El Consorci de Serveis de Barcelona (en adelante Cssbcn) es un Consorcio integrado por la Generalidad de Catalunya (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%), creado por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

En 2006 el Cssbcn inicia su actividad y se empiezan a formalizar los primeros contratos de trabajo al personal por la gestión administrativa. A partir de 2008 y 2009 comienzan los traspasos por la gestión directa de diferentes Centros residenciales para la atención de mujeres y niños víctimas de violencia machista, personas con diversidad funcional y discapacidad, y de niños y adolescentes tutelados. Actualmente, el Cssbcn gestiona principalmente la totalidad de los recursos residenciales de la ciudad de Barcelona al servicio de la infancia y la adolescencia, personas con discapacidad y mujeres, así como diferentes recursos residenciales de jóvenes y personas con drogodependencias, formando también parte del sistema de información y atención a la ciudadanía sobre autonomía personal y dependencia.

Debido al cumplimiento de la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Cssbcn se vio obligado legalmente durante el año 2021, a publicar en su portal de transparencia diferentes informes de auditoría de cuentas de los últimos años. Era un puro trámite que debían hacer obligados por ley. Sin embargo, estos informes fueron colocados expresamente en una pequeña sección de su página web, donde no era fácil encontrarlos y se dificultaba su lectura, posiblemente para no ser, ni leídos, ni descubiertos por nadie.

Pero hace 3 años, el Sector Social de la CGT, entraba con fuerza en el Comité con dos delegadas, y en menos de un año ya logró que las trabajadoras de la única Casa de gestión pública de Acogida de Mujeres con sus hijos, víctimas de violencia machista, entraran por fin, en el VI Convenio de Personal Laboral Público de trabajadoras de la Generalitat, ya que hasta entonces era el único Centro de trabajo de gestión directa del Consorcio que tenía trabajadoras y profesionales todavía con el precario Convenio Privado de Acción Social, cobrando un promedio de 400€ menos que el resto de plantilla. Después de más de 10 años de injusticia y de que el sindicato tomara forma e iniciara la lucha con compañeras luchadoras de este centro de trabajo, en sólo un año en el Comité y bajo la amenaza de empezar movilizaciones y denuncias contra la empresa, el Cssbcn y el Departament finalmente aceptaban hacer entrar a todas las trabajadoras en el Convenio Público, como era de justicia.

Pero la CGT no sólo se presentó y entró en el Comité para trabajar por los derechos laborales y sociales de trabajadoras y usuarias, sino también para luchar contra todo tipo de corrupción.

En este sentido, era vox populi y chismorreo de pasillos que el Cssbcn, especialmente durante sus primeros años, se había convertido en una maquinaria de ciertos partidos de gobierno para enchufar amiguitas y dar contratos a falsas fundaciones de amigos y no una institución que había de garantizar los derechos sociales de la ciudadanía de Barcelona.

Y empezamos a investigar durante días y semanas, analizando detalladamente la información de las auditorías, cruzando datos con empresas y falsas fundaciones donde otras compañeras del sindicato también han luchado y denunciado mala praxis y empezamos a encontrar de todo y más.

De los sólo 3 años fiscalizados por auditorías, sumando las diferentes partidas e informes, encontramos sobresueldos por encima de convenio pagados principalmente a los Jefes de Servicio (y que la misma auditoría define como ilegales, ya que incumplen diferentes artículos de la Ley de Presupuestos de la Generalitat) de 352.379,97€ para el año 2015, 328.726,40€ para el año 2017 y 256.000€ para el año 2019. La misma auditoría indica que estos sobresueldos se habrían pagado cada año desde la creación del Cssbcn, por tanto, estaríamos hablando de más de 10 años de sobresueldos similares y de una cantidad de más de 3 millones de euros.

