Extracto del comunicado de la PAH de L’Hospitalet de Llobregat

“La PAH acampa en la Plaza del Ayuntamiento de L’Hospitalet en apoyo a Ingrid y su hijo menor de 6 años para exigir a Núria Marín el cumplimiento de la ley 24/2015.

(...) En L’Hospitalet hay 8 desahucios al día que en su mayoría proceden de alquiler y recuperación (ocupación), donde se encuentran familias con hijos menores y personas mayores de 60 años. Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante por parte de todas las administraciones de los derechos humanos, acuerdos internacionales y la misma ley 24/2015 al no garantizar un realojamiento digno a las personas y familias desahuciadas.

Actualmente, como en el caso de Ingrid ofrecen realojamientos precarios, pensiones de 3 días, albergues que no son adecuados para una familia con hijos menores. El Ayuntamiento de L’Hospitalet, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España son los responsables directos de estas violaciones de los derechos humanos. Las personas desahuciadas son las que padecen las consecuencias de la incompetencia de unas administraciones incapaces, no tan solo de prevenir la situación, sino de encontrar ninguna medida para acabar con la emergencia. Es por eso que la acampada de la PAH LH no se irá hasta que Ingrid tenga un realojamiento digno.

Esta situación de incertidumbre e inseguridad genera graves impactos en la salud a las familias.

La administración es la responsable de ofrecer un realojamiento digno a las familias. La Ley 24/2015 en su artículo 5.6 nunca suspendido dice: «Las administraciones públicas han de garantizar en cualquier caso el realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio.» Por lo tanto el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat están incumpliendo sistemáticamente la ley, dejando de lado a las familias que han padecido un desahu cio.

En L’Hospitalet de Llobregat, Catalunya y en el resto del territorio español estamos en una crónica situación de emergencia habitacional, de 2008 a 2018 se han desahuciado 644.718 familias en el territorio español, en 2019 Catalunya continúa liderando el RANKING DE LA VERGÜENZA EN DESAHUCIOS y en L’Hospitalet conti- núan los 8 desahu- cios diarios. (...)"

Testimonio de la compañera acampada

“Me llamo Ingrid, tengo un hijo de apenas cumplidos 5 años, estoy separada. Fuimos desahuciados y no tenemos alternativa habitacional. Estoy acampada reivindicando desde el 31 de julio aquí en la plaza de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Con hoy son 26 días, con el apoyo de los compañeros y compañeras de la PAH de L’Hospitalet, que están aquí día y noche, acompañándome. Desde hace unos días también acampa una pareja joven.

Es el segundo desahucio que paso. Hace un año tenía una situación buena, un trabajo fijo, una buena nómina y pagaba un piso de alquiler. Llevaba 5 años en el piso y me iban a renovar. A raíz de que la empresa despidió a los trabajadores me retrasé dos meses con el pago del alquiler y la dueña me dijo que iba a hacer las gestiones para un desahucio exprés para que me fuera. El 27 de septiembre de 2018 fue la primera vez que quedé en la calle. Cuando me acerqué a los servicios sociales del Ayuntamiento me ofrecieron el albergue. Soy una madre monomarental, familia vulnerable. Pensé en mi hijo y dije no al albergue. Yo quería pagar, un alquiler social, tramité la documentación y tuve prestación de paro. La propuesta de la trabajadora social era que me buscara una habitación. Con un niño no te quieren en ningún sitio.

A finales de diciembre contacté con la PAH de L’Hospitalet. De un compañero surgió la posibilidad de tener una habitación en un piso liberado, un piso de los que tienen los bancos, cerrados y tapiados, con la de gente en la calle como era mi realidad. Yo pedí un alquiler social. El banco – Kutxabank - se negó a hacerlo y el Ayuntamiento lo consintió. La ley 24/2015 dice que no se puede echar a una familia a la calle si no hay realojamiento, y el Ayuntamiento no lo aplica, y nosotros como ciudadanos tampoco lo exigimos. Soy una ciudadana más, nací en Ecuador, llevo 18 años aquí, pago mis impuestos, pago mi seguridad social y a Hacienda, y reivindico el derecho a la vivienda, por mi niño, por mí y por todas. Un derecho que nos pertenece. ”

25-08-2019
Víctor Messeguer