Puede haber dudas sobre la formación de gobierno, si Sánchez logrará in extremis la investidura o iremos a elecciones. Pero no, que estaremos ante un gobierno débil, con o sin elecciones, porque éstas no resolverán la gobernabilidad. Porque tras esa dificultad de formar gobierno están las consecuencias de 10 años de crisis económica tremenda del capitalismo, que aún no acabó y el agotamiento de la Monarquía que dejó Franco, que nos impusieron en el 78, que se estabilizó en el 81-82, pero que hoy vive sus horas más bajas. Este gobierno va a tener que enfrentar dos tareas que, combinadas, pueden dar al traste con el propio régimen: una de ellas gestionar una salida al conflicto con Catalunya tras la sentencia, la segunda volver a aplicar nuevos planes de ajuste y recortes, porque lejos de lo que se vende, la crisis no se acabó para los y las trabajadoras.

Tras la sentencia ¿qué plan para Catalunya?

El referéndum del 1 de octubre y la huelga general del 3 de octubre de 2017 han sido la máxima expresión de la voluntad de ruptura con el estado. La decisión de más de dos millones de catalanes/as, provocaron una derrota política del régimen en toda su extensión. La impotencia de las fuerzas represivas del estado para parar el referéndum, su brutalidad en la represión, la impunidad ante los tribunales, las declaraciones del monarca, consolidaron una ruptura profunda entre una mayoría del pueblo catalán y las instituciones del estado. La dirección burguesa (JXC) y pequeña burguesa (ERC) temblaron ante la amplitud del movimiento popular, retrasaron la proclamación de la república catalana y paralizaron la respuesta popular al 155, permitiendo al estado recuperar la iniciativa. Ahora, una sentencia ejemplar pretende ser el castigo a quien cuestionó el poder del estado.

El trío de la derecha española reclama una derrota total, el aplastamiento del independentismo catalán, El expresidente José María Aznar, su ideólogo, definía ante empresarios en enero pasado que no sólo las sentencias deben ser ejemplares, sino que hay que dar una «batalla final» al independentismo con un 155 «largo y profundo», interviniendo por tiempo indefinido la autonomía, desmantelando escuela catalana, medios de comunicación públicos, policía, prisiones...

El PSOE opta por la derrota política, esto es conseguir la renuncia al independentismo, de una parte significativa del mismo, y el acatamiento al autonomismo monárquico. Para ello podría estar negociando un acuerdo con ERC, con un indulto de presos/as -recientemente reclamada otra vez por Zapatero-, al precio de una renuncia a la independencia, es decir de enterrar el 1 y el 3 de octubre. Como muestra de buena voluntad, ERC le regala la abstención para la investidura. La propuesta de ERC es como la de una dirección sindical que, tras una huelga muy dura en la que patronal ha estado contra las cuerdas, aceptara dejar a un lado todas las reivindicaciones que motivaron la huelga para pactar sólo la readmisión de los despedidos.

En ese sentido ERC, ante la sentencia, plantea avanzar las elecciones que le permitan asumir la presidencia de la Generalitat y, desde esa posición de fuerza, completar la negociación del acuerdo con el PSOE, de Gobierno a Gobierno. Puigdemont-Torra se aferran al Govern, convencidos que ante las urnas lo tienen perdido y presionan para que sea el Parlament –y su presidente Torrent de ERC- quien lidere un mayor enfrentamiento institucional.

Pero si no va a ser fácil que el pueblo catalán trague con el plan de ERC, ¿cómo preparar las condiciones para venderlo a un PSOE ante las críticas feroces de la derecha, y cuando el mismo PSOE ha participado de la cruzada españolista contra Catalunya? A su vez, cada paso que dé en dirección a ERC le aleja de un acuerdo con Ciudadanos para el gobierno estable que le reclaman el Ibex y la UE.

