No se está prestando suficiente atención a los Fondos New Generation desde tres perspectivas diferentes. La primera, que estamos ante subvenciones y préstamos y por tanto que se deberá terminar retornando y con intereses. Segunda, que serán las grandes empresas y el gran capital las grandes beneficiarias de los proyectos y no los servicios públicos y las pequeñas empresas. La tercera, que se pide a los Estados que hagan una transferencia de determinadas políticas sociales que en la práctica son recortes o pérdidas de derechos como contraprestación por los Fondos.

Así el Estado español ha enviado a las instituciones de la Unión Europea un documento "Plan de Recuperación, transformación y resiliencia" de 348 páginas y un documento específico sobre materia laboral "Nuevas políticas públicas para un Mercado de Trabajo dinámico, resiliente e inclusivo- componente 23"de 90 páginas. Algún medio de comunicación quiso hacer un titular diciendo que los mismos derogaban las contra reformas laborales del PP. Nada más lejos de la realidad, lo que nos encontramos son toda una serie de propuestas que no supondrán la recuperación de derechos laborales y que son en la mayoría de supuestos pérdida de garantías. Todo ello vestido del lenguaje de la Flexiseguridad (en la práctica flexiprecarietat) de la Unión Europea.

Sobre la contratación se ha propuesto el mantenimiento de tres modalidades: no temporal, temporal general y temporal de prácticas y formación. Esto, que es lo mismo que viene planteando la patronal como simplificación de la contratación, no únicamente significa el mantenimiento de dos modalidades muy precarias, sino que no resolverá el problema de la inestabilidad laboral. Además, el contrato de formación, quiere ser un mecanismo para incrementar la "formación dual". Por mucho que haya un contrato formalmente indefinido, si se puede despedir pagando 33 días por año trabajado, la extinción está servida. Que haya dos modalidades de contratación temporal y no seis u ocho no reducirá sustancialmente la temporalidad, porque las empresas seguirán utilizando las modalidades temporales de manera fraudulenta, es decir, cuando no hay causa que las justifica. Afirmar que a partir de ahora el contrato indefinido será la norma y el temporal la excepcionalidad es desconocer que esto ya es una realidad en la normativa laboral desde hace más de 40 años. Lo determinante para la estabilidad laboral, desde el punto de vista de la normativa laboral, es que las causas del despido sean muy limitadas, que en las extinciones colectivas se pida autorización administrativa y que el coste económico sea alto para las empresas, cosa que el Ministerio de Trabajo no parece que garantizará.

Hay un término que se repite en diferentes ocasiones en los documentos: "flexibilidad". Si alguien tenía dudas de qué significa esto puede mirar el vídeo de la respuesta de la Ministra de Trabajo al Diputado de la CUP Albert Botran: "flexibilidad interna". Lo que supondrá la misma es una desregularización, aún más, si cabe, de las condiciones laborales, es decir, facilidades para las empresas para modificar horario, jornada, salario... Expresamente se habla de una modificación de la suspensión y reducción de jornada.

De las pocas materias que incluyen los documentos enviados a las instituciones de la Unión Europea que podrían transformarse en una buena medida para la clase trabajadora, encontramos algún tipo de modificación de la subcontratación, eso sí, no acaban de concretar en qué consistirán exactamente las medidas. Lo mismo ocurre con prestaciones y subsidios.

Otras materias en que se proponen cambios, es en todo lo que guarda relación con la jubilación. Por un lado, aborda el proceso de degradación de las pensiones que incorporan las Recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en el Congreso, con un dato falso que es su aprobación unánime. También traslada la propuesta de eliminar la jubilación obligatoria. Recordemos que el Real Decreto Ley 28/2018 aprobaba la posibilidad de que los convenios colectivos fijaran la extinción del contrato al llegar a situación de pensión máxima, siempre que se acompañara de medidas de estabilidad del empleo. Ahora se propone lo contrario, que la jubilación no pueda ser obligatoria por convenio colectivo. Esto forma parte de las lógicas de degradar el sistema de pensiones e incentivar trabajar más allá de los 65 y 67 años, medida evidentemente contraria al reparto del empleo.

Del mismo modo compran todos los argumentos de la teoría de la flexiseguridad (flexiprecarietat). Respecto al desempleo, trasladan la idea indirecta de que el problema es la falta de formación (en un momento en que hay 4 millones de parados en el Estado español, es un poco absurdo) y aprovechan para posibilitar la gestión de políticas de empleo para empresas privadas. Se habla de un genérico "modernización de las políticas de empleo" y de la "configuración de trayectorias individualizadas de orientación para el empleo".

Por último, vuelven a recupera la bonificación para la contratación para jóvenes. Esto no genera trabajo en términos generales y únicamente sirve para un traslado de rentas del trabajo a rentas del capital. Una empresa contrata cuando necesita mano de obra y no porque le bonifiquen.

Seguramente a fines de año habrá 3 o 4 cambios normativos (subcontratación, derogación de preferencia aplicativa de convenio de empresa, etc.) que mejorarán la realidad existente pero no parecería que haya perspectiva de derogar la contrarreforma laboral del PP, ni los cambios normativos más agresivos que incorporó la misma: falta de autorización administrativa en despidos colectivos, reducción de la indemnización y eliminación de salarios de tramitación, negociación colectiva, causas de despidos y modificaciones de condiciones. Eso sí, si se continúa con la misma dinámica comunicativa del Gobierno español, 4 cambios se anunciarán como la derogación de la reforma laboral, si bien en el mundo real, la clase trabajadora continuará desprotegida.

Vidal Aragonés.
Abogado laboralista del Col·lectiu Ronda y profesor de Derecho del Trabajo de la UAB.