La ley de Extranjería ha mantenido durante décadas a los menores y jóvenes migrantes en el abandono, la exclusión laboral y la marginación social. Miles de menores tutelados son abandonados por la administración al cumplir la mayoría de edad, sin derecho a trabajar y sin regular su situación legal.

Este tremendo despropósito es el que se pretendía rectificar. El gobierno se felicita por la reforma, sin embargo, esta es simplemente acabar con la “anomalía” española para acercarse a los cánones europeos. El real decreto apenas ayudaría a 15.000 personas entre los aproximadamente 8.000 menores tutelados y los mayores de edad hasta los 23 años.

Se reduce el plazo de nuevo a tres meses para iniciar la tramitación de la documentación de los menores no acompañados, hecho que según aclara el ministerio no significa que la devolución de un menor deje de ser posible cuando consigue sus papeles. La autorización inicial de residencia pasa de uno a dos años y llevara unido el permiso de trabajo a partir de los 16 años.

Esta reforma ha pasado por el “cepillo” del ministro del Interior Grande-Marlaska, que siempre ha estado contra cualquier mejora en los derechos de los y las migrantes. Ha impuesto los tres meses para empezar la tramitación de los papeles, en lugar de los quince días que planteaba el proyecto inicial, y la ausencia de antecedentes penales para conceder los permisos, pudiendo ser negados o retirados si ya se tenían.

Esta “reforma” ha visto la luz gracias a la lucha de miles en las calles, reclamando derechos y papeles. La lucha es la herramienta imprescindible para acabar con toda la ley de Extranjería (discriminatoria, racista y clasista) que mantiene a 600.000 personas en la explotación laboral. Una reserva que aprovechan empresarios de sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, entre otros. Y utilizada para presionar a toda la clase obrera, manteniendo salarios de supervivencia o degradando las condiciones de trabajo.

Hay que abolir toda la ley de Extranjería, y regularizar a todas las personas sin papeles ni derechos. Esta debería ser una prioridad de los sindicatos, partidos y todos los colectivos que defienden los derechos laborales democráticos o humanos.

Txema Morillo