Después de varios días de máxima tensión en el enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales y los prefectos y la burguesía de extrema derecha de los departamentos de la Media Luna, se ha entablado una negociación oficial entre el gobierno y los prefectos para llegar a un acuerdo. Dicho acuerdo, tutelado por Brasil en la UNASUR, la UE, la ONU y la Iglesia católica, supone en los hechos la traición a las expectativas y esperanzas que la llegada de Evo Morales al gobierno alentó en los millones de trabajadores y campesinos bolivianos que lo llevaron hasta él.

El conflicto con la Media Luna

Los departamentos de la Media Luna (Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija) tienen apenas un tercio de la población del país, pero poseen gran parte de las riquezas naturales (petróleo, gas, hierro, producción de soja y carne), con casi el 60% del PIB de Bolivia y más de dos tercios de sus exportaciones. En Santa Cruz, cuyos impuestos suponen el 38% de los impuestos totales, se encuentran las sedes de la gran mayoría de las empresas nacionales y multinacionales. Por otra parte, la propiedad de la tierra se encuentra altamente concentrada: alrededor de 100 clanes familiares poseen la mayoría de la misma, unos 25 millones de hectáreas según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La mediación del gobierno, y su creciente intervención, especialmente sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar pensiones y jubilaciones, así como las promesas de nacionalización de los recursos bolivianos y expropiación de los latifundios, expresadas desde diciembre pasado en la nueva Constitución que Evo quiere aprobar en referéndum, constituyen el obstáculo que la burguesía de extrema derecha de la zona quiere vencer para tener manos libres en esos territorios, y obtener mayores márgenes en la negociación con el imperialismo, los países de la región con intereses en la zona –como Brasil- y las empresas multinacionales.

Por tal motivo, desde hace años, la burguesía de la Media Luna viene desarrollando un plan político que trata de imponer su poder en la zona, en la forma de un estado propio con su parlamento y policía, que, bajo el manto de una inventada “autonomía”, le sirva para sus fines frente al gobierno de Evo Morales.

La cara democrática de ese plan son las victorias electorales en los referéndums sobre la autonomía departamental, y su otra cara es la creciente acción directa de los grupos armados de extrema derecha, como la Unión Juvenil Cruceña (UJC), contra los movimientos campesinos, dirigentes sindicales, y organizaciones opuestas al mismo. En los últimos meses se cuentan por decenas los asesinatos cometidos por estas fuerzas fascistas, cuyos grupos armados siembran el terror entre los pobladores pobres, atacando a dirigentes campesinos y sindicales, con el apoyo y protección de los prefectos de la Media Luna.

Ascenso golpista y (falsa) salida negociada

Después del referéndum revocatorio del pasado agosto, en el que Evo Morales obtuvo cerca del 70% de apoyo, la ofensiva de la burguesía y la extrema derecha se intensificó, combinándose con ocupaciones de instalaciones petroleras y del gas, peajes, oficinas de recaudación del gobierno, cortes de carreteras y asaltos a emisoras de radio y televisión no controladas por los prefectos y la burguesía de extrema derecha. El gobierno expulsó al embajador norteamericano, que presumiblemente financia las actividades de la extrema derecha a través de la Agencia Norteamericana de Cooperación (Usaid) y que mantiene estrechas relaciones con miembros de la oligarquía de la Media Luna, como Branko Marinkovic –directivo de la poderosa Transporte de Hidrocarburos, con 6.000 km. de de gasoductos y oleoductos que llegan a Brasil, Argentina y Chile, y de la que Exxon y Shell poseen el 50%, además de latifundista propietario de 26.000 hectáreas.

