El jueves 16 de diciembre las estudiantes universitarias hicimos huelga en contra de la propuesta de ley de quien entonces era el Ministro de Universidades, Manuel Castells. La manifestación, convocada por la Coordinadora de Asambleas Interuniversitaria (CAI) bajo el lema «Paremos la Ley Castells», reunió a más de un millar de personas y tuvo su punto álgido en la Delegación del Gobierno Español en Catalunya.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), conocida por el nombre de Ley Castells por su promotor, es un proyecto que persigue tender al modelo privatizador de las universidades que ya es predominante en la mayoría de Europa (con el llamado 3+2 , 3 años de grado universitario y 2 de máster) y en Estados Unidos.

Uno de los elementos clave para avanzar en estas políticas es el papel de las empresas privadas en la Universidad. En los últimos años, su presencia ha aumentado significativamente en muchos aspectos: se han apoderado de todos los servicios y tareas de mantenimiento de las universidades - menguando la calidad del servicio, aumentando los precios y empeorando las condiciones de trabajo y el sueldo de las trabajadoras- y se han lucrado de las llamadas prácticas en empresa, una forma de explotación de las jóvenes, que a menudo pasan a trabajar de forma gratuita para una empresa sin que la tarea que llevan a cabo implique ni siquiera un aprendizaje.

En este marco, la Ley Castells pretende dar un paso más adelante y aumentar el poder del sector privado en los espacios de decisión de las universidades públicas dotando de más competencias al Consejo Social, un órgano en el que la patronal tiene directamente representación. Este espacio tiene competencias tan significativas e importantes como la programación y gestión de la actividad universitaria, la búsqueda y supervisión de la financiación de las universidades y la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad y sus modificaciones. Estas atribuciones, en manos de la patronal o condicionadas por sus intereses, implicarán una elitización del sector, la privatización de los servicios y, al fin y al cabo, poner la Universidad Pública al servicio de los intereses privados.

Además, una Universidad Pública infrafinanciada es la guinda del pastel que necesita el sector privado para invertir y financiar la investigación pública, estableciendo los criterios de investigación y adaptándolos a sus necesidades en lugar de a las de la sociedad. La pandemia de la Covid-19 nos ha demostrado que necesitamos una investigación pública fuerte e independiente de los intereses del Capital. Por ello, defendemos la lucha conjunta de las trabajadoras de la Universidad y las estudiantes, por unos contratos y condiciones dignas de trabajo del personal investigador que repercutan en una mejora de la labor docente e investigadora.

Por si fuera poco, la Ley Castells también profundiza la infrarrepresentación del estudiantado en los órganos de la Universidad, ya de por sí paupérrima. Entre otros, permite la reducción del número de miembros en el claustro, el órgano que supuestamente dirige la Universidad y donde tienen representación el Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servicios (PAS) y las estudiantes. Aunque esta representación es ya actualmente simbólica y meramente consultiva, un retroceso de este tipo profundiza en la intención de dejar fuera de los espacios de decisión uno de los elementos más dinámico y combativo que hay en la Universidad, el movimiento estudiantil. La LOSU, además, tampoco regula las prácticas en empresa ni da respuesta a la emergencia lingüística del catalán, que también afecta al sistema universitario.

La huelga del 16 de diciembre también se convocó en contra de la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), impulsada por el propio Castells. Esta ley establece la creación de una Comisión de Convivencia en las universidades que será la encargada de clasificar las faltas cometidas por las estudiantes en tres tipos: leves, graves o muy graves. Para las primeras la sanción será una amonestación privada o una acción "educativa" y "recuperadora". Para las segundas, se contempla la expulsión de hasta un mes o la pérdida de derechos de matrícula durante un curso académico de la asignatura en la que se haya cometido la falta. Por último, las faltas muy graves serán sancionadas con la expulsión de 2 meses a 3 años o la pérdida de los derechos de matrícula durante un curso académico. Esta nueva ley es una herramienta más para profundizar en la represión del movimiento estudiantil, tipificando como falta grave, por ejemplo, el impedimento de la “celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia de conocimiento”, un mecanismo de lucha recurrente cuando se realizan huelgas o movilizaciones.

Desde Lucha Internacionalista, consideramos la huelga y la manifestación del 16 de diciembre, un paso adelante del movimiento estudiantil, que se opone frontalmente a la privatización de una Universidad Pública que queremos gratuita, de calidad y al servicio de las clases populares. No es casualidad que esa misma tarde el Ministro Castell dimitiera de su cargo. Este hecho seguramente se debe más a la debilidad del Gobierno que a la fuerza, actualmente en proceso de recuperación, del movimiento estudiantil. Sin embargo, sí reafirma el hecho de que la lucha es el único camino para avanzar.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la organización asamblearia y de base de las estudiantes y las trabajadoras de las universidades, ¡para que la huelga del 16 de diciembre sea sólo el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones que vacíen las aulas y llenen las calles!

Marc del Alcázar Julià