Comunicado del colectivo Doctorandas en Lucha

El pasado 31 de marzo, 216 investigadoras predoctorales del sistema científico y universitario catalán fueron despedidas de forma improcedente. Estos despidos se suman a 122 (hasta donde sabemos) que ya se habían dado durante el último año. Estas personas, previsiblemente, seguirán trabajando de forma gratuita en sus proyectos de investigación. En un momento en que la epidemia de la COVID-19 hace evidente la necesidad de invertir en investigación, estos despidos (escandalosos en cualquier momento) ponen de relevo la nula intención de la administración pública (Generalitat, Universidades y centros de investigación BUSCA y CSIC) de dignificar mínimamente las condiciones laborales de las trabajadoras de la investigación.

Desde hace meses el colectivo Doctorandas en Lucha y la CGT hemos emplazado reiteradamente en las diferentes universidades catalanas a la aplicación del Real Decreto 103/2019 sobre el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) vigente desde el 16 de marzo del 2019.
Fruto de varias movilizaciones y luchas de los y las investigadoras predoctorales y del conjunto del personal docente e investigador organizadas por Doctorandas en Lucha y la CGT se ha conseguido que progresivamente las diferentes universidades hayan aplicado los incrementos salariales que establece el Real Decreto.

En cambio, todas las universidades públicas se han mantenido firmes en no aplicar la prórroga de un cuarto año de los contratos predoctorales (recogidos en la forma de Personal Investigador en Formación, PIF), tal como indica la normativa. Este hecho aboca a centenares de investigadores/se predoctorales cada año a acabar su investigación cobrando el paro, hecho que supone un fraude a ley. Únicamente la Universitat Autònoma de Barcelona, a raíz de un acuerdo firmado con CGT el pasado 4 de junio en el marco de la negociación de la resolución de una huelga, está cumpliendo este aspecto de la normativa.

Esta situación, que ha persistido después de numerosas movilizaciones por parte de Doctorandas en Lucha y la CGT, así como varios requerimientos, tanto de las personas afectadas como de algunos comités de empresa, motivó que la CGT presentara el jueves 21 de noviembre un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tanto el Síndic de Greuges, en una actuación de oficio iniciada el mayo, como Inspección de Trabajo (a raíz de una denuncia también de CGT), han expuesto planteamientos similares en los nuestros en las mismas universidades, negándose estas a aplicar el actual marco legal. En el conflicto colectivo se denunciaban las universidades y el Gobierno por su inaplicación de la prórroga de cuarto año de contrato, ya sea en la contratación por parte de las universidades, como en la financiación de la misma contratación, que el gobierno desarrolla en su programa de ayudas a contratos FI (de formación de investigadores).

Cuál fue nuestra sorpresa, cuando, tan solo un día más tarde, el 22 de noviembre, el conjunto de las universidades públicas catalanas denunciaron a la parte sindical del convenio colectivo, es decir, a los representantes de los trabajadores, por la interpretación de la aplicación de la EPIF. Una demanda vergonzosa con la única intención de dotarse de razonamientos jurídicos por no tener que aplicar una ley, la EPIF, que mejora de forma mínima las precarias condiciones laborales de las investigadoras predoctorales.

El juicio en el que se tenía que fallar a favor o en contra de la prórroga de los contratos se tenía que celebrar el pasado 25 de febrero. Una sentencia a favor en aquellas fechas hubiera evitado el despido de las 216 investigadoras que se ha dado en marzo. Por eso, las universidades y el Gobierno entorpecieron deliberadamente el juicio no aportando las pruebas que se les habían requerido un mes antes. Esto provocó la suspensión de este hasta el 14 de abril. Esta maniobra perversa y claramente obstruccionista responde a su nula voluntad de apostar por la investigación y por la dignificación del sector de la investigación.

Las universidades y el Gobierno son perfectamente conscientes de la obligación de la prórroga del cuarto año de los contratos. Así mismo, son plenamente conocedoras de que su incumplimiento deja trabajando sin contratos a centenares de investigadores en Cataluña, investigadores que se encuentran en la fase más relevante de su carrera y, generalmente, llevando a cabo investigación de alto impacto científico y social. Consideramos que los atrasos al aplicar la normativa responden a una voluntad de escatimar recursos económicos aunque sea a cambio de malograr la calidad de vida, ya de por sí precaria, de los jóvenes investigadores e investigadoras. Un recursos económicos que el Gobierno, con Pere Aragonès al frente, se niega a soltar para contribuir a resolver el problema. Por esta razón, esta demanda no es más que otro paso en la lucha que desde el Colectivo de Doctorandas en Lucha y la CGT llevamos adelante por la dignificación de las condiciones de trabajo en las universidades públicas.

6 de abril de 2020

COLECTIVO DE DOCTORANDAS EN LUCHA

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO