El eje del mal que privatiza y recentraliza está formado por los gobiernos de EEUU y la comisión de la UE que negocian en secreto un tratado de libre comercio y otro de servicios (TTPI y TISA) que pretenden poner la gestión directa de los servicios públicos contra las cuerdas. El eje del mal continúa con la propia UE que emite directivas como la Directiva Bolkenstein que persigue los mismos objetivos.

El eje del mal continúa con los gobiernos que convierten la directiva Bolkenstein en leyes estatales, como los españoles, y el eje del mal continúa con los gobiernos de las comunidades autónomas que cómo el de Cataluña de CIU, legisla y gestiona para privatizar. El eje del mal continúa hasta Ayuntamientos neoliberales que han externalizado y desmantelado servicios públicos. Toda esta normativa y acciones de gobierno van en el sentido de captar el mercado mundial de bienes y servicios públicos por parte de grandes corporaciones, de manera parecida a como las grandes constructoras españolas han captado una parte creciente del mercado español de privatizaciones.

Las nacionalizaciones, y rescates en el estado español y en la Generalitat Catalana, han sido administradas por gobiernos de la burguesía, de forma que las nacionalizaciones a menudo han ayudado a las privatizaciones y a la concentración de capital y la socialización de pérdidas. Las municipalizaciones son la hermana pequeña de las nacionalizaciones, tanto a nivel estatal como lo que ahora es a nivel autonómico. El no pago de la deuda municipal también es el hermano pequeño del no pago de la deuda pública (en general, pues hay diversidad de situaciones de un ayuntamiento a otro).

Las municipalizaciones no pueden ser una «solución» al paro en un estado en el que se admite un paro del 24% (EPA 2015 primer trimestre).

Se admite que el 40% de los parados con experiencia laboral no tienen prestación ni subsidio, y de los que cobran, en el 54% se trata del subsidio, menor y habitualmente más corto que la prestación.

Se admite que en 1,8 millones de casas con personas en edad de trabajar, no trabaja nadie. Tampoco puede ser una «solución» al paro en la mayoría de casos el no pago de la deuda municipal. La razón principal es que el peso de las finanzas municipales en el conjunto de las finanzas de las administraciones es pequeño. Los gastos de la suma de todas las corporaciones locales del estado representan aproximadamente un 15% del total de los gastos del total de las administraciones (en el cuadro adjunto, hay transferencias de unas administraciones a otras, de forma que el total es inferior a la suma).

La deuda municipal representa el 4% de la deuda pública. Esto significa que las corporaciones locales (entre las que figuran diputaciones y consejos comarcales) son responsables aproximadamente del 15% del dinero público que se gasta en el territorio, y del 4% de la deuda de las administraciones. Está claro que el verdadero rol de la medida de no pagar la deuda municipal y municipalizar los servicios públicos es tapar las vías de agua que se llevan el dinero de los escasos presupuestos municipales, y conseguir medios para un plan de emergencia contra la pobreza. La plena ocupación es trabajo de las finanzas autonómicas y estatales, y por este motivo el Ayuntamiento que defienda las condiciones de vida y laborales de las vecinas, tiene que convertirse en una herramienta de exigencia y denuncia de los gobiernos de las otras administraciones. Al mismo tiempo, los ayuntamientos que quieran actuar contra los desahucios y el paro deberan obligar a un uso social de la propiedad, ja sea en forma de expropiación, cesión de uso o alquiler social, tanto de viviendas como de locales o instalaciones productivas. Vemos que el presupuesto de sanidad y enseñanza de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) representa el 53% de los presupuestos de las CCAA, una cifra que representa casi 1,5 veces los presupuestos municipales. Las pensiones representan 2,6 veces los presupuestos municipales.

Los obstáculos normativos a las municipalizaciones y a la ampliación del sector público están creciendo por momentos. El gobierno del PP hizo aprobar a Las Cortes la «Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local»(LRSAL) que tiene entre uno de sus objetivos admitidos por la propia ley «favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas».

