El pasado 24 de marzo se daba inicio -en Madrid- a la campaña #PlanSareb, con una acción inicial en la sede del FROB. El 29 de abril, en el marco de las acciones del 1 de mayo, esta campaña se extendía a Catalunya: un centenar de personas okupaban la sede de Solvia en el barrio de Sant Andreu, Barcelona. Las manifestantes denunciaban contratos no renovados y cláusulas abusivas de la Sareb, y exigían que se archiven los procedimientos de desahucio (más de cien familias afectadas) y se negocien colectivamente todos los casos. El objetivo de fondo de la campaña es que la Ley de Vivienda que está “trabajando” el Gobierno incorpore todas las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda del estado.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue creada en 2012 por el gobierno del PP como mecanismo para rescatar bancos y cajas en quiebra tras el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008. Esta sociedad, también conocida como el “banco malo” del estado, está participada un 45% por capital público (a través de fondos del estado y fondos europeos) y un 55% por capital privado (con inversiones de entidades como los bancos Santander, Caixabank y Sabadell, las aseguradoras Mapfre y Axa, o empresas como Iberdrola). En su primer año adquirió 50.781 millones de euros en activos financieros e inmobiliarios: llegó a obtener, a precio de saldo, 55.700 viviendas, más de 300.000 m² de superficie de oficina y centros comerciales, y más de 13 millones de m² de suelo. De esta forma se convierte en la empresa inmobiliaria más grande del estado: una inmobiliaria financiada con dinero público pero cuyas ganancias se reparten entidades privadas.

En el momento de su creación se estableció que la Sareb tendría un plazo de 15 años para maximizar la rentabilidad y proceder a la desinversión de sus activos, pero en el caso de acabar con pérdidas éstas serán consideradas como deuda pública; es decir, será el Estado quien devuelva la inversión mediante fondos públicos, con recortes que recaerán una vez más en la clase trabajadora.

La Sareb es -junto con Cerberus o Blackstone- uno de los mayores fondos buitre que operan en el estado español. Si antes de la crisis del 2008 eran los bancos los que tenían el poder sobre el mercado de la vivienda, ahora son estos “fondos de inversión” los que aprovechan la situación económica crítica para instalarse en nuestras ciudades, subiendo el precio de los alquileres y expulsando a nuestras vecinas de los barrios. Ésto es lo que ocurre cuando se entiende la vivienda como una mercancía y no como un derecho; cuando los gobiernos anteponen las ganancias de bancos, grandes tenedores y multinacionales, a los derechos de las trabajadoras, negándose a regular los precios de la vivienda y a poner freno a la especulación inmobiliaria.

Tenemos que pasar a la ofensiva y exigir una verdadera ley de vivienda al servicio de la clase trabajadora. Es importante organizarnos en sindicatos y grupos de vivienda en nuestros barrios dando apoyo a las plataformas #PlanSareb y #GuerraACerberus. ¡No vamos a permitir que ninguna vecina sea expulsada del barrio!

Exigimos una ley de Vivienda que regule el precio del alquiler; que éste no suponga más del 20% de la renta del núcleo de convivencia y que no se rija por el valor de mercado: ¡porque la vivienda es un derecho, no un negocio!

Exigimos la expropiación de todas las viviendas de la Sareb, de los fondos buitre y de los grandes tenedores, para construir un parque público de vivienda que esté al servicio de las necesidades reales de las clases populares.

Anna Lletjos
Cris Darriba