El pasado trece de agosto el gobierno de PSOE-UP inició una macro operación contra los mil menores migrantes que cruzaron la frontera de Ceuta en mayo. A la cabeza de este operativo está el ministro Fernando Grande-Marlaska, que cuenta con todo el respaldo del alcalde presidente de Ceuta del PP, Juan Jesús Vivas, así como del silencio cómplice del presidente del PP, Casado.

Hay que recordar que Marlaska es un continuador de las políticas represivas de inmigración de su antecesor, el exministro Juan Ignacio Zoilo. A la semana de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno en 2018 se acogió al barco de rescate Aquarius lleno de migrantes, entonces Grande Marlaska se negó a dar asilo a la mayoría y muchos acabaron en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y devueltos a sus países de origen. También fue responsable de impulsar las devoluciones en caliente masivas en Ceuta y Melilla.

Como reflejo de las políticas de la Unión Europea de fortalecer las fronteras y cerrar el paso, el tribunal Europeo de Derechos Humanos, quién en un principio había condenado esta práctica, acabó avalando las devoluciones en caliente. También el Tribunal Constitucional lo hizo, pero ninguna de las dos sentencias permite que se apliquen a menores.

La ley es clara, antes de comenzar el procedimiento de posible repatriación hay que abordar cada caso individualmente con un informe previo del país de origen sobre las circunstancias familiares del menor.

Después de deportar ilegalmente cuarenta y cinco menores, el pasado viernes 20 de agosto las deportaciones fueron paralizadas por una jueza de Ceuta y el martes 24 fueron declaradas ilegales, dando así la razón a las entidades que defienden los derechos humanos.

Pedro Sánchez y Grande Marlaska, se posicionan políticamente a la derecha de la ultraderecha. Sabedores de que incumplen la ley deciden, en pleno mes de vacaciones, comenzar un operativo para quitarse de encima el “problema” de los menores. Incumpliendo todas las leyes, tratados o acuerdos internacionales de protección de la infancia. Cómplices junto con el dictador marroquí Mohamed VI, que hambrea y reprime a su pueblo, empujando a los más jóvenes a buscar un futuro mejor lejos de sus tierras, jugándose la vida para llegar a Europa.

Hay que garantizar un trato como menores, antes que como migrantes, asegurando sus derechos. El interés superior de los niños y niñas debe primar siempre.

Hay que reclamar la dimisión inmediata del ministro de interior Fernando Grande-Marlaska y denunciar las políticas ultraderechistas del Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Para defender los derechos de todas las personas migradas luchemos por la derogación de la Ley de Extranjería.

Txema Morillo