Periódicamente, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya nos recuerda a través de los medios de comunicación que somos 7,5 millones de personas, 7,5 millones de futuros. Nosotros, con más periodicidad que ellos nos hacemos la misma pregunta: ¿Estamos todas las personas que realmente vivimos en Cataluña comprendidas en éstos 7,5 millones de futuros? Y con la misma periodicidad que preguntamos nos respondemos: ¡¡No, no estamos todas!!

Y es que, desdichadamente existen ayuntamientos en nuestro territorio que no quieren empadronar a aquellas personas o familias que no dispongan de un título de propiedad o de alquiler, que no dispongan de una cuenta bancaria o que no puedan acreditar el pago de los suministros básicos. El hecho de no querer empadronar a las personas priva a éstas de recibir la atención de los servicios más elementales que les permitan vivir dignamente. Así, se les niega la tarjeta sanitaria y el derecho a la asistencia médica, el derecho a ser atendidos por los servicios sociales, el derecho a la escolarización de sus hijos o el derecho a un trabajo digno. Se precariza de esta forma la vida de muchas personas obligándolas a vivir y a trabajar semiclandestinamente, con miedo constante y sin ningún derecho.

El ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, gobernado por el PDECAT y el PSC es uno de estos ayuntamientos que ha manifestado públicamente que no quiere empadronar a ninguna persona que se encuentre ocupando ilegalmente una vivienda. Antepone así la propiedad privada al derecho a la vida de las personas, criminalizando al mismo tiempo todo tipo de ocupación, especialmente aquella que es llevada a cabo debido a la pobreza extrema y cronificada existente en nuestra sociedad.

Contraviene de esta forma las normativas legales existentes como pueden ser la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local que en su artículo 15 dice “Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente “. También, como recordó el Síndic de Greuges en su informe al Parlamento en 2017 “La decisión sobre la inscripción se ha de basar en la residencia efectiva en el domicilio, no en la posesión de un título de propiedad, aspecto al que hace mención el artículo 59.2 del R.D. 1690/1986”

En el Sindicat de Llogateres de Vilafranca estamos tratando esta problemática trabajando en dos frentes. Uno es el frente institucional i el otro el de la presión y las movilizaciones en la calle. Del primero hemos conseguido calendarizar encuentros con el concejal de Bienestar Social con el fin de abordar las problemáticas más urgentes en la ciudad y su solución. Estas problemáticas tienen una incidencia más grande en familias de origen extracomunitario, con hijos menores de edad y con trabajos muy precarios, cuando no inexistentes.

Del segundo, que ha comportado concentraciones todos los lunes durante más de dos meses y ha incluido ruedas de prensa, lectura de manifiestos o identificaciones por parte de los Mossos d’Esquadra, hemos conseguido además del eco mediático, el reconocimiento, junto otras entidades, como movimiento social arraigado en la ciudad. Un ejemplo de este arraigo lo representa la lectura del manifiesto que leímos el día 7 de noviembre exigiendo el padrón y una vivienda digna para todas las personas, dentro de los actos organizados por Òmnium Cultural y los músicos por la libertad.

Libertad y derechos de las personas que somos conscientes que únicamente las haremos efectivas llevando las luchas a la calle de una forma coordinada y decidida. El futuro es nuestro. Continuamos en la lucha.

¡¡Ninguna persona es ilegal!!
¡¡Padrón para todos!!

José Antonio Barberà Molina
Militante del Sindicat de Llogateres de Vilafranca y de Lucha Internacionalista