El encarcelamiento de Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, evidencia la herencia franquista del régimen del 78. El Estado ha escogido empezar por el movimiento de masas y no por los responsables institucionales ni de los Mossos. Hay que recordar que la Audiencia Nacional que los juzga, es la continuidad directa del Tribunal de Orden Público (TOP), el tribunal de excepción que persigue sistemáticamente toda disidencia política y que ha engordado las listas de presos políticos en todo el Estado desde la Transición. Además de tratarse de una evidente persecución contra ideas políticas, el encarcelamiento abre la puerta a la generalización del delito de “sedición” contra quien convoque cualquier manifestación, ya sea de signo político o social.

Es un capítulo más en la escalada represiva del Estado, que continuará con la aplicación del artículo 155 u otros, incluidas detenciones por la organización y celebración del referéndum del uno de octubre. El Estado ha también ha puesto en el punto de mira la escuela pública catalana: aquello que el ministro Wert quiso “españolizar” los niños y niñas y catalanas con la LOMCE ahora lo quieren hacer con la política y la Guardia Civil. La amenaza a los medios de comunicación públicos anticipa una intervención y más recortes de libertades.

Con la suspensión de la proclamación de la República Catalana Puigdemont nos expone más a la represión. La oleada represiva no se para ni se minimiza por más pasos atrás que haga el gobierno de la Generalitat. Porque menos determinación es sinónimo de más represión (no al revés): necesitamos ya la república con la cual defendernos. El Estado no aceptará ninguna vía negociada y ahora está muy broquelado con PP, C’s y PSOE haciendo piña. Tampoco la vía de la reforma constitucional abre ninguna perspectiva real de dar salida a las reivindicaciones del pueblo catalán.

No confiamos en este gobierno: si ha llegado hasta aquí ha sido empujado por la gente en la calle. Ahora tenemos que poner de pie la gente de la enseñanza pública, de los medios de comunicación, mantener la movilización permanente a la calle. A cada ataque una respuesta: ANC y Omnium continúan siendo un referente clave en la movilización, pero hay que profundizar la organización desde abajo, uniendo la izquierda sindical que convocó la huelga general del 3 de octubre, la izquierda popular que se ha organizado en los CDR, el movimiento estudiantil y la izquierda política desde la CUP-CC. La Mesa de la Democracia, con la patronal CCOO y UGT ha aplaudido la suspensión y apuesta por una salida negociada que aboca el pueblo a un callejón sin salida. También a la espera de un milagro negociador se ponen Podemos, Colau y los Comuns, y hoy sin duda su política nos paraliza y hace el juego al régimen.

Es imprescindible que los y las compañeras que han compartido la defensa de las urnas el 1-O y la huelga general, exijan a sus dirigentes que se pongan junto a la República y el proceso constituyente, ante una Monarquía heredera del franquismo. Un proceso constituyente vivo y que da respuesta a las necesidades más urgentes de la población trabajadora.

También hay que responder a los movimientos de la patronal y la fuga de empresas. Si los bancos marchan, hace falta inmediatamente emprender una banca pública de la república, que se ponga bajo el control de la gente trabajadora. Habrá que iniciar un movimiento contra el pago de la deuda, y garantizar el control de infraestructuras y la energía.
Y hay que recordar que el régimen no sólo ahoga y reprime Cataluña sino a todos los pueblos y trabajadores del Estado. Los terroríficos incendios de Galiza son el último ejemplo: Galiza no quema, está siendo incendiada por el Gobierno del Estado Español con la total complicidad de la Xunta de Galiza. La eucaliptización, la Ley de Montes, los recortes en los efectivos postincendio, la retirada de ayudas a la prevención hacen rentable un territorio calcinado. Rajoy abandona la montaña y el pueblo gallego a ser devorado por las llamas mientras destina millones de euros y 10.000 policías y guardias civiles a reprimir el pueblo catalán. La semana pasada, golpeaban salvajemente a los vecinos de Murcia que exigían el soterramiento del AVE. El 4 de octubre el Rey daba carta blanca a la escalada represiva: el 6 la manifestación de Barcelona, con unionistas de todas partes, pedía prisión y más represión, “justificando” la que vendrá. Y, al unísono ya aparecen abiertamente grupos fascistas, aquí, en Madrid, Zaragoza o en el País Valenciano, grupos, que, con la complicidad evidente de la policía nacional, reventaban y agredían a los y las compañeras valencianas en su Fiesta nacional.

Libertad inmediata de Sánchez y Cuixart. Fuera policía nacional y Guardia Civil de Catalunya. Disolución de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción heredero del franquismo
Proclamación de la República catalana ahora. Inicio del proceso constituyente.

17 de octubre de 2017 los pueblos del Estado