Organicemos un plan de lucha unitario contra la privatización y precarización de la Universidad La Universidad pública catalana ha visto cómo desde el 2010, a raíz de las políticas de recortes de Artur Mas, su financiación ha ido disminuyendo hasta llegar a la situación crítica actual. Este ahogamiento no solo ha afectado a la vertiente educativa, puesto que la inversión en investigación, un pilar de nuestro sistema universitario público, también ha quedado fuertemente tocada. Esta falta de recursos ha ido acompañada de un aumento de la precarización de las trabajadoras y trabajadores (profesorado, personal investigador, personal de administración y servicios...) así como de un aumento generalizado de las tasas universitarias. Todo esto se ha traducido en un sistema universitario cada vez más desgastado y privatizado, con una masa laboral cada vez más envejecida y p r e c a r i z a d a . Según datos del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), el PDI de más de 60 años ha pasado a representar el 14,3% de la plantilla, mientras que los menores de 30 años tan solo representan un 2,5%. Por otro lado, tenemos un alumnado que cada vez tiene más problemas para poder acceder a los estudios superiores como consecuencia del aumento de las tasas. Estamos pues, lejos de aquel modelo de universidad pública, de calidad, igualitaria e inclusiva que reivindicamos históricamente.

Así pues, la precariedad en la universidad pública tiene múltiples caras y afecta a un amplio abanico de colectivos: estudiantes, profesorado asociado, doctorandas, becarias de colaboración, personal docente investigador, personal de administración y servicios... Este último año, debido a la situación límite a que se está llegando, varios colectivos han levantado la voz y se han organizado para hacerle frente.

Por citar algunos ejemplos, el 15/05/2019, el colectivo de profesorado asociado se movilizó para abrir un proceso de regularización de su situación laboral, acabar con los despidos encubiertos y obtener una mejora salarial. La mayoría de profesorado asociado no llega a los 500 euros al mes, aunque en algunos casos hacen el mismo trabajo que un profesor titular (que cobra aproximadamente unos 2000 euros de sueldo bruto). Queda claro pues, la política precarizadora de la Generalitat de Catalunya (ERC/ T) y la complicidad de los JxCA JxCAT) rectorados de las universidades, que en los últimos años han ido aumentando el número de plazas de profesorado asociado en detrimento de las de profesorado titular titular. . Esto ha llevado a que actualmente más de un 50% del personal docente investigador contratado en las universidades catalanas tenga un contrato de asociado (Según datos del IDESCAT del curso académico 2017/18).

Otro colectivo que ha levantado la voz es e l c o l e c t i v o d e doctorandas. El pasado 28 de mayo se convocó una huelga para todo el personal docente investigador para reclamar la aplicación inmediata del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que fue aprobado por el consejo de Ministros con el Real Decreto 103/2019 del 1/03/2019. A pesar de que ya está vigente, la realidad es que no se está aplicando. Esta es la insultante paradoja: el mismo gobierno (PSOE) que lo aprobó es el que lo está incumpliendo. El EPIF regula la situación contractual de las personas con contratos de investigación predoctoral (doctorandas) en las universidades del estado español. Este estatuto prevé:

 Fijar un salario mínimo de 16.127 euros brutos anuales que tiene que aumentar gradualmente al tercer y cuarto año de contrato.

 Prorrogar automáticamente todos los contratos hasta 4 años (actualmente hay contratos que son de 3 años, duración manifiestamente insuficiente en una gran proporción de proyectos de doctorado / tesis doctorales)

 Regular la carga docente, puesto que este colectivo a menudo asume excesivas horas de docencia que en realidad corresponderían a profesores titulares.

No obstante, desde este colectivo se considera la aplicación del EPIF como una exigencia de mínimos para empezar a revertir la grave situación en que se encuentran, puesto que la problemática es en realidad mucho mayor mayor. . Según datos de la propia Universitat de Barcelona del 2016, de 4.890 investigadoras predoctorales solamente 744 tenían contrato. Por lo tanto, la aplicación de la EPIF regularizaría solo al 15,2% de trabajadoras predoctorales .¿Qué pasa con todo el resto? La trampa está en que las universidades siguen considerando a este colectivo como estudiantes. Es por eso que a pesar de tener contratos laborales, tienen que pagar anualmente una matrícula universitaria para poder seguir realizando su trabajo. Dicho de otro modo, pagar para trabajar trabajar. . De este modo, el 84,8% que no dispone de un contrato laboral se pueden incorporar a los departamentos para realizar proyectos de investigación una vez han pagado esta matrícula. En algunos casos acaban siendo contratados como falsos técnicos, personal de administración y servicios, contratos de media jornada a pesar de hacer jornadas completas... Algunos continúan realizando sus tareas sin recibir ninguna prestación, porque tienen la esperanza que si aguantan durante un tiempo acabará saliendo alguna plaza en la cual podrán ser colocados. Esto es lo que se está fomentando con estas políticas de recortes y precarización: aprovecharse de la buena voluntad y de la vocación de jóvenes investigadores e investigadoras que quieren luchar y defender una verdadera universidad pública, justa y de calidad.

A todo esto, se añade la situación de los y las estudiantes, que durante los últimos años han realizado muchas huelgas contra el precio abusivo de las tasas universitarias. Cómo hemos comentado otras veces, con la excusa de la crisis, las tasas subieron un 66%, convirtiendo a las universidades catalanas en las más caras del Estado Español. Los efectos han sido contundentes: la expulsión de grandes sectores de la clase trabajadora de los estudios superiores y un aumento de la precariedad de muchos que pueden acceder tan solo con malabares. Además, el acceso a las becas cada vez es más complicado y utiliza criterios que no responden a la realidad de muchos jóvenes. La imposibilidad de conpatibilizar los horarios de trabajo con los estudios, se otra prueba de un modeebalo educativo privatizador. La rebaja inmediata de las tasas univer universitarias es cada vez más urgente, pero el movimiento estudiantil no puede conformarse con enemos que ser consesto. Tenemos cientes que la única forma de responder a la privatización es revirtiendo la totalidad de los recortes (y no tan solo el 30%) y recuperando la consigna por la gratuidad. En la última huelga del 9 de mayo, fuimos muchas las que participamos con este grito y que hicimos sentir nuestra crítica con la política institucionalista de los sindicatos de estudiantes de impulsar la ILP por el 30%, pues, no podemos hacer depender de los tiempos y la composición parlamentaria nuestras reivindicaciones. El Parlamento ya ha aprobado en varias ocasiones una moción por la rebaja, pero nunca la ha hecho efectiva. Por eso lo que hay que fortalecer para lograr nuestras demandas es la organización asamblearia y la movilización en la calle, porque como siempre decimos nuestros derechos se consiguen luchando.

La lucha continúa y en septiembre se prevén nuevas movilizaciones de diversos colectivos. Esta lucha no solo se concibe para lograr la mejora en las condiciones laborales que tanto necesitan las trabajadoras de la universidad pública, sino que se tiene que hacer con la perspectiva estratégica del modelo de universidad que queremos y necesitamos: una universidad pública, gratuita, de calidad y feminista y democratizar sus órganos decisivos. Por todo esto es fundamental un plan de lucha desde bajo, debatido en asambleas y que unifique las reivindicaciones de los diferentes colectivos en lucha. Este modelo universitario actual está en crisis y cambiarlo es un deber para conseguir una universidad para y al servicio de la clase trabajadora

Joan Sala
Rosario Dem