El 17 de enero de 2019 se organizó una respuesta antifascista a la presencia de VOX en Zaragoza. Como en todas las expresiones populares de rabia se vio claro cómo la policía reprimía la manifestación, protegiendo a la ultraderecha. La represión empezó a actuar con las porras y siguió con detenciones y la puesta en marcha de todo el engranaje judicial.

La detención, como la mayoría, fue chapucera y prácticamente ilegal. No se permitió la comunicación a algunos de los acusados, se les intimidó en las dependencias policiales, se les acusó sin pruebas y el atestado policial lo desarrollaron horas después de las detenciones y de los propios hechos.

En palabras de uno de los acusados: ¿Has hecho algo de lo que te acusan?” “No, sólo fui a la manifestación. La policía se volvió como loca y empezó a gritarnos que nos fuéramos de allí… y nos íbamos de allí. Si éramos cuatro gatos… pero entonces empezaron a pegar… pegaban muy fuerte a todo el mundo y nadie estaba haciendo nada malo…”

7 años de prisión por estar presentes en una manifestación, sin que haya pruebas concluyentes de los actos de los que se les acusa. El sistema judicial burgués no necesita ninguna prueba de disturbios, de resistencia a la autoridad o cualquier otro motivo. Tan sólo ir en contra del derecho a manifestación es suficiente para enviarlos a prisión.
Durante el juicio la única prueba aportada fue la grabación de los servicios de seguridad del campus universitario, en la que no se podía identificar a ninguno de los participantes.
“…la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en la mentada grabación resultó imposible para la Sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz dada la hora de los hechos…”

También se demostraron las contradicciones de los agentes de policía a la hora de identificar a los acusados. La respuesta del juez sobre las contradicciones en las declaraciones de la policía:
“En cuanto a las supuestas contradicciones detectadas entre lo manifestado por algunos de los agentes en las comparecencias practicadas en la instrucción con lo declarado en sede plenaria no cuestionan su veracidad.”

Pero aún así la sentencia fue brutal. Recogía penas máximas de tres años, dando toda la validez a los atestados policiales y la veracidad que se le presupone por ley a la policía.

El juez de la audiencia provincial de Zaragoza, Carlos Lasaja, procede de una tradición familiar de jueces. Su padre, juez durante el franquismo, transitó del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Provincial con total impunidad. Su hermano también es juez.

Los encausados ​​y las familias comienzan una campaña por el recurso, trabajando con la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y con el apoyo y muestras de solidaridad de otras organizaciones de todo el estado. Lejos de esta protesta modificas las previsiones judiciales, en su revisión por el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, añaden un año más de condena a uno de los acusados.

Ellos lo tienen claro, iban contra los seis de Zaragoza porque se manifestaron contra el odio de la ultraderecha.

Construir la solidaridad, que ya ha logrado que este caso no quede en el olvido, será la única forma de evitar que casos como este se repitan. La única respuesta es colectiva! Avancemos con la coordinación del movimiento antirepresivo!

¡Todo el apoyo y la solidaridad desde Lucha Internacionalista!

Isarn Pardes