En marzo, Montoro firmaba un acuerdo de oferta pública con CCOO, UGT y CSIF. Los sindicatos salieron a bailarle el agua, bajo el título de «la mayor oferta pública de empleo de la democracia» y hablando de que el compromiso de reducir la temporalidad al 8% en tres años podía representar entre 250.000 y 300.000 plazas. Y aseguraban que por lo menos unos 150.000 interinos de Sanidad se convertirían en indefinidos, 100.000 en Educación, 15.000 en Servicio Sociales, 11.000 en Justicia y el resto no se cuantificaba por las dificultades de hacerlo en la administración local. Eso se concretaba en 67.000 plazas para los presupuestos del 2017. De ellas, Montoro adelantó en abril casi 8.000 ofertadas por la Administración General del Estado (la mayoría para FFAA, policía y guardia civil),y otras más de 10.000 de las comunidades autónomas (para educación y sanidad, según dijo). Pero empezaba a chirriar lo de la absorción de los precarios en las plazas estables. Cierto es que, como la mayoría eran de fuerzas de seguridad, poco precario hay, pero los porcentajes hablaban por sí solos: 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo (¿?). En el cómputo total de las 67.000 comprometidas ya habría 6.000 que no van a precarios sino que son de nuevo acceso; también del total, quiere decir que 6.000 interinos de algún sitio van a la calle.

El temor de que la creación de esas 190.000 plazas en 3 años (67.000 x 3) fueran a parar a reducir la precariedad a base de despedir masivamente interinos si no aprobaban oposiciones, se confirmó con el texto de presupuestos que presentó el gobierno: en el artículo 19 se afirmaba que no se daría continuidad a los interinos que llevaran 3 años en 2019. Sin embargo, los sindicatos que habían firmado no salieron a denunciar al ministro, ni a movilizar contra la maniobra: la cobertura a la política económica del PP fue aplastante, con aquello de que Montoro había dicho que no habría nada si no se aprobaban sus presupuestos. La imagen de la burocracia estaba por encima de la situación de los trabajadores: el silencio fue absoluto, salvo las movilizaciones que implementó la CGT boicoteadas sistemáticamente por los demás sindicatos.

Por fin, a través de enmiendas en las Cortes, el texto tras la aprobación del senado (BOE 153 de 28/06/17, Ley 3/2017 de 27 de junio, de PGE 2017), en su artículo 19, dice un ambiguo «Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos –lo mismo afirma para el personal laboral- excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.» Tras haber afirmado en el mismo artículo que «La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8 por ciento» y que «La articulación de estos procesos selectivos..., en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad,...» con lo queda en el limbo como «por libre concurrencia» se garantizará la estabilidad de los temporales. . Así que, por más que se haya eliminado el párrafo expreso que hablaba del despido de interinos a finales de 2019 si llevaban 3 años, lo cierto es que, en la medida en que no se define la forma expresa de estabilización del personal precario –es decir, si se siguen haciendo oposiciones como única vía de acceso para garantizar la «libre concurrencia»-, nos abocamos a que las 190.000 plazas –que no son nuevas, sino que hoy ocupa personal precario- sean mayoritariamente para renovación de personal pues pende sobre interinos y substitutos la espada de Damocles del 8% en 2019.

El otro gran problema que estuvo en el texto del Gobierno de presupuestos fue el mecanismo para impedir o dificultar al máximo cualquier versión de re-internalizar servicios privatizados en el sector público.

Esta lucha por revertir privatizaciones y conseguir mejores servicios públicos. Abaratar el coste y mejorar las condiciones de los trabajadores, es la lucha de algunos municipios, o de Plataformas como la de « Municipalitzem » de Barcelona. El texto final que sale del senado dice al respecto en su Adicional 26 de Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público. Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones Públicas (...) no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público: a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas (...), cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos (...)» Y más adelante, ratifica: «Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.» Es decir, no explicita la subrogación, y todos sabemos que a estas alturas una mayoría de convenios no la contemplan –sin ir más lejos, el conflicto de estibadores tiene una pata en este problema-. Eso sí, han quitado la amenaza del primer redactado de que además si se llegaban a subrogar trabajadores de servicios remunicipalizados, se descontaría de la tasa de reposición. Así dice «Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los prinrito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos.»

En los dos temas, habrá que seguir luchando, pero no deja de ser una lástima que no hayamos aprovechado la tramitación de presupuestos para dar una batalla unitaria por servicios públicos de calidad y condiciones laborales estables en la función pública.

Mª Esther del Alcázar i Fabregat