Seguimos investigando y encontramos también un informe de la misma Sindicatura de Comptes donde afirma que en 2014 ya se alertaba de que se habían pagado hasta 3 pagas extras a algunos trabajadores “privilegiados”, y que en el estado de remanente de tesorería faltaban 612.018€ según las cuentas de la propia Sindicatura, además que la mayoría de contratos para la gestión de servicios públicos se habían formalizado sin ningún tipo de publicidad, transparencia ni concurrencia pública, o sea que fueron dados a dedo. De los 27 expedientes fiscalizados, 23 habían sido dados a dedo, llegando a repartirse hasta 20 millones de euros a empresas y fundaciones sin ningún tipo de procedimiento abierto, transparente y fiscalizador, y eso sólo para el 2014.

Unas irregularidades que las propias auditorías de 2015 y 2017 afirmarían que se siguieron repitiendo. En 2015 se citan pérdidas de hasta 731.000 € de los ejercicios 2013/14, pero especialmente grave es la auditoría de 2017 donde se dice explícitamente “no se dispone de manuales del circuito de caja en los que se determine el uso de efectivo y el control” o que “se ejecutó gasto por importe de 957.840€ por la que no se disponía de crédito” y que el “Consorcio ha pagado de forma duplicada nóminas y diferentes conceptos retributivos”.

En cuanto al cumplimiento de normativa en materia de contratación para la gestión de servicios públicos, vuelve a citar cómo se realizan contratos sin publicidad, libre concurrencia, transparencia y fiscalización tal y como marca la legalidad, dando decenas de millones de euros para gestionar servicios sociales públicos en distintas empresas y fundaciones de forma irregular y sin control. Curiosamente algunos de estos contratos dados a dedo y fiscalizados por la propia auditoría, tienen graves irregularidades como, por ejemplo, el de la Fundación Intress que incluye facturas “inventadas” de 10.000 euros mensuales para equipos técnicos interdisciplinarios que no constan en el contrato, o en otro contrato de atención psicosocial por valor de 110.304 euros se aportan facturas por sólo 4.689,84 euros.

Casualmente también, cuando analizamos algunas de estas fundaciones y empresas, encontramos, tal y como ocurrió con el antiguo director general de la DGAIA, en el caso Ricard Calvo, vínculos con partidos de gobierno y con políticos y empresarios corruptos sin escrúpulos que sólo buscan el lucro económico.

Casos graves de puertas giratorias donde el gerente de la antigua Convergencia del Cssbcn, el Sr. Josep Pera, firma de forma ilegal un contrato millonario con una Fundación gestionada por un cargo político de su mismo partido, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Olot, primero por Convergència y ahora por JunsxCat, el Sr. Estanislau Vayreda, y donde se encuentra de gerente durante unos años el propio Ricard Calvo y donde también hay como patronos de la Fundación destacados miembros de ERC y la antigua CiU, como Santi Vila o Joan Puigcercós. Es curioso que mientras se firmaban de forma ilegal estos primeros contratos de gestión entre el Cssbcn y esta Fundación llamada FASI, el patrón tesorero fue primero Joan López y Carol ex-teniente de alcalde por ERC en Vic, para seguidamente tomar el cargo y llevar las cuentas Robert Fauria y Donés ex-alcalde de Sant Hilari Sacalm y ex-presidente del Consejo Comarcal de La Selva por CiU, imputado por soborno, tráfico de influencias, malversación de fondo público y falsificación documental. Puede parecer increíble, pero no lo es, la hemeroteca y los papeles conseguidos nos confirman; un político imputado por casos graves de corrupción, administra la tesorería de una Fundación social (llena de políticos de CiU y ERC como patronos y directivos) que gestiona diferentes centros de menores con contratos por valor de varios millones de euros anuales de dinero público, ¡ahhh y no olvidemos!, con una importante inmobiliaria propiedad de la misma fundación a la que se paga con dinero público unos alquileres por los pisos y casas donde se encuentran los Centros de Menores que quintuplican el precio de mercado, tal y como destapó el diario Crítico en 2017.
Seguimos investigando, y de repente encontramos otra de estas Fundaciones que había recibido contratos de forma fraudulenta por parte del Cssbcn; la Fundación Cassià Just, que tiene el objetivo de ofrecer oportunidades de trabajo a personas con trastorno mental y riesgo de exclusión social. Una fundación, que está presidida por el antiguo Consejero por CiU Josep Cleries, y que tiene como tesorero, un empresario constructor investigado por corrupción del famoso 3%: el empresario Josep Miarnau Montserrat, consejero delegado de la constructora y corporación COMSA, imputado por el caso 3% con los delitos de tráfico de influencias y cohecho para obtener licitaciones públicas de administraciones controladas por Convergència. Pues bien, este personaje es el flamante Patrón Tesorero de esta Fundación social que recibe millones de euros de dinero público.