Cómo dice Andrés Boix Palop «la reforma aspira también, de forma muy poco velada, a crear mercados de ámbito provincial para la prestación de muchos servicios públicos» «El tamaño y origen de las empresas que van a concursar no será el mismo en un caso y otro.» «la LRSAL, por la vía de fomentar la prestación del servicio a cargo de las Diputaciones (e incluso forzado en algu nos casos extremos), está en la práctica incentivando un sistema de prestación más indirecto, más privado, más externalizado y en manos de empresas más grandes.» «estamos ante un ejemplo claro de un programa de recentralización jurídica que demuestra la desconfianza del gobierno en la autonomía (en este caso, particularmente, en la autonomía local).» 3.500 Ayuntamientos que representan 15 millones de habitantes han presentado recurso de inconstitucionalidad. Ya es conocido el efecto demoledor para los servicios públicos de la aprobación del TTIP, que es apoyada por el rey actual y por PP, PSOE, CIU, PNV, UPYD, CS. El golpe de estado silencioso que la UE quería perpetrar con la fracasada Constitución Europea se está llevando a cabo de otras maneras. El objetivo es ilegalizar las políticas económicas socialistas, socializantes o socialdemócratas, no liberales.

Simultáneamente, en Cataluña la CIU de Mas repite la jugada que llevó a cabo cuando era Consejero en Jefe de Pujol, alargando las concesiones de las ITV meses antes de perder las elecciones. Cómo bien resume la revista «Café amb llet» en la portada de febrero, «CIU acelera el proceso de privatización de la sanidad» para antes del 27S: creciente número de derivaciones de pacientes a empresas privadas, consorcios para desmontar el Instituto Catalán de la Salud, traspaso de la gestión de 20 ambulatorios a empresas privadas.

La experiencia de las municipalizaciones del Ayuntamiento de Arenys de Munt

Del 2011 al 2013. Las elecciones municipales de este pueblo de 8.600 habitantes dieron el resultado de 4 concejales de la CUP (lo más votado), 4 ERC y 3 CIU. La CUP tiene la alcaldía con el espaldarazo de CIU hasta 2013, momento en que lo retira con una moción de censura que acaba con la alcaldía de la CUP.

Del 2011 al 2013 se efectúan las municipalizaciones del Servicio de aguas (que tenía la empresa SOREA), la del depósito de residuos, la guardería, la limpieza de edificios públicos y la del mantenimiento del alumbrado.

La moción de censura impide hacer la municipalización del servicio de recogida de basura.

En la municipalización del Servicio de aguas no se subrogó a las trabajadoras. Se aducen dificultades legales. Ignoramos si se llevó a cabo una alternativa. Si no se hizo, lo consideramos grave. En el pasado se han integrado plantillas privadas en el sector público, como en el caso del Colectivo de Escuelas por la Escuela Pública Catalana (CEPEPC). Lo consideramos grave no solamente por la vulneración de sus derechos, en función de los derechos que defendemos la izquierda, sino también porque las plantillas de servicios a municipalizar tienen que ser unas aliadas estratégicas, sabiendo que serán integradas en la plantilla municipal o del sector público municipal. Lo mismo que con los maestros y sanitarios de la privada cuando nacionalizamos la sanidad y la enseñanza.

En el resto de aspectos que se detallan sobre la municipalización del servicio de aguas, se aumentaron las inversiones en mejora de la red, se hizo un fondo por paliar la pobreza energética de forma que no se den cortes de suministro por impago y dio un beneficio el primer año de 50.000 euros.

En esta y el resto de municipalizaciones que explican los protagonistas de Arenys, queda claro que la viabilidad social y económica es real, y que hay que añadir la voluntad política y el apoyo organizado de la población. El engaño de las empresas subcontratadas puede ser de una extensión y unas dimensiones difíciles de cuantificar a priori, y nos podemos preguntar cómo es que se cierra los ojos. Los engaños más habituales que encontraron fueron: plantilla insuficiente para dar el servicio comprometido, plantilla contratada por debajo del nivel de calificación real, carencia de inversiones o fraude hinchando las inversiones que se declaran, falta de mantenimiento, cobro de tasas ilegales.

Dos elementos que dan margen económico es que al integrar el Servicio en el Ayuntamiento y no facturar, no se aplica IVA (con la excepción del servicio de aguas).

Como contrapartida, no se puede compensar tampoco el IVA soportado.

Eso, en los casos de servicios con una componente importante de servicios personales, tiene una incidencia muy positiva. En Servicios en que hay una componente importante de adquisición de bienes o servicios al mercado por los que sí nos cobran IVA, se contrarresta total o parcialmente con el hecho de que no aplicamos incremento por margen comercial a los bienes y servicios adquiridos. El aumento de liquidez permite acometer de manera equilibrada una dignificación salarial, de plantilla, del servicio, de inversiones y reducción de tasas, si hay, o inversiones en el municipio.

NOTA: si los pides a carrilet@openmailbox.org se enviarán los enlaces.