El 18 de agosto, a las tres de la madrugada, el ejército israelí asaltó y clausuró las sedes de seis organizaciones palestinas. Los soldados se incautaron de ordenadores y todo tipo de documentos y datos de las entidades, precintaron los locales y declararon los grupos ilegales. Se trata de Al Haq, la entidad que está documentando los crímenes de Israel ante el Tribunal Penal Internacional, Addameer, que apoya a los presos palestinos, el Centro Bisan, que impulsa proyectos de desarrollo y preservación del patrimonio cultural, Defensa de la Infancia Internacional-Palestina (DCIP), que apoya a los menores encarcelados, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, referente histórico en la lucha feminista y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola. También fue asaltada la sede de la Unión de Comités de Trabajadores de la Salud.

El asalto militar llega tras la designación, en octubre, de estas seis organizaciones como "terroristas" por parte del ministerio de Defensa, basándose en expedientes secretos, por vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), la principal organización política de la izquierda palestina, que tiene también su rama armada. Israel no ha presentado ninguna prueba que acredite la acusación de "terrorismo" e incluso la CIA ha tenido que decir que no puede corroborarla. En abril, expertos de la ONU ya habían hecho un llamamiento a los gobiernos a seguir apoyando a las organizaciones criminalizadas y denunciaron que Israel no había aportado ninguna prueba.

Este ataque, ordenado por el ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, es resultado de las décadas de impunidad con las que el estado de Israel, desde 1948, ha impuesto un sistema colonial y un régimen de apartheid contra el pueblo palestino para apropiarse de su tierra. Demuestra que no tiene ninguna preocupación ni por guardar las formas con el mantra de ser “la única democracia” en la región. La ley anti-terrorista israelí de 2016 permite detener a los trabajadores o a cualquiera que dé apoyo a las organizaciones palestinas dentro de los territorios ocupados, bloquearles los fondos o incautar sus equipos y documentos. La orden militar emitida el 3 de noviembre de 2021 se aplica también a toda la Palestina histórica.

¿Por qué ahora?

El acoso al tejido asociativo palestino se inscribe en la crisis política en Israel, que lo ha llevado a las terceras elecciones en cinco años, tras el derrumbe de la coalición de gobierno -una especie de Frankenstein político formado por ocho partidos unidos sólo por el rechazo al antiguo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ahora procesado por corrupción-. La lógica electoral es una carrera de mano dura entre el actual primer ministro Yair Lapid y Netayahu, que resurge de sus cenizas. Y es esa lógica la que ha llevado también a los últimos bombardeos contra la franja de Gaza, que asesinaron, a principios de agosto, a 49 palestinos (incluidos 17 niños y niñas), dejaron 360 heridos y golpearon 1.500 viviendas.

Pero más allá del contexto electoral, el ataque es de fondo y busca en primer lugar silenciar la denuncia internacional de los crímenes cometidos por Israel. Como explica Sahar Francis, directora de Addameer, la organización de apoyo a los presos: “Israel sabe que la sociedad civil palestina es un actor fuerte y considera que estamos haciendo algunos progresos internacionalmente, aunque lo que hemos logrado es poco. Nos quieren impedir que funcionemos". En marzo la entidad presentó un informe ante la Comisión de Investigación sobre Palestina de la ONU que documenta leyes, políticas y prácticas de apartheid. Hace meses que Israel ataca a los miembros de la comisión por anti-semitas y pide su disolución, pero no consigue silenciar las voces cada vez más importantes -incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch- que denuncian que Israel impone un régimen de apartheid al pueblo palestino.

Assel Al-Bajeh, abogada de Al Haq, que es la organización palestina de defensa de los Derechos Humanos más veterana, apunta también que “Israel está atacando e intentando eliminar de forma persistente a la sociedad civil palestina debido al trabajo que hacemos, de forma que pueda perpetuar sus crímenes sin ser expuesto, desafiado o responsabilizado". Al Haq ha estado muy activa documentando crímenes de guerra israelíes ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya. El tribunal está investigando la masacre de Gaza de 2014, con más de 2.000 asesinatos, cuando el propio Ganz era el jefe de las fuerzas armadas israelíes: después se presentaría a las elecciones jactándose de haber “bombardeado Gaza hasta devolverla a la edad de piedra”. La investigación del tribunal de La Haya ha sido tachada "de antisemita" por Israel, y el gobierno Biden ha dicho que se opone, mientras que presiona a la Autoridad Palestina para que retire la denuncia presentada en 2015 por los crímenes de guerra de Israel, incluidas las colonias.

Las otras entidades criminalizadas apoyan al pueblo palestino en temas clave (mujeres, salud, infancia, agricultura) y además tienen una actividad muy política y reciben financiación internacional. Ilegalizándolas, el gobierno israelí ha querido sembrar la duda sobre la orientación de los fondos de la cooperación internacional y presionar a los donantes internacionales para que dejen de financiarlas. Al mismo tiempo, este ataque es una amenaza a todo el tejido asociativo palestino: Israel quiere una sociedad palestina que colabore con la ocupación y no una que denuncie el apartheid y el colonialismo.

La lucha continúa

Las organizaciones palestinas están decididas a no dejarse silenciar por la represión. Dos días después del asalto a las sedes, Shawan Jabarin y Khaled Quzmar, directores de Al Haq y Defensa Internacional de la Infancia, fueron citados para interrogatorios y amenazados de detención y encarcelamiento si sus entidades siguen trabajando. Ya se preparan para más encarcelamientos, prohibiciones de movimiento e incautaciones.

La ONU y diversos gobiernos de la UE -incluido el español- han hecho comunicados de apoyo a las organizaciones clausuradas y han dicho que no cambiarán su política mientras Israel no demuestre las acusaciones, pero no ha habido ninguna represalia contra las autoridades israelíes: la impunidad continúa, al igual que los asesinatos y la represión diaria sobre la población palestina.

Hay que exigir a los gobiernos europeos y a los organismos internacionales que, más allá de las palabras, intervengan directamente ante las autoridades israelíes para detener la represión contra los miembros de las organizaciones ilegalizadas, que exijan a Israel la retirada de la designación de “terroristas” y el respeto a la libertad de expresión y organización en los territorios ocupados, y que reclamen la derogación de la ley antiterrorista de 2016. También que incrementen la financiación a las organizaciones represaliadas y criminalizadas.

Más allá de las palabras es necesario romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, imponer sanciones y dejar de venderle armas y material de seguridad. En este marco se inscribe la campaña de la Coalició Prou Complicitat amb Israel para poner fin al hermanamiento entre las ciudades de Barcelona y Tel Aviv, que impulsa una recogida de firmas para llevar la propuesta al pleno municipal antes de que acabe este año.

Y por supuesto es necesario continuar la solidaridad directa con el pueblo palestino a través de sus organizaciones sociales, políticas y sindicales. Las seis organizaciones ilegalizadas están decididas, asumiendo un riesgo enorme, a seguir trabajando y denunciando los crímenes de la ocupación y el apartheid. Nuestro sitio está a su lado.

Cristina Mas