Vergüenza, rabia, frustración es lo que sentimos cuando encontramos toda esta información, y una bola de nieve que se incrementa, llena de corrupción, irregularidades y nepotismo, con Fundaciones que, recordemos, gestionan servicios sociales públicos.

Pero es que no sólo ha habido contratación de servicios de forma fraudulenta, además de una posible corrupción con dinero público para la gestión de servicios sociales, sino que en cuanto al procedimiento de selección de personal del Cssbcn, la propia auditoría del año 2017 especifica que "no hay evidencia de que se dé cumplimiento a los principios de igualdad, mérito, capacidad y concurrencia que establece la normativa básica" o sea, que ha habido "nepotismo-enchufe" a la hora de contratar personal.

Y aquí es donde, después de pedir una relación de puestos de trabajo, con categoría, y forma de contratación por parte de la CGT, observamos que la mayoría de Jefes de Mando, los mismos que han cobrado pluses de cientos de miles de euros por encima de convenio, se encuentran en una relación de fijeza laboral, sin ningún tipo de concurso ni oposición pública, y desde el inicio de su relación laboral con la empresa. Casualmente, ¡mira tú, qué casualidades tiene la vida y la contratación en la administración pública!, que algunos de estos jefes de mando y personal que tienen fijeza laboral como por arte de magia, tienen carné político de ERC y fueron contratados cuando el gerente era el Sr. Ramon Lamiel, cargo político de confianza por ese mismo partido.

Así que, mientras decenas de trabajadoras del Cssbcn, algunas de ellas con 30 años en la administración pública, se encuentran en una situación de interinaje y temporalidad en fraude de ley, otras, sin ningún procedimiento administrativo, concurso, ni proceso de selección, tienen una relación de fijeza laboral desde su primer día de contrato.

Cabe decir que antes de denunciar todo esto de forma pública y notoria con un comunicado público y filtrando cierta información en algunos medios de comunicación para que también lo hicieran público, desde la CGT lo pusimos en conocimiento del Comité y todavía estamos esperando que UGT, sindicato mayoritario y quien tiene la presidencia, condene públicamente esa corrupción y nepotismo. Sin embargo, lo que sí han hecho los flamantes asesores de este sindicato amarillo de la patronal es avisarnos, con tics amenazadores, como correas transmisoras de la empresa y de ciertos “capos de tutti”, de que estamos sobrepasando una línea que no tiene vuelta atrás, y que estas denuncias tendrán consecuencias.

Mientras, con una sonrisa en los labios, las dos delegadas por la CGT en el Consorci, así como su sección sindical y el conjunto del Sector Social CGT, estamos orgullosas de formar parte de un sindicato combativo, de clase y anarcosindicalista que denuncia, reivindica y lucha por un nuevo mundo. Y firmes y combativas, seguiremos con el compromiso de denunciar toda praxis corrupta, especialmente aquélla que especula y se lucra con la precariedad y la miseria de las personas más vulnerables, a la vez que seguiremos reivindicando unos servicios sociales públicos, gestionados de forma pública con la participación activa de trabajadoras y usuarias como único modelo válido para garantizar los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía.

Robert Morral
Delegado del SECTOR SOCIAL CGT ENSEÑANZA BCN
en el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona