El 5 de mayo, el Gobierno del Estado español, comunicó a Bruselas el plan de implantar el pago en las autovías en 2024 para transportistas y particulares y extenderlo posteriormente al resto de carreteras de gran capacidad, tanto nacionales como autonómicas. Esa es una parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la UE.

El plan del autodenominado “gobierno más progresista de la historia”, significa una medida regresiva e inédita en todo el Estado. Primero, proponiendo un peaje en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas estatales; segundo llevando ese modelo de pago a los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales de un solo carril que conforman la red estatal; y tercero, comenzar un proceso de negociación con las CCAA para hacer lo mismo en las vías de alta capacidad que estén bajo la titularidad de éstas. Todo según la literalidad del texto remitido a Bruselas.

Según el gobierno, para una mejor aceptación, se pretende que la implantación del pago por uso pueda ser en forma escalonada, tarifando inicialmente la Red de Alta Capacidad, y haciendo la extensión a otras redes de forma progresiva.

Peajes para todos

En contra de lo que se había deducido hasta ahora de las distintas declaraciones de miembros del Ejecutivo sobre esta materia, el plan prevé que el pago afecte a todos los usuarios, tanto conductores particulares como transportistas, y tanto nacionales como extranjeros. Sólo sugiere implantar “reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos”. Para los transportistas, el Gobierno se compromete a buscar fórmulas normativas que aseguren que el coste sea asumido por el contratista de la carga y no por el camionero, aunque sin especificar cuál sería ese mecanismo.

A diferencia de otras medidas, el uso de carreteras es ley en fase de elaboración y ya ha sido vista en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para que se apruebe en el segundo semestre de 2023, y se pueda empezar a cobrar en 2024.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, justifica la medida porque el estado español dispone de la red de carreteras de alta capacidad más extensa de Europa, con costes de conservación crecientes que no pueden ser asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. “Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial. La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

¡No paguemos dos veces!

No es verdad lo que dice el gobierno y quiere justificar el ministro Ábalos. Los usuarios pagamos muchos impuestos por la utilización del coche en autopistas y carreteras - ¡entre el 52% y 56% de lo que pagamos en combustibles! - que se supone son, entre otras cosas, para su mantenimiento. Y no hay que explicarle al “Gobierno más Progresista de la Historia” que, sin combustible, no podemos circular por autopistas, autovías ni carreteras.

Veamos: el precio del combustible, está compuesto por el precio del litro que fija el mercado; los impuestos sobre hidrocarburos; y el IVA (estudio de Mapfre).

Los impuestos sobre hidrocarburos son tres:

• Estatal General: precio fijo por litro que se recoge en el BOE y se sitúa en torno al 30%.
• Estatal Especial: cantidad fija que este año es de 0,24 euros/litro y puede modificarse por los Presupuestos Generales del Estado.
• Tramo Autonómico: establecido por cada CCAA, de entre los 0 y 0,48 euros/litro.

El IVA -impuesto de valor añadido que se carga sobre cualquier bien de consumo o servicio- que, en el caso del gasoil y la gasolina, es del tipo general que se sitúa en el 21%.

Así, teniendo en cuenta los tipos publicados en el BOE con referencia a los precios del pasado año, podemos indicar que en el caso del diésel los impuestos suponen el 52% del precio total del litro. Para la gasolina son más altos, un 56% del precio total. ¡¡Más de la mitad de lo que cuesta llenar el depósito del vehículo se destina a impuestos!!.

Por eso hay que rechazar los peajes en todas las autovías, autopistas y carreteras. Así como hace muchos años, vienen haciendo los pueblos del Maresme.

Y exigir que el mantenimiento de la red sea exclusivamente de gestión pública y NO privada, porque en caso contrario, son las empresas las que aumentan beneficios llevándose la mayor parte de los impuestos que pagamos todos.

• Por la gestión pública del mantenimiento de todas las vías terrestres. No a la privatización o externalización.
• Fuera peajes de todas las autopistas, autovías y carreteras.

Guillermo Schelling