En Barcelona el pasado trimestre pudimos ver algunas movilizaciones de trabajadora/es del consistorio municipal, ante las puertas del Ayuntamiento de Barcelona, reivindicando, exigiendo a la señora Ada Colau. Todas ellas tenían dos ejes comunes: una atención de calidad a los y las vecinas, trabajadoras/es de esta ciudad, a los sectores más vulnerables -gente mayor, criaturas, jóvenes, trabajadoras/es en paro, etc,- para los que exigen los recursos materiales y humanos necesarios, así como la dignificación de los derechos laborales y profesionales de sus trabajadoras/es. Por ambas razones, dicen, no pueden permitir que esta administración despida a trabajadoras/es que hoy son un bastión importante para la intervención contra la precariedad y contra la exclusión social del paro: hablamos de los más de 150 trabajadoras/es que la empresa municipal Barcelona Activa quiere despedir -aunque oficialmente diga son finalizaciones de contrato-. La respuesta no se hizo esperar: el 23 de junio, era el primer día de huelga y en septiembre la lucha continua. No a los despidos, por la contratación indefinida de les trabajadoras/es.

Otro sector movilizado fue el SARA -Servicio de Atención, Recuperación y Acogida, para víctimas de la violencia machista-, que el 13 de julio denunciaba la falta de recursos para una atención de calidad y reivindicaba: aumento de espacios del SARA para una mejor y ágil atención, presupuesto suficiente para ayudas para las mujeres e hijos/as, centros de acogida y viviendas de urgencia dignas, no las ofertas actuales de pensiones, y reiteran la necesidad de un plan para resolver a corto plazo estos problemas.

Las trabajadoras/es de los CSS -Centros de Servicios Sociales de Barcelona del IMSSB-, constataron las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, con una creciente demanda por nuevos trabajadores en paro o con mayor precariedad económica y social por los EREs, y que, a pesar de la supuesta moratoria, los desahucios se sucedieron y tuvieron que mostrar su descontento ante una política de vivienda de la que los profesionales no son responsables. Así, reivindican permanentemente el derecho de las/os vecinas a una vivienda digna y a no ser expulsado de sus casas por falta de medios económicos. Así mismo, reivindican recursos materiales y humanos para la mejor atención en los barrios con más necesidades económicas y sociales, reivindicaciones laborales, junto al reconocimiento profesional de todas y todos aquellas/os trabajadoras/es que la crisis sanitaria demostró que son indiscutiblemente servicios esenciales. Por todo ello, y con la exigencia de soluciones, el 7 de junio realizaron un día de huelga.

Otro gran problema que atraviesan los servicios públicos -entre ellos los servicios sociales- es el gran número de servicios externalizados. La administración se jacta de los servicios que abre y que los agrupa en lugares más dignos, como los servicios para la población sin techo. Pero lo que cuentan los responsables municipales, poco o nada tiene que ver con la realidad que denuncian los trabajadores, los sindicatos, la plataforma Municipalitzem: que son servicios sociales esenciales municipales, con diferentes empresas y condiciones laborales y profesionales en gran desigualdad con los profesionales directos de la administración municipal, y cómo este gobierno municipal de Barcelona en Comú con el PSC, da una vuelta de tuerca más en la contratación de empresas vinculadas a paraísos fiscales y al IBEX 35, como ya denunciaron las trabajadoras del SAD en la contratación para algunas zonas de Barcelona.

Ante estas situaciones, lo más positivo son los procesos de organización de parte de los/as trabajadores/as con los sindicatos que les vienen acompañando. La lucha continua, ese es el camino:

No a los despidos en Barcelona Activa
Por la contratación indefinida de las/os trabajadoras/es
Por la mejora de las condiciones laborales y profesionales
Por la municipalización de los servicios externalizados
Por unos Servicios Públicos directos de calidad.

Marga Olalla