de impunidad, ha impulsado una
campaña de represiones masivas
al sector campesino, orientada a
facilitar y garantizar la ampliación de
la frontera de la soja transgénica»
(Misión internacional de observación
al Paraguay, Informe 2006, p. 6;
SERPAJ Paraguay). Esta estrategia,
que ya cuenta con más de dos
mil dirigentes campesinos imputados,
se basa en cuatro causas
para la persecución: «vincularlos
con la delincuencia común; la
criminalización de sus protestas,
judicializando los conflictos y abriéndoles
causas a los manifestantes; vincular a la dirigencia campesina a
las causas de secuestro; y vincular
a la dirigencia campesina a una supuesta
actividad guerrillera incipiente
relacionada principalmente con guerrillas
de larga data como las colombianas.
» (Ibíd., p.35).

Desde 1989, año en que cayó la
dictadura de Stroessner, han sido
asesinados más de 100 dirigentes
campesinos, de los cuales sólo un
caso fue investigado y su autor
material condenado; los demás permanecen
en la impunidad. La
criminalización de la protesta es
asimismo muy grave; en el 2004 las
organizaciones campesinas llegaron
a registrar 1.156 detenciones, cifra
similar al número de imputaciones,
procesamiento de trabajadores rurales.
(Rulli,J. 2007).

En este contexto, cabe mencionar
los hechos ocurridos en
el último mes, el apresamiento
de tres candidatos de la
Alianza Patriótica Socialista
por haber visitado una ocupación
campesina, el asesinato
en circunstancias no
aclaradas de un dirigente político
del Movimiento Popular
Tekojoja, la publicación en
varios medios de noticias sobre
dos supuestos focos guerrilleros
que estarían en alianza
con organizaciones campesinas,
que casualmente
también proponen candidaturas
para las elecciones del
presente año. El gobierno y
los grupos de poder vienen utilizando
a la fiscalía y todas las
herramientas a su disposición, atentando
contra los derechos políticos
y de organización. Cuanto más se
acercan las elecciones, más hechos
de violencia y criminalización
se generan contra los sectores críticos
y de oposición.

Mientras esto ocurre, la justicia
premia con la impunidad a los asesinos
del pueblo. Se han cumplido
nueve años del Marzo Paraguayo,
cuando el pueblo salió a defender
en las calles las libertades democráticas
amenazadas por el proyecto
fascista del General Lino Oviedo,
con el resultado de siete jóvenes
asesinados por francotiradores
apostados frente a la Plaza del Congreso.
Recientemente el caso contra
Lino Oviedo fue sobreseído.

Resumen elaborado a partir de
distintos materiales aportados por
el PT paraguayo
(www.ptparaguay.org)