Siempre hemos dicho que la crisis económica hace aflorar la corrupción del sistema. Pero lo que estamos viendo últimamente va más allá. Y recordaría algún otro momento en que la burguesía quiere quitarse de encima a los gobiernos “progresistas” -que no son directamente los suyos- y considera que ya pueden tomar las riendas del estado los partidos directamente burgueses, los “suyos”. Para eliminar unos y facilitar la llegada de otros, muchas veces hace caer a los socialdemócratas sacando a la luz todas sus vergüenzas. Fue el caso de Felipe González al que le sacaron los cadáveres de Lasa y Zabala de hacía más de 10 años, y removieron el GAL, poniéndolo a la cabeza de la organización parapolicial contra ETA, hasta que Aznar le pudiera escupir en la cara lo de “¡Váyase, Sr. González, váyase!”: ya había hecho el trabajo sucio. La pregunta es, ¿estamos ante una de estas inflexiones, en la que la burguesía es la que impulsa un cambio de ciclo?

Una política económica antiobrera y brutal

La política de este gobierno PSOE-PCE/IU-Podemos, ha sido brutal para los trabajadores, abriendo en forma exagerada las tijeras de las diferencias sociales. Oxfam, a finales de mayo, denunciaba el aumento de los mil millonarios en el estado durante la pandemia y que los que ya lo eran antes, se han enriquecido 6,8M de euros al día entre 2020 -2022.

En el otro lado estamos quienes pagamos la fiesta con la criminal estafa de reforma laboral de Yolanda Díaz. Han aumentado si, los contratos indefinidos -1,7 millones de enero a abril, un 180% más-, sin embargo y a la vez, la pobreza laboral que supera el 12% de los ocupados. Sánchez presume en Andalucía, de los 1.000 euros de salario mínimo y los 20 millones de ocupados (1) –que tanto había prometido Rajoy y nunca llegaron-, pero no explica por qué somos más pobres, aunque el paro ha bajado de los 3 millones. Y es que, al no derogar las reformas laborales, y no encarecer el despido, hay mucha más rotación de puestos de trabajo de un lado y un 51% de estos indefinidos son fijos-discontinuos o a tiempo parcial. En conclusión, por más que se suba el salario mínimo, si no se trabajan suficientes horas, no se llega a fin de mes y la tasa de pobreza aumenta. Hace 15 años (2007) había 2,3M de trabajadoras con jornada parcial, en 2022, hay 2,8 M y por tanto, se trabajan menos horas: en 2008, se registraron 9.100M de horas trabajadas, frente a los 8.500M de ahora.

En esta situación, se disparan los precios con una inflación desbocada del 8,9% en junio (¡al 9,8 en marzo!), mientras los sueldos y pensiones de 2021, se “actualizaron” entre un 2 y un 3%; la pobreza energética afecta a 4,5M personas, 6 veces más que en marzo que el año anterior, y supera en muertes (7.100 al año) los accidentes de tráfico en el estado, mientras llevan meses negociando un tope del gas… porque incomoda a las eléctricas; los desahucios no se detienen (7.300 en Catalunya, 3.500 sólo en Barcelona previstos para el 2022) y los sintecho, sólo en Catalunya, llegan a 53.118 entre quienes duermen al raso o lo hacen en refugios o viviendas inseguras o inadecuadas... Y, mientras los empresarios ya han repercutido los aumentos de carburantes y materias primas en los precios, se niegan a ningún acuerdo de aumentos salariales, y el Banco de España quiere forzar un Pacto de Rentas que desconecte definitivamente aumentos salariales y de pensiones del IPC.

Afloran las cloacas del estado

La existencia de las cloacas no son una sorpresa, especialmente en un régimen heredero del franquismo que nunca rompió con la impunidad que dan los regímenes dictatoriales. El tema es saber leer cuando van tan llenas que revientan y porque lo hacen.

Cuando el laboratorio de la Universidad de Toronto, Citizen Lab destapó el espionaje de más de 60 personas ligadas al “procés”, todos los ojos se volvieron hacia el gobierno, con la evidencia de que el programa Pegasus de la empresa israelí NSO, sólo se vendía a gobiernos. Es decir que, se ponía sobre la mesa que alguno de los cuerpos de seguridad del estado (CNI, policía, guardia civil), con o sin autorización política, estaban detrás del espionaje que llegaba al hoy presidente Aragonés, y los abogados del proceso, entre otros. El hecho abría una grave crisis con ERC, JxC, Comuns. Por menos –sólo escuchas telefónicas-, en 1995 y bajo el gobierno González, del PSOE como ahora, saltaron el ministro de defensa García Vargas, el jefe del CESID, general Manglano y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

