El pasado 9 de diciembre las llamas acabaron con la vida de cuatro personas directamente y desencadenaron la muerte de Boubacar Hanne, muerto después de haber estado hospitalizado, por fallo respiratorio. Estos acontecimientos son consecuencia de un sistema capitalista racista, que vulnera todos los derechos de las personas migradas. Derechos que han negado todas las instituciones, municipales, autonómicas y estatales: derecho a una vivienda, derecho a la sanidad, o derecho a un trabajo. Son cómplices por acción u omisión. El Ayuntamiento de Badalona y su alcalde Albiol por promover los discursos de odio y xenofobia o negar el derecho al padrón o a la atención social. La Generalitat, por falta de políticas que garanticen el derecho a la vivienda. El Estado Español, por negarse a regularizar a las personas migradas, incluso en medio de una pandemia. A la Unión Europea, por la política migratoria que empuja a las personas a la clandestinidad y precariedad, obligándolas a padecer explotación laboral, con la constante amenaza de la deportación.

Como consecuencia del incendio, los y las habitantes de la nave quedaron en la calle sin techo, sin enseres o sin documentos, todo consumido por las llamas. Acorralados en el techo de la nave, algunos saltaron al vacío, otras esperaron durante horas el rescate de los bomberos, todos y todas quedaron traumatizadas por la terrible experiencia.

Después de pasar una noche durmiendo en la calle, decidieron acampar en la Rambla del Gorg (una vía pública peatonal). Con la colaboración de personas y colectivos se organizó una red de apoyo a los y las afectadas, que les proporcionó alimentos, ropa o tiendas de campaña. La Generalitat aprobó una partida especial de ayuda económica. Pero desde el ayuntamiento solo se ofreció una solución temporal de alojamiento, media pensión y la dispersión por Barcelona de todo el grupo. La mayoría no aceptaron las condiciones, por tener trabajos en Badalona, por no romper el grupo o por ser una solución temporal.

Se han realizado manifestaciones, concentraciones y declaraciones pidiendo una solución duradera en el tiempo, con regularización administrativa y obtención de papeles, así como la repatriación de los fallecidos a sus países de origen con sus familias. Pero la respuesta del Ayuntamiento de Albiol, fue levantar bulos racistas con acusaciones de violencia y conductas incívicas además de pedir una orden judicial para desalojar la acampada del Gorg.

Después de veinte días en la Rambla, decidieron volver al solar de la nave quemada. Cuando realizaban el traslado al solar, un grupo de policías locales intentó cerrarles el acceso al espacio sin conseguirlo.

Así empieza una nueva fase de la lucha, donde será necesaria la unidad de todas las personas afectadas y de los colectivos que las apoyan para fijar unos objetivos claros y organizar la respuesta al Ayuntamiento, a la Generalitat o al gobierno Sánchez-Iglesias.

La Ley de Extranjería mata personas, en las aguas del estrecho o en las de Canarias, pero también en el campo recogiendo fruta o en las infraviviendas a las que se ven obligados a vivir miles de migrantes.

Fuera la Ley de Extranjería. Las vidas migrantes importan. Las vidas negras importan

Txema Morillo
Militante de LI. Badalona