En los últimos meses hemos visto un repunte en denuncias de agresiones LGBTfóbicas: vejaciones a símbolos LGBT, vídeos y comentarios en redes sociales que incitan a golpear homosexuales, y decenas de agresiones físicas que, generalmente, acaban en el hospital. El asesinato de Samuel Luiz el pasado 2 de julio es el máximo exponente de una violencia LGBTfóbica que el colectivo LGBT sufrimos a diario.

Pese al trabajo de organizaciones LGBT por visibilizar los ataques que sufre el colectivo, el porcentaje de las agresiones que se denuncian sigue siendo ínfimo. Esto se debe, en parte, a la propia naturalización de la discriminación que sufrimos tanto en las calles como en nuestro entorno laboral o familiar, pero también a la desconfianza en las instituciones, funcionales a un sistema que castiga y rechaza todo tipo de disidencia sexual o de género.

Debemos enfrentar los discursos y políticas que alimentan las agresiones y crímenes de odio. Hay que combatir a la ultraderecha de VOX, a la derecha reaccionaria del Partido Popular y a todas las instituciones que fomentan esta alarmante situación, como la justicia o la Iglesia. Pero también debemos denunciar de forma directa a quienes -en nombre del progresismo- ni combaten a estas organizaciones ni responden a nuestras exigencias para garantizar nuestros derechos fundamentales. Sin ir más lejos, el gobierno PSOE-Podemos ha cedido a las presiones de organizaciones abiertamente tránsfobas y ha rebajado las demandas del colectivo trans, diluyendo una ley Trans más que necesaria en una ley LGBT que deja fuera cuestiones fundamentales como la autodeterminación de género de los y las menores de 14 años o de todas las personas en situación administrativa irregular.

El repudio a las agresiones LGBTfóbicas no puede venir de la mano de exigencias como la reforma del código penal o la ampliación del cuerpo policial, porque éstas son medidas que siempre acaban jugando en contra del colectivo LGBT, de las mujeres y de la clase trabajadora. Lo que necesitamos son protocolos efectivos en los centros de estudio y de trabajo con comisiones investigadoras independientes. Necesitamos políticas de prevención y reparación y recursos para poder aplicarlas efectivamente; es falso el discurso de que no hay presupuesto para políticas públicas: la iglesia Católica recibe aproximadamente 11 mil millones de euros anuales, mientras que al Ministerio de Igualdad se han destinado, en 2020, poco más de 451 millones de euros. No falta presupuesto, falta voluntad política.

La desbordante respuesta ante el asesinato de Samuel nos marca el camino: debemos salir a la calle masivamente a denunciar la violencia estructural que sufrimos a diario. Pero ante la impasibilidad de las instituciones y la impunidad de los agresores también debemos y necesitamos seguir desarrollando la auto-organización y la autodefensa. Tenemos la tarea urgente, alrededor del mundo, de organizarnos de forma independiente a los gobiernos y a las instituciones; de coordinar internacionalmente la lucha para combatir los crímenes de odio, la homolesbobitransfobia y el machismo. La unidad estratégica del movimiento LGBT y de las disidencias, del movimiento feminista, y de todos los y las oprimidas con el conjunto de la clase trabajadora es clave, porque nuestras opresiones tienen un origen y un enemigo común: este sistema capitalista, imperialista y patriarcal, que nos oprime y explota, que nos violenta y nos mata, para mantenernos sumisas y disciplinadas. Por eso, para acabar realmente con la violencia cisheteropatriarcal, necesitamos acabar también con el sistema capitalista.

Cris Darriba