El 4 de marzo se volvía a rechazar la investidura de Pedro Sánchez en base al acuerdo PSOE-Ciudadanos y comenzó la cuenta atrás hacia unas posibles elecciones el 26 de junio.

Decíamos en el anterior periódico y en los materiales de la Conferencia que recogemos en el suplemento de esta revista, que la crisis de gobernabilidad es consecuencia de una crisis institucional, del régimen del 78, por ello hay tantas dificultades para encontrar un acuerdo. En el centro de esa crisis se sitúa el PSOE, empujado desde la gran patronal y los gobiernos de la UE a facilitar el Gobierno al PP, pero el aparato se resiste porque sabe que aceleraría su fin como referente de izquierdas (como pasó con el PASOK en Grecia). Pero tampoco hace una apuesta de izquierdas, no sólo por el referéndum de autodeterminación que el Estado no permite, sino tampoco por la política económica, pues la UE ya advertido que exige más austeridad y recortes. Esa contradicción del ni-ni le ha empujado al acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo que probablemente no vaya a ninguna parte, pero que es toda una declaración de principios: garantía de que no van a haber cambios sustanciales en política económica ni referéndum en Catalunya y que se aplicará la medicina judicial que viene apoyando la formación naranja.

PP y PSOE no quieren elecciones, porque alargar el ciclo electoral es profundizar su caída, pero también tienen un alto coste darse apoyo para evitarlas. Así se va prolongando la parálisis política a la espera de que llegue un milagro. Pero las contradicciones siguen avanzando. Los ecos de la crisis china que ha sacudido los mercados continúan.

Al tema nacional catalán se une ahora las declaraciones de Otegui que –recién salido de prisión- propone abrir un segundo frente al estado, el frente vasco. Los casos de corrupción siguen hundiendo al PP, que comparte protagonismo con la familia real.

No hay salida a la situación sin la doble ruptura, la democrática que respete los derechos de los pueblos, entre otros el derecho a la autodeterminación, y la social, que ponga el norte económico en las necesidades de la población trabajadora, no en el beneficio del capital