A medida que la atención internacional se concentra en eventos globales significativos, se han producido una serie de eventos graves en Irán. Sólo entre el 21 y el 31 de enero, Irán ha visto la ejecución de hasta 28 personas en las cárceles de ciudades como Urmia, Sabzevar, Karaj, Birjand y otras. La Organización de Derechos Humanos de Irán ha levantado la alarma, señalando que las ejecuciones desde principios de año han alcanzado ya la angustiosa cifra de 71. Entre ellos seis personas señaladas como presos políticos, lo que pone de manifiesto una preocupante tendencia al ahogamiento de la disidencia.

Los informes de Human Rights Activists News Agency (HRANA) junto con los datos de otros organismos de derechos humanos, revelan una estadística escalofriante: un aumento del 33% de las ejecuciones en 2023, con un total de al menos 791 muertes, incluidas 25 mujeres y dos menores. Esto supone un aumento significativo de la cifra ya alarmante de más de 5.000 ejecuciones, que incluye al menos a 57 menores, desde 2012 hasta mediados de 2023, como documenta Amnistía Internacional.

Desafiando las crecientes voces que reclaman el fin de la pena de muerte, especialmente para delitos no graves, Irán sigue imponiéndola. HRANA argumenta que el régimen iraní aprovecha la pena de muerte como estrategia para reprimir a la oposición. Entre los ejecutados en enero del 2024 destacan Mohamed Ghobadloo, arrestado durante las protestas del 2022, y cuatro kurdos iraníes —Mohsen Mazloum, Pejman Fatehi, Wafa Azarbar, Hejir Faramarezi y Farhad Salimi—, lo que evidencia la severa respuesta a la respuesta.

El informe concluye abordando la indiferencia de la República Islámica ante los llamamientos internacionales de respeto a los derechos humanos, y pidiendo que el personal judicial, de interrogatorios y de seguridad implicado en abusos de los derechos sea sancionado internacionalmente. Este patrón de uso de la pena capital en Irán es profundamente preocupante.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por las crecientes cifras de ejecuciones en Irán, como destacó en su sesión informativa de noviembre en la Asamblea General sobre las violaciones de los derechos humanos en Irán. Además, expertos de la ONU revelaron en otro informe la ejecución en Irán de al menos 834 personas en el 2023, algunas relacionadas con las protestas que estallaron en el 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial por llevar el velo mal puesto.

Este aumento de las tasas de ejecución, con el telón de fondo de los llamamientos internacionales por la abolición de la pena de muerte, apunta a una crisis más profunda de los derechos humanos en Irán. El uso del régimen de la pena capital para sofocar la disidencia exige una atención y una acción global urgentes. El silencio de los líderes internacionales contrasta claramente con el aumento del número de ejecuciones: violación de los derechos humanos y principios de justicia.

Amnistía Internacional ha puesto de relieve la situación peligrosa de los detenidos en Irán, incluidos Abbas Deris, Reza Rasaei, Mojahed Kourkour y el clérigo Mohamed Khezrnejad, tras las protestas de 2019 y 2022. Enfrentando cargos como "enemistad contra Dios" y " corrupción en la tierra". Sus juicios se han visto afectados por problemas de equidad, denegación de representación legal y denuncias de tortura. Amnistía ha pedido la anulación de estas sentencias, juicios justos y que se detenga la pena de muerte en medio de ese aumento de ejecuciones.

Por último, la situación crítica en Irán exige un enfoque y una acción internacionales inmediatos. El aumento de las ejecuciones requiere una respuesta global no sólo de condena, sino también de medidas proactivas para detener estas prácticas. Las voces silenciadas a través de la ejecución exigen nuestro esfuerzo colectivo por