La política de ERC de aterrizaje en el autonomismo sin un castigo visible (sube en todas las encuestas) es posible por el descenso del movimiento de masas, por los efectos de desmoralización que han provocado tantas dilaciones, tantas renuncias de sus dirigentes, sin que saliera una nueva dirección alternativa. Sin ese retroceso, ocurriría como a los pocos meses de las lecciones de octubre del 17, cuando el rechazo de muchos votantes a las declaraciones de los dirigentes republicanos era notable y las encuestas reflejaban un aumento sustancial del voto CUP-CC. Pero una cosa es retroceso y otra una derrota que no se ha producido, y una reactivación decidida de la movilización es el único camino para recuperar la iniciativa, hoy en manos del estado. También, y tomando como referencia la movilización de 100.000 en Madrid del 16 de marzo, es esencial llevar esa lucha a todas las partes del estado, empezando por el Euskal Herria. Pero para ello es necesario un proceso paralelo de organización popular y de construcción de una alternativa política desde la izquierda.

Los números no le cuadran a Sánchez

Pero no es el encaje catalán el único problema que tendrá el nuevo gobierno. La deuda pública ha marcado un nuevo récord este verano: 1,21 billones de euros, de los que un 73% corresponde al estado, 20% a autonomías, un 2% a ayuntamientos, 3% a Seguridad Social. Tampoco parece que se pueda compensar con un crecimiento de la actividad económica: entre abril y junio, la actividad subió un 0,5%, un notable retroceso frente al 0,7% del primer trimestre, en el marco de un estancamiento y paralización de la economía de la zona euro, que amenaza con relanzar la crisis.

Como siempre el Gobierno central impone los recortes sobre las autonomías, que son las que gestionan la mayor parte de los servicios sociales. El 31 de diciembre el Gobierno exigía un recorte del gasto sanitario, el 10 de agosto el Govern de la Generalitat anunciaba un recorte del 6% en el gasto en todos los Departamentos. El 21 de agosto, el Conseller de economía de la Generalitat anuncia que llevará al Gobierno Sánchez a los tribunales por no aplicar las medidas que obligan a entregar 1350 millones más a la autonomía. Con el mismo trasfondo, autonomías que controla el PP han denunciado las deudas pendientes. Con esos entre 7.000 y 9.000 millones el Gobierno central estaría maquillando su déficit.

Pero tras esos servicios públicos que siguen recortando hay unas necesidades de la clase obrera que no han dejado de crecer. El crecimiento del PIB se ha recuperado, como los beneficios empresariales, pero los salarios están por debajo de los de hace 10 años La pobreza sigue creciendo, la precariedad también. Una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza, situación que se extiende a un sector de la clase obrera con empleo, por la extrema precariedad laboral que han facilitado las reformas laborales. Entre la población infantil el riesgo de pobreza es superior y alcanza el 28%, mientras los servicios que podrían atenuar esta situación (servicios sociales, enseñanza y sanidad) han sido los más golpeados por los recortes. 2 millones de personas están amenazadas de desahucio. La tasa de pobreza severa en España es la segunda más alta de Europa, con un 6’9% dobla la media europea. ¿Qué efectos devastadores va a tener nuevos recortes en servicios públicos o una nueva aceleración de la crisis capitalista?

El Gobierno Sánchez va a volver a ser un gobierno al servicio de la patronal, un alumno aplicado en las directrices de la troika y del pago de la deuda. Esto no está en duda, y por ello será un Gobierno de recortes en los servicios públicos, por eso ya abandonó la derogación de la reforma laboral del PP que era un compromiso ante los sindicatos, por eso se niega al blindaje de las pensiones, o a limitar los precios para defender el derecho a una vivienda y un largo etcétera. Que nadie confunda la voluntad de quienes le votan, que querrían un gobierno de izquierda, un gobierno de los y las trabajadoras, expresado en el «con Rivera no», con la realidad.

Y aquí se volverán a poner a prueba los sindicatos, los mayoritarios y los alternativos, los movimientos sociales, cada uno con su cuota de responsabilidad para hacer frente a esos planes. Precariedad, pensiones, vivienda, enseñanza y sanidad pública, servicios sociales. Precisamos reactivar la lucha de los movimientos, pero también la lucha de la clase obrera en empresas y fábricas.

Lucha Internacionalista