El grosero intento del gobierno de desviar la atención, haciendo públicas las infecciones con Pegasus de los teléfonos de Sánchez y Robles, un año antes, no sólo no lo consiguieron, sino que añadieron la constatación de una enorme brecha de seguridad, fuera de indefensión ante Marruecos –si así era- o, peor aún, de sectores incontrolados de los propios cuerpos de seguridad. La “sustitución” de la directora del CNI, Paz Esteban, por otra estrecha colaboradora de Robles, ratificaban el aval del gobierno -tanto desde defensa como del propio Sánchez- al espionaje a 18 independentistas por parte del CNI. La diferencia hasta los 60 detectados por Citizen Lab, quedarían por fuera del control del Gobierno, o al menos, así prefieren dejarlo. El reforzamiento del ala más íntimamente ligada a las cloacas del estado de Robles, defendida públicamente por Feijoo, lleva a un alejamiento relativo de sus socios de gobierno que, al igual que los independentistas pedían su cabeza.

De hecho, las consecuencias se escenificaron pronto en la negativa de ERC y JxC a votar el decreto de medidas urgentes por la crisis de la guerra de Ucrania, que se salvó con Bildu; y posteriormente con el giro hacia las grandes patronales audiovisuales que permitieron la abstención del PP. Todo esto podría repetirse con el próximo voto de los planes de pensiones de empresa, que parece salvará Bildu…

Mientras, por si fuera poco, Villarejo sigue haciendo públicas las múltiples grabaciones con las que pone en marcha el ventilador: falsificación de denuncias contra dirigentes independentistas, como Trias o incluso Pujol, interviniendo electoralmente -hasta el Ayuntamiento de Barcelona-, implicaciones de Cospedal, Rajoy y Sáenz de Santamaría… todos ellos cómplices o/y conocedores desde 2012 del comando patriótico que empezó en Catalunya, y al que el gobierno de Rajoy ordenó operaciones “parapoliciales” por intereses partidistas... que darían lugar a la policía patriótica que, al parecer, seguiría hoy y donde el affair Pegasus sólo sería la guinda, con y sin control del gobierno. Y en la más absoluta impunidad.

¿Y entonces?

La ruptura de puentes con Catalunya, escompleta con el golpe judicial del 25% del castellano en la escuela –que traiciona absolutamente el hipotético blindaje de la inmersión que defendieron PSOE-IU-Podemos, Comuns y ERC con la aprobación de la “Ley Celaá”, la LOMLOE-, y el afloramiento público del bajo nivel de ejecución de las inversiones en Catalunya que no llega al 36% -mientras en Madrid supera el 187,3%-. Poco margen deja a ERC para seguir con la farsa del diálogo.

Con ello, se tambalean los apoyos necesarios para acabar la legislatura, tanto más cuando Bruselas aprieta y, a pesar de garantizar el segundo tramo de los fondos europeo de 12.000M, a la vez hace pública su exigencia y el compromiso del gobierno –que éste niega- de alargar el período de cálculo de las pensiones antes de finalizar el 2022, cuando justo se están presentando los planes de pensiones de empresa. Cierto es que la absoluta claudicación de PC-IU-Podemos y los zigzags de ERC le dejan un pequeño margen parlamentario, pero ya ha tenido que recurrir al PP en alguna votación –incluso en la reforma laboral, o la audiovisual- y el continuo giro a derecha del gobierno, sólo es posible por la absoluta pasividad de las direcciones sindicales, que no convocan a una huelga general que tiene más que sobradas razones.

Y mientras la calle no responda, PSOE_PC/IU-Podemos siguen el dictado de los mercados, y, la patronal busca el momento de devolver el gobierno a manos de PP-VOX, como en Castilla. Por eso, es obligado preguntarse ¿por qué el gobierno se ve incapaz de golpear sobre Robles y las cloacas que les quitan apoyos? ¿Tan atrapado está? ¿Estamos ya en el cambio de ciclo que quiere la burguesía? ¿El capital se siente suficientemente seguro para enfrentar por sí solo, sin intermediarios, a las clases populares sobre las que tendrán que seguir descargando golpes brutales, ahora con el añadido de los costes derivados de la guerra de Ucrania? Si el cambio se da en frío, sin luchas, al dictado de la burguesía, girará a derecha, cómo la política del gobierno prepara y cómo pueden ocurrir en las elecciones andaluzas; pero si es con la movilización, podemos detener estos planes criminales contra los y las trabajadoras.

M. Esther del Alcázar i Fabregat

NOTA:
(1) En ocupación todavía estamos por debajo de los niveles de 2007: faltarían unos 600.000 ocupados. Son las diferencias entre el recuento de la Seguridad Social, que mide afiliación, y el INE, que mide empleo, y utilizan diferentes métricas.