El pasado 30 de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación de la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Por ahora sólo se han presentado las líneas básicas de la reforma, pero ésta se ha hecho a espaldas de los sindicatos y las asociaciones de trabajadoras, lo que aumenta la desconfianza hacia a esta modificación. Según informó el ministro de Ciencia, Pedro Duque, las modificaciones que se propongan serán sometidas a audiencia pública antes de retornar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. En cualquier caso, lo que ha trascendido de esta modificación de ley es muy desolador. Lejos de solucionar los problemas de precariedad y falta de estabilidad de este sector lo único que hace es consolidarlos y profundizarlos. En este sentido, incluso desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, se tuvo que bloquear este anteproyecto porque vulneraba derechos laborales básicos.

Este anteproyecto refuerza la temporalidad de las figuras contractuales vigentes en los organismos públicos de investigación e impulsa fórmulas que permiten incrementar el traspaso de fondos públicos a empresas privadas. Por este motivo, varios sindicatos y colectivos de todo el territorio se manifestaron el pasado 15 de abril mostrando su rechazo a esta reforma. Se convocaron manifestaciones en Galicia, Madrid, Andalucía, Valencia, Aragón y Cataluña. Es muy positivo y esperanzador como el sector científico fue capaz de organizar una respuesta en todo el territorio, sin embargo, hay que seguir trabajando para fortalecer las asambleas de trabajadoras y consensuar un plan de lucha más continuado en el tiempo no sólo para evitar esta reforma si no para poder generar un plan político y consignas claras que fomenten una carrera investigadora 100% pública y con contratos estables y dignos para sus trabajadoras.

El Ministerio de Ciencia, con esta nueva reforma que se quiere aprobar, bajo el pretexto de "fomentar la colaboración público-privada" pretende aplicar un plan neoliberal para drenar fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los intereses del mercado capitalista. La ciencia y la investigación quedarían sometidas a la lógica de la obtención de beneficios económicos, no a la lógica de la salud o el interés social.

Otro punto problemático de esta ley es que elimina la figura del científico titular, un contrato que aportaba cierta estabilidad al tratarse de un contrato de funcionariado. Esta figura quedaría ahora sustituida por la figura llamada "Tenure-Track". Bajo este término anglosajón utilizado para aparentar "reconocimiento e importancia", se esconde en realidad otra figura precaria. Aunque el Ministro Duque lo vende como un contrato "indefinido", tiene en realidad una duración de 4 años y la renovación del contrato estaría sujeta a una evaluación por parte de una agencia externa. Sin embargo, a pesar de obtener una evaluación positiva por parte de la agencia externa, la renovación del contrato dependería en última instancia del centro de investigación contratante, el cual podría proceder a una finalización de la relación laboral por causas objetivas. Esto deja completamente desprotegidas a las trabajadoras del sector, ya que la continuidad de los contratos quedará en manos de los centros contratantes y por tanto quedarán mucho más expuestas a posibles despidos y a sufrir en carne propia las consecuencias de los recortes que se apliquen.

Es por todo ello que la organización del personal investigador, personal técnico y personal de gestión en sindicatos y colectivos es una urgencia no sólo para poder garantizar los derechos que tienen como trabajadores sino también para fomentar una producción científica que no esté supeditada a los intereses del mercado capitalista, sino que responda a los intereses sociales de la población.

Joan Sala
Investigador predoctoral