El pasado 18 de noviembre de 2019 entró en vigor la instrucción 05/2019 firmada por el director del CatSalut y avalada por el gobierno Torra-Aragonès. «Actuaciones para evitar el fraude de ley en el acceso con cargo al CatSalut y para resarcir gastos de asistencia sanitaria en caso de fraude de ley, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público», e l nombre de la instrucción es ya toda una declaración de intenciones contra todas las personas que utilizamos la sanidad pública, que no son ninguno de los políticos que intentan degradarla, pues ellos tienen sanidad privada.

Esta instrucción da a entender que la persona que haya viajado a Cataluña en los últimos tres meses y venga enferma de su país (diabetes, hipertensión…) y no disponga de contrato de trabajo, agua, gas, electricidad o alquiler puede estar intentando defraudar a la sanidad pública. Claramente destinada a las personas sin papeles. Además, da instrucciones para que, en caso de indicios de supuesto fraude de ley, se anule la tarjeta sanitaria y se facture inmediatamente a la persona el importe correspondiente a la asistencia sanitaria y se denuncie a los Mossos d’Esquadra . Se otorga al personal sanitario y administrativo la potestad de decidir si la persona cumple o no los requisitos, haciéndolos actuar de policías.

Esta instrucción se hizo llegar a todos los centros sanitarios tanto públicos como Centro de Atención Primaria de gestión privada, consorcios, centros sociosanitarios, etc.

A mediados de enero de 2020, la instrucción 05/2019 llegó a manos de las entidades que luchan por una sanidad gratuita y universal, como la PASUCAT, Jo Si Sanitat Universval , la Marea Blanca , la Taula per l’Avortament y la Salut Universal . Estas entidades ya estaban peleando con el Departament de Sanitat del Govern , por la reglamentación de la Ley 09/2017 (que estuvo congelada por el tribunal constitucional). Reaccionaron con rapidez ante este ataque tan evidente contra las personas más vulnerables, las víctimas de un sistema patriarcal y racista, las trabajadoras y los trabajadores sin papeles a las que se mantiene injustamente durante años en la clandestinidad, trabajando en condiciones nefastas con horarios injustos y siempre con la incertidumbre de perder el trabajo o la vivienda.

Se tomó la decisión de convocar una asamblea abierta a todo tipo de organizaciones: sociales, políticas, sindicales, etc. Esta asamblea se realizó el domingo día 16 de febrero en la Capella de la Misericòrdia en el Raval. Comprendiendo la gravedad del momento, todos los colectivos reunidos decidieron organizar rápidamente una respuesta ante este ataque a la sanidad pública gratuita. Se formaron dos grupos de trabajo; uno para consensuar los objetivos políticos y otro para preparar acciones contundentes en la calle (ocupaciones, manifestaciones, etc). Se estaba gestando la respuesta, algo muy similar a lo que ha sido la plataforma Aturem La Llei Aragonès y que consiguió con la lucha y el trabajo desde los barrios o los centros de trabajo tumbar esta otra ley funesta del Gover n TorraAragonès .

El día 18 de febrero llegó la sorpresa, el director del Servei Català de La Salut, Adrià Comella suspendió la aplicación de la instrucción 05/ 2019. Después del éxito de la asamblea de entidades comprendieron que tendrían una campaña de todas y todos los defensores de la sanidad universal unidos y además en plena campaña electoral.
Hace tres semanas ERC y JxCAT votaron a favor de la instrucción y ahora se ven obligados a retirarla. Aun así retirarla hoy no es suficiente; hay que eliminar el artículo 8 del Decreto 09/2017 que también hace referencia al fraude de ley. Éste señala a las personas migradas y refugiadas en Catalunya, de manera discriminatoria, como defraudadoras y las considera un riesgo para la sostenibilidad económica del sistema sanitario.

Desde la Taula per l’Avortament i la Salut Universal en Catalunya se han presentado un conjunto amplio de alegaciones al reglamento de la ley 09/2017, como por ejemplo; reducir a 15 días la respuesta a la solicitud de asistencia sanitaria (la ley plantea 3 meses) o el acceso a la atención en la salud sexual y reproductiva a todas las personas, también menores de edad, que se encuentren en Catalunya, incluido el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas alegaciones están hechas por muchos colectivos preocupados porque la sanidad es cada vez menos pública. La Taula per l’Avortament i la Salud Universal en Catalunya la integran más de 50 organizaciones, entre ellas: La PASUCAT, Jo Si Sanitat Universal, Mujeres Pa’alante, La Marea Verde Barcelona, Metges del Món .

Aún queda mucho trabajo por hacer; la lucha continúa. Las intenciones de los gobiernos burgueses son claras; recortar derechos, retirar recursos a la sanidad pública y repartirlos con la privada, degradar la sanidad pública para que quien pueda pagar, contrate seguros médicos, etc. No podemos permitirlo. La sanidad pública es una conquista de la clase obrera, como el sistema de pensiones, hay que defenderlos gobierne quien gobierne.

Desde Lucha Internacionalista apoyamos y participamos en la campaña por el aborto y la sanidad universal. Creemos que es el momento de elaborar un plan de lucha efectivo para defender el derecho a la sanidad de las personas migradas, una sanidad pública, universal y de calidad.

Hay que seguir, exigir responsabilidades políticas es el primer paso ante el ataque de la instrucción racista.

Adrià Comella dimisión.
Ninguna persona es ilegal.
¡Aborto universal libre y gratuito!

Txema Morillo y Roser Añó

Los brutales ataques LGBTIfóbicos que estamos presenciando a diario son una prueba más de la total impunidad de la que goza el fascismo en nuestras calles. La ultraderecha institucional aprovecha todos los altavoces que se le brindan para perpetuar discursos reaccionarios e impulsar iniciativas machistas, homófobas y tránsfobas, como el pin parental o las terapias de reconversión.

Por su parte, gobiernos supuestamente progresistas se jactan de elaborar leyes en favor de la igualdad LGBTI, cuando hace apenas unos años incluían el nazismo como ideología protegida dentro de los delitos de odio, despolitizando y banalizando la violencia contra los colectivos oprimidos. Las leyes que se aprueban en defensa del colectivo se quedan en papel mojado si no se reglamentan ni se dotan del presupuesto necesario para su completo despliegue, y las continuas idas y venidas de los grupos parlamentarios (tanto del Estado Español como de Catalunya) evidencian la falta de voluntad política para llevar a cabo las medidas necesarias para paliar la situación en la que vivimos las personas LGBTI.

La historia demuestra que la única forma de conseguir nuestros derechos es luchando por ellos en las calles, por eso condenamos cualquier tipo de agresión LGBTIfóbica y llamamos a la autoorganización del colectivo LGBTI: hagamos frente al fascismo en las calles, ¡basta de LGBTIfóbia! ¡Ninguna agresión sin respuesta!

Cris Darriba