El movimiento campesino, principal soporte del MAS de Evo Morales, comenzó a reaccionar contra las acciones golpistas, y la situación llegó a su máxima tensión en la primera mitad de septiembre, cuando hubo casi un centenar de campesinos asesinados y desaparecidos en Pando y grandes marchas campesinas sobre varias ciudades.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, cuya burguesía tiene importantes intereses en la zona –con Petrobrás y el 33% de la producción de soja-, forzó al gobierno de Evo Morales, a través de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), a buscar una salida negociada de la situación, estableciendo un foro del que participan la UE, la ONU y la Iglesia católica.

En las primeras conversaciones se ha acordado que la burguesía de la Media Luna se compromete al fin de los bloqueos, a la devolución de los edificios estatales ocupados y a la aceptación de la detención y el procesamiento del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (en prisión por orden del gobierno por “violación del estado de sitio”, y no por las decenas de asesinatos de que es responsable). El gobierno nacional acepta, por su parte, retrasar el referéndum para aprobar el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Constituyente en diciembre y a discutir su contenido en la mesa de negociaciones; además, se compromete a restituir a los prefectos la parte correspondiente del Impuesto de Hidrocarburos y a “profundizar las autonomías”.

Este resultado de las negociaciones muestra que a quien beneficia no es a los millones de trabajadores y campesinos que llevaron a Evo Morales al gobierno, sino al sector de la oligarquía de la Media Luna que mantiene su chantaje sobre toda la sociedad boliviana por su poderío económico, sus éxitos electorales locales y la acción de sus bandas fascistas. Esos sectores se sentirán cada vez más fuertes y más impunes, y sus acciones serán cada vez más audaces e irrevocables si no se los para. El gobierno se muestra débil, y eso los fortalece.

Las tareas pendientes y la “agenda de octubre”

Muy distinta fue la política del gobierno cuando, poco antes del referéndum revocatorio de agosto, los mineros de Huanuni realizaron una huelga por un sistema público de pensiones, contra los fondos privados y por la reducción de la edad de jubilación, que fue duramente reprimida y que acabó con 2 muertos entre los mineros.

Estas dos varas de medir muestran la poca confianza que pueden tener los trabajadores y campesinos bolivianos en un gobierno que se somete a las presiones de la oligarquía y la extrema derecha y que reprime las peticiones de los trabajadores, y retrasa permanentemente el cumplimiento de sus aspiraciones –concretadas en la llamada ‘agenda de octubre’, que consiste en la nacionalización real de los recursos naturales no renovables que aún siguen en manos de las multinacionales, la expropiación de los inmensos latifundios en el Oriente y los valles, la distribución de tierras entre los campesinos e indígenas pobres, y la mejora en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.

Parar la contrarrevolución y avanzar en las conquistas obreras y campesinas

Numerosos dirigentes de organizaciones campesinas de la base del MAS, y de la COB están planteando claramente la cuestión: hacen falta armas para parar a los fascistas y su ataque a la democracia.

Una victoria de la oligarquía y la extrema derecha, preparada ya por los acuerdos obtenidos en la negociación, sólo puede tener consecuencias irreparables para los campesinos y los trabajadores.

Ante la debilidad del gobierno en su propia defensa es necesaria la organización de un Frente Único de la COB y de las organizaciones campesinas y populares para defender la democracia, frenando a los grupos fascistas. Es necesario que el gobierno juzgue y castigue a los responsables de los atentados y crímenes fascistas.

Pero sólo el cumplimiento de la agenda de octubre, que el gobierno no quiere cumplir y que reclaman cada vez más organizaciones obreras y campesinas, con la expropiación de los latifundios y la entrega de las tierras a los campesinos, la nacionalización de los hidrocarburos, la minería y la industria alimentaria, y la mejora de los salarios y condiciones de vida y trabajo pondrán a la inmensa mayoría de la población decididamente en contra de la oligarquía sediciosa.

Sólo el avance en este programa puede garantizar la defensa de la democracia contra la intentona fascista que, de otra manera, continuará ganando fuerza y arrastrando a sectores descontentos de la población contra el proceso revolucionario iniciado en Bolivia.