Los datos del PISA (1) de este año han disparado todas las alarmas del Departament, del Govern y de todos los sectores bien pensantes. Pero que la educación en Catalunya va mal, no es nuevo, ni porque lo diga el PISA: lo han dicho las trabajadoras reiteradamente con huelgas como las de interinas por la estabilidad, las 5 masivas del profesorado de hace 2 cursos o las de las TEEI. La prepotencia del conseller Cambray, con el aval del gobierno de ERC, con Aragonès a la cabeza, fue paralela a la que tuvo el conseller Ernest Maragall, ante las huelgas masivas contra la Ley de Educación Catalana (LEC) que hizo aprobar contra toda la comunidad educativa. De aquellos polvos, estos lodos, que dicen. Han sido tres los golpes de gracia que se han dado a la escuela catalana en los últimos tiempos.

1. LEC: neoliberalismo y autoritarism

La oposición de los docentes a la LEC, que desde CGT se fundamentó justamente con los datos del PISA 2006, se basaban en el falso diagnóstico de Maragall de “excelencia” de la concertada, que debía emularse en la pública. Mientras se garantizaba su financiación y el negocio ya que Maragall "veía "imprescindible" que cobrara cuotas a las familias". Esta ley del neoliberalismo que provocaría daños estructurales en la escuela pública, fue aprobada por el cuatripartito: el tripartito en el Govern, PSC, ERC, e ICV-EUiA (2) y CiU -actual Junts-. La LEC tardó unos años en hacer estragos en el sistema educativo: de 2009 que se aprueba, a la promulgación del último DECRETO de despliegue, el de plantillas en 2014. Todo lo que alertábamos, hoy se refleja en el PISA.

Privatización y segregación con la equiparación del sistema público y concertado, integrando en igualdad de condiciones ambas redes, haciendo perder a la escuela pública el papel legal de preeminencia y quedando “relegada a una función subsidiaria de carácter asistencial” (CGT 2008). Esto incluye la equiparación de salarios entre docentes públicos y de la concertada, pero no a partir de los beneficios de la patronal, sino como gasto directo de la Generalitat. Se “aumentan los módulos de los conciertos y se les suma una financiación extra (que no recibirá la pública) si voluntariamente aceptan hacerse cargo de niños con dificultades”. Así, reduciendo su alumnado debido a la crisis -y favorecidos por incumplimientos de ratios que les permiten mantenerse, mientras se cierran líneas en la pública-, no ven reducir el 20-21% que toman de los presupuestos educativos ya que el criterio ya no es número de alumnos sino el “contrato-programa”: en el curso 2021-22, fueron 1.383M para 687 centros, un 22,2% del presupuesto educativo no universitario, el 17,8% del total (Eurydice. Redipedia). Catalunya es uno de los 7 sistemas educativos de la OCDE con mayor peso de la concertada: 31,5% de la matrícula, pero el 54,4% en Barcelona ciudad (Bofill, 2022). Decíamos en 2008: “la “voluntariedad” de coger a niños con dificultades, junto al control sobre la matriculación de los propietarios de las escuelas privadas, aumentará la segregación escolar en función de la extracción social del alumnado” (CGT 2008). Esto agravaría la situación de la pública y empeorará aún más de la equidad del sistema ya maltrecha en 2006. Así ha sido: PISA 2022 señala el empeoramiento del porcentaje de la nota de matemáticas afectado por el nivel socioeconómico –como Euskadi, igualmente con altísimo nivel de concertada-: ¡¡¡un 17,1%!!(EsadeEcPol y Save the Children: PISA 2022 y la equidad)

Imposición del modelo de gestión de empresa privada de la concertada en la escuela pública: jerarquiza toda la capacidad de decisión en la dirección de centro (DECRET 155/2010, de direcciones). Condiciona los recursos de los centros a los resultados académicos del alumnado, utilizándolos para categorizar los “centros públicos de primera, de segunda y centros-gueto”, en torno a proyectos para los que se sanciona el DECRETO 102/2010 de autonomía de los centros educativos y la evaluación. Adornando esta competitividad de centros con el impulso y financiación de proyectos “innovadores” tipo Escola Nova XXI que, con una retórica pedagógica ayudan a la segregación escolar. Capacita a los directores de los centros públicos a buscar vías de financiación complementarias, dando entrada a empresas, sobre todo en FP. Reproduce así los mecanismos de privatización del sistema británico. La recuperación de la figura del director del franquismo comporta un recorte de atribuciones de los claustros, consejos escolares y AFFAs. Y para reforzar el control de la dirección sobre el profesorado, aparece el DECRETO 39/2014, por el que se regulan los procedimientos para definir el perfil y provisión de los puestos de trabajo docentes. Con él se cierra el despliegue de la LEC ya que, con una brutal precariedad que no se reduce hasta las movilizaciones del 2022, hace depender los nombramientos de las direcciones, y cierra el proceso de jerarquización y amordazamiento del factor dinámico que siempre ha velado por la calidad de la escuela pública, el profesorado.

2. Recortes más allá del austericidio dictado por la UE

El gobierno CiU (Junts) de Mas, con Irene Rigau al frente de educación, aplicaron los recortes que les llegaban de Madrid y Bruselas a fondo, incluso más allá de lo que les exigían y, sobre un sistema ya estructuralmente vulnerable, fueron devastadores. Congelaciones salariales, reducción de los gastos de funcionamiento de los centros, incremento de dos horas lectivas con la consecuente supresión del número de profesorado, reducciones de jornada más allá de las medias, incorporando los tercios de jornada, reducción de profesorado para tareas específicas, como las bibliotecas -en 2021, de ser obligatorias, quedaban en sólo el 58% de los centros públicos-, reducción a menos de la mitad de las más de 1.200 aulas de acogida que había en 2009-2010 a pesar del número de inmigrantes y alumnado con NEE fuera creciente, reducción de las construcciones escolares, enquistando los barracones, que de los 643 en 2006 superan los 1.000 en 2010 y en 2022 seguían siendo 1.006 en 421 centros, reducción progresiva de las aportaciones del Departament para jardines de infancia hasta su fulminación en 2015... Todo ello en un momento especialmente duro para la clase obrera catalana, cuando la tasa de paro alcanzaba el 23,1 % en 2013 y los índices de riesgo de pobreza escalaban hasta casi el 22% en 2014, y más necesario era el servicio educativo para los niños más vulnerables.

Aún en 2017, el presupuesto estaba 500M de euros por debajo del de 2010, a pesar del incremento de alumnado en ese período (158.000 de aumento entre el curso 2009/10 y el 2018/19, según Idescat). Por el contrario, el presupuesto destinado a la escuela concertada se mantuvo en torno a unos 1.000M de euros (Esquerda CGT, 2017).

A día de hoy, no se han recuperado los recortes, salvo el horario lectivo recuperado gracias a las huelgas de hace dos cursos. Pero, como planteaba la LEC de priorizar la concertada, en 2023, el gobierno de ERC pactó con el PSC un aumento de 39M extra por ella. Aunque el presupuesto de educación de 2023, reducía aún más el porcentaje sobre el PIB catalán, pasando del 2,74% de 2022 al 2,59% del de 2023, lejos del 6% que determinaba la LEC (USTEC, 2023). Curiosamente, el único punto de la ley que sus impulsores nunca se han acercado a aplicar: la financiación.

3. Una gestión catastrófica de la pandemia

En este panorama devastado de la escuela, llega la pandemia con González Cambray de ERC en la Conselleria. Un curso de centros cerrados, despidiendo a los sustitutos -reactivándolos más tarde-, y ejecutando convenios millonarios con empresas como Telefónica, que, aunque debían asegurar que ningún alumno quedara excluido por falta de ordenador o de conexión, en la práctica, en muchos casos, una u otra cosa no se produjo, agravando la segregación del alumnado más vulnerable. Y otro curso abriendo presencialmente con directrices contradictorias y caóticas, sin garantizar los mínimos que pedían los sindicatos (reducción de ratios con el incremento de plantillas para hacerlo y además atender la diversidad y el apoyo a los alumnos con NEE. TEIs, TIS …, personal sanitario, sustitución de las trabajadoras vulnerables, medidas de prevención y protección, e incremento de los recursos necesarios para garantizar los protocolos de limpieza y desinfección), lo que generó un altísimo absentismo, frecuentes cierres de grupos e incluso de centros por contagios.

Que la educación pública le importa muy poco al Gobierno Aragonés, lo constata que, aunque los fondos europeos Next Generation para Catalunya definían un apartado de igualdad y cohesión social y otro de sanidad y educación en las 11 misiones previstas, de 528 proyectos empresariales presentados por el Gobierno, sólo hay tres relacionados con la educación: Plan de Educación Digital de Catalunya, Gobierno del dato educativo y Sistema educativo inclusivo y transformador; y ninguno de ellos está entre los 27 emblemáticos.

O cuando no dieron la batalla por la inmersión ante la imposición del 25% de castellano, ERC, Junts, PSC y Comuns modificaron la ley de política lingüística, suprimiendo el punto 8 del artículo 21 que establecía un apoyo especial y adicional de enseñanza de catalán a alumnado de incorporación tardía, es decir, aulas de acogida -que ya habían sufrido tijeretazo con los recortes-: así que ya es cínico que el Departament aduzca sobre-representación de los migrantes para justificar los malos resultados del PISA. Lo cierto es que el resultado de la política del Departament con los migrantes es un escándalo con 42,6 puntos menos en las notas medias de matemáticas respecto a los nacidos aquí, y aunque si se tiene en cuenta el bajo nivel socioeconómico, quedarían sólo 5 puntos menos por el origen, la realidad es que se considera retraso de un curso completo cada 20 puntos menos: ¡¡¡están dos cursos por detrás de sus compañeros nacidos aquí!! (EsadeEcPol y Save the Children: PISA 2022 y la equidad).

La guinda de la tarta la han puesto este curso con el cheque de 100 euros por material escolar -bandera hace unos años del PP y Cs-, para familias de la pública y de la concertada, en lugar de verterlo en las dotaciones en centros públicos y echando así más leña al fuego de la segregación. Poco se puede esperar de los aspavientos actuales sobre los datos de PISA, si no son excusas de mal pagador como hablar de la formación de los docentes (cuando es responsabilidad del Departament garantizarla) o la idea de crear el “grupo de expertos” para analizar qué ocurre.

Las trabajadoras de la educación pública han venido diciendo qué ocurre. Y lo que hace falta es la derogación de la LEC, empezando inmediatamente por los decretos de plantillas, direcciones y autonomía de centros; la reversión total de los recortes, la inversión de al menos el 6% del PIB como plantean los sindicatos y la estabilización del profesorado interino. Y esto sólo para empezar a poner el hilo en la aguja.

M. Esther del Alcázar i Fabregat

NOTAS:
(1) PISA -Programme for International Student Assessment-, aunque aporta datos comparativos que se pueden utilizar, no se pueden absolutizar ya que no deja de ser el organismo de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-, y por tanto ligada al imperialismo y sus criterios e intereses económicos, junto al FMI y el BM. Además, según señala el propio PISA, los resultados 2022 no tienen precedentes. El rendimiento medio en los países de la OCDE cayó 15 puntos en matemáticas y 10 en lectura. Esto equivale aproximadamente a medio año de aprendizaje en lectura y tres cuartos de un año escolar en matemáticas. El rendimiento medio en ciencias no se modificó significativamente.

(2) ICV-EUiA se abstuvo en el preámbulo y votó en contra de los títulos sobre el servicio educativo y sobre las obligaciones de las concertadas, nada sustancial.