La última quincena del mes de marzo hubo un total de 6 jornadas de huelga de los y de las trabajadoras de la educación pública de Catalunya. Las 5 jornadas históricas convocadas por todos los sindicatos, y otra específica para exigir al Gobierno la defensa de la inmersión lingüística ante la sentencia del TSJC de aplicación general del 25% en castellano en todos los centros educativos, así como más recursos para hacerla posible. Mientras esto ocurría, ERC estaba en los despachos... pero no para atender a las exigencias de las movilizaciones, sino para satisfacer las de los aparatos judiciales y poderes del estado que pretenden acabar con el catalán en la escuela pública.

A finales de marzo ERC, PSC, Comuns y JxC anunciaban un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística de los centros educativos de Catalunya. El acuerdo se presentó con el argumento de evitar la sentencia del 25%, pero su contenido evidencia que puede ser peor que la propia sentencia. El texto pactado sigue hablando del catalán como lengua vehicular, pero añade: «También es empleado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro.» Es decir, se reconoce por primera vez el castellano como lengua de uso en las escuelas para ser utilizado en la enseñanza de cualquier materia y, por tanto, anula la inmersión lingüística, ya que su base es justamente que todas las materias que no son la enseñanza de otras lenguas, como el castellano o el inglés, se realizan siempre en catalán.

Además, se deja a criterio de cada centro (y esto con la pérdida de democracia generada por la propia Ley de Educación de Catalunya significa, generalmente, a criterio de las direcciones) qué porcentaje se haría en castellano. Si la sentencia del TSJC habla de un 25% para todos los centros, con este acuerdo podríamos encontrar centros que realizaran el 50% de las áreas en castellano. Y lo que es aún más grave, podríamos encontrar centros en la misma localidad o barrio con porcentajes de uso de ambas lenguas significativamente distintos. Es decir, se abre la puerta como nunca antes a la segregación entre centros por razones de lengua.

El argumento (o excusa) de esta flexibilización es que las necesidades lingüísticas de los diferentes territorios de Cataluña son diferentes y que, por ejemplo, en el Baix Llobregat hacen falta más horas de catalán que en las comarcas de Girona... es justamente la posición del PSC después de abandonar la defensa de la inmersión lingüística que tenía en su inicio. La realidad es que esta flexibilidad puede acabar respondiendo más a las presiones que reciba cada centro o territorio que a sus necesidades pedagógicas. Y más aún, en el actual contexto que han generado los últimos Gobiernos de la propia Generalitat: por un lado, fomentando la competencia entre centros (y, por tanto, la tendencia de ofrecer lo que quieren los usuarios para tener más demanda) y por otro, abandonando el espíritu inicial de la inmersión, fundamentado en la cohesión social y que, en sus inicios, implicaba recursos adicionales donde más falta hacían.

El acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística suprime también una parte del texto actual que habla de la atención y soporte lingüístico específico que debe recibir el alumnado recién llegado a Catalunya. Esta cuestión ya la venían incumpliendo los últimos gobiernos de la Generalitat: tanto recortando en recursos generales para atender al alumnado (por tanto, también en materia lingüística), como en la reducción progresiva (casi total) de las aulas de acogida (soportes en grupos muy reducidos al alumnado inmigrante de procedencia con hablas no catalanas).

Este pacto es, en definitiva, un ejemplo gráfico de la voluntad de los partidos que lo sustentan de acordar una realidad política de autonomismo que quieren presentar de forma más amable que el 155 del PP (y del PSOE/PSC, que forma parte), pero que va en el mismo sentido. Seguramente por ello, al cierre de este artículo, JxC ha vuelto a pedir un aplazamiento de su aprobación en el Parlament viendo que, tanto la plataforma Pública y En Català (CGT Ensenyament, USTEC, Intersindical-CSC, COS, SEPC y aFFAc, con apoyo de la CUP) como la propia ANC, convocaban movilizaciones en contra. La Ley, que debía aprobarse el 29 de abril queda aplazada otros 15 días, en una muestra más de debilidad del Govern. Por tanto, se debe seguir presionando hasta el final para detener este acuerdo y exigir al gobierno la defensa real de la inmersión lingüística, que pasa por desobedecer verdaderamente la sentencia del TSJC en lugar de disimularlo con medidas que pueden ser más nocivas que la propia sentencia.

Pedro Mercadé
delegado sindical de la escuela pública