El Turó del Drac de Canet es el centro del ataque contra la escuela catalana, pero ya son una treintena los centros que tienen órdenes judiciales directas de dar el 25% de sus clases en castellano. El gran eco mediático de la campaña puesto en marcha por la derecha, las advertencias de un 155 educativo del PP, las graves acusaciones contra la escuela pública catalana y contra los docentes y familias, inevitablemente nos llevan a revivir el caso de El Palau de en octubre de 2017.

El ataque a la inmersión lingüística viene de lejos

No es la primera vez que la escuela en catalán está en el punto de mira de un nacionalismo español que tiene en el sistema judicial y el régimen un seguro aliado. La educación es el único reducto donde la presencia del catalán es mayoritaria por la inmersión lingüística, y necesitan desmantelarla.

El ataque a las lenguas es una característica común de los Estados opresores que tratan de hacerlas desaparecer para negar estas realidades nacionales. En el estado español se ha visto bien claro durante el franquismo y, más recientemente con la propia LOMCE de 2013, aquella que –como decía el ministro- quería “españolizar a los niños catalanes”. Donde el PP pudo, como en el País Valencià, retrocedió la lengua. O con el intento fallido de instaurar el TIL en Ses Illes, que fue tumbado gracias a la ejemplar lucha de la Asamblea de Docentes a la que se añadió toda la comunidad educativa. La derecha ha contado con la complicidad del PSOE, por activa o por pasiva.

Pero el ataque contra la inmersión no es sólo un ataque contra la lengua catalana. Con el traspaso de competencias, en 1980, comenzó la enseñanza del catalán, y como en el resto de CCAA, la posibilidad de escuelas en catalán, allí donde la lengua materna mayoritaria fuera la catalana. Esto generaba escuelas diferenciadas por lengua materna –años después, en Valencia o Euskadi sería por opción-. Una de las bases de la reivindicación de las escuelas de Santa Coloma de Gramenet, con familias mayoritariamente de habla castellana que realizan las pruebas piloto en el 83-84, no era sólo la defensa del catalán, sino el fin de la discriminación de las criaturas por lengua, y por tanto considerar ésta como herramienta de cohesión social con independencia del origen. Quieren, por tanto, acabar con esta cohesión definida en torno a una lengua común.

La responsabilidad del Gobierno de la Generalidad

Ante la sentencia del TSJC de la aplicación general del 25% en castellano en todos los centros educativos, el Departament d’Educació y el Govern, primero responden con grandes gesticulaciones y advertencias que no lo aplicarán, para pasar, una vez más, a acatar. La Generalitat se escuda en la nueva ley de educación de nivel estatal porque, según dicen, "la LOMLOE blinda la inmersión lingüística en Cataluña". La derecha del 155 ya ha impuesto denuncias ante el TC a la propia LOMLOE por considerar inconstitucional justamente esta parte de la nueva ley educativa del PSOE.

¿Qué hará el Gobierno si falla ese «blindaje legal» de la LOMLOE en la que tanto confía? Porque con la treintena de centros afectados por las medidas cautelares, sobre todo antes de que saliera a la luz el caso del Turó del Drac, la posición del Departament ha sido acatar y callar, como ya quiso hacer con el caso del IES El Palau. El ataque al Palau era con acusaciones de adoctrinamiento, ahora es por la lengua, pero ambos casos quieren cargarse la escuela catalana.

Y entonces, ¿cómo defendemos la inmersión lingüística?

No hay otro camino que impulsar la movilización. Últimamente hemos visto campañas, algunas del propio gobierno, en defensa de la lengua, que ponen el peso en la responsabilidad individual. También es necesario defender la lengua en estas situaciones cotidianas. Pero la responsabilidad recae en las instituciones y políticas que aplican. Y los recursos que se ponen a disposición de la escuela pública.

Y la política de ERC es ayudar a la estabilidad del gobierno PSOE-Podemos, por ejemplo apoyando los Presupuestos Generales del Estado, un Estado que no afloja ni una brizna ni la represión ni ahora el ataque al catalán, en una muestra más de debilidad y sumisión. Tanta como esperar avances con la mesa de diálogo. El argumento falso es siempre que aún puede ser peor si entra la derecha, por lo que van bien al PSOE las gesticulaciones sobre el 155 educativo de Casado. Pero este camino nos ata de pies y manos.

Como ocurre con las leyes sociales suspendidas por el TC, la solución pasa por la movilización y la desobediencia, algo que ERC y JxC ya han venido demostrando que no harán. La comunidad educativa debe responder en primera persona en defensa de la inmersión, pero no puede hacerlo poniéndose de manera acrítica junto al Gobierno que lo está dejando caer. No sólo con los acatamientos en los ataques judiciales, sino con los recortes todavía vigentes y las reducciones de las aulas de acogida o de dotaciones por máxima complejidad en centros del cinturón industrial. Por eso no podemos aceptar unos Presupuestos de la Generalitat que no potencian la escuela pública catalana, que aumentan la dependencia hacia el estado y las privatizaciones.

Es necesario un encuentro de organizaciones sindicales y plataformas en defensa de la escuela pública y de la lengua, que acuerde una plataforma y un plan de lucha en defensa de la inmersión lingüística y de la educación pública de Catalunya.

Defendemos el 100% en catalán en TODOS los centros educativos de Catalunya.
Exigimos más recursos (más profesorado, bajada de ratios, aumento de aulas de acogida) por una escuela pública, de red única y gratuita, de calidad y en catalán.

Lucha Internacionalista
18/12/21