El acuerdo del 20 de diciembre 2023, pone en marcha la gestión común de la inmigración en la Unión Europea. Un acuerdo que vulnera derechos que, aunque ya se incumplían en las fronteras europeas, no tenían un marco que lo regularizara y convirtiera en política común de la Unión.

Este acuerdo es la confirmación del fracaso de la política migratoria. Año tras año la UE, ha tratado de impedir la entrada de miles de inmigrantes y año tras año, la inmigración sigue llegando a Europa. Porque el flujo migratorio es un problema estructural, que no se resuelve con más restricciones, devoluciones en fronteras o pagando millones a terceros países como Marruecos, Túnez, Libia y Turquía, para que contengan a los inmigrantes en el paso por sus territorios y no lleguen a la UE. Lo único que se consigue es que haya más niños, mujeres y hombres muertos, en el mar, la frontera o en algún país del camino. Además, sigue reforzando a las organizaciones criminales, haciendo que las personas pongan en peligro la vida, y se active toda la contención contra quienes logren llegar: servicios de emergencia, centros de atención temporal, de internamiento de extranjeros, brigadas de extranjería, etc…

Y es también la continuación de lo que ya venían aplicando, con base jurídica o sin ella, forzando a que las personas que lleguen para trabajar vengan con contratación en origen, o con autorización de residencia por reagrupamiento familiar, o si están perseguidas en su país, traigan documentación que lo justifique. O que entren para hacer turismo.

Organizaciones sociales y antirracistas han denunciado que se trata de un marco que deteriora gravemente la protección legalmente prevista para las personas migradas y refugiadas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte que el acuerdo va en contra del derecho de asilo porque puede acarrear procedimientos acelerados discriminatorios por nacionalidad contrarios a la evaluación individualizada. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo quieren que Frontex tenga mayor control y se encargue de las solicitudes de asilo y el depurado, en lugar de un agente de la policía con una ONG como CEAR.

Y lo que genera mayor preocupación entre organizaciones de derechos humanos es el “Reglamento de crisis”, que permitirá a los Estados alegar una situación de crisis o fuerza mayor para incumplir las obligaciones de acogida. Un procedimiento de excepcionalidad que permite saltarse todo el procedimiento establecido. Son las "vías de hecho", o irregularidades en procedimientos administrativos, en defensa de la frontera y que vulneran derechos humanos. El ejemplo lo pudimos ver en Ceuta y Melilla, cuando se establece la excepcionalidad como mecanismo de rechazo en la frontera, devolviendo sobre la marcha a menores o solicitantes de asilo, sin saber siquiera quiénes son, ni si cumplen los supuestos de no devolución.

El Estado español, cuyo gobierno mantiene en el cargo a Grande-Marlaska tras la masacre en Melilla –pese a autodenominarse el más progresista de la historia, entonces del PSOE en coalición con Podemos, ahora con Sumar-, pretende así silenciar las voces más de extrema derecha con relación a la migración. En realidad, las avala.

Guillermo Schelling

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Francia señala el camino a la UE.

El Parlamento francés, acaba de votar una de las normativas más restrictivas de inmigración, cediendo a las propuestas de la ultraderecha de Agrupación Nacional-RN y La República en marcha-LR, avalando la lógica de la “Preferencia Nacional”, que es todo lo contrario a los principios democráticos de igualdad de derechos.

Condicionar las prestaciones sociales a cinco años de presencia legal en Francia, nuevos ataques al derecho de residencia legal, restricciones al reagrupamiento familiar, endurecimiento del acceso a los permisos de residencia, incluso para las y los estudiantes y las personas enfermas, exclusión de los alojamientos de urgencia de las personas sin papeles sujetos a la obligación de abandonar el país (OQTF), refuerzo de los obstáculos a la integración, reinstauración del delito de residencia ilegal, camino al encarcelamiento y deportación.

No reducirá el número de las personas indocumentadas: por el contrario, aumentará su número al no existir ninguna posibilidad de regularizarse. Tampoco va a reducir la delincuencia: que se alimenta de la pobreza y la ausencia de futuro, cuando no de las propias políticas migratorias, que maltratan a las personas extranjeras, aumentan la precariedad y ofrecen la desesperación como único horizonte. Ni tampoco reducirá el desempleo ni aumentará los salarios: son la desigualdad y la negativa de las y los empresarios a mejorar las condiciones laborales las que alimentan el dumping social. Ni va a aumentar el volumen de las prestaciones sociales. Al limitar las posibilidades de integración, de acceso a los derechos y a la nacionalidad, esta ley maltratará a la gente extranjera, esté o no legalizada, convirtiendo deliberadamente en infernales sus condiciones de vida.

Realizada en nombre del orden público, la ley aumenta las posibilidades de denegar o retirar el derecho de residencia, incrementando el poder arbitrario de la administración, en un momento en que la reducción de los plazos para los recursos está complicando el acceso a los tribunales. Esta ley creará desorden y confusión, porque al mismo tiempo los empresarios necesitan a las personas extranjeras para mantener la economía frente al envejecimiento de la población.

Termina también con la "inclinación a la tradicional apertura de Francia en materia de acogida de estudiantes internacionales", con la garantía financiera que tendrán que aportar, así como con el aumento de las tasas de matrícula.

Debido a su herencia colonial, Francia es de facto multicultural y cosmopolita. Sin embargo, la votación de esta ley muestra la persistencia del racismo y la discriminación en el seno de una República que se define en principio como ciega a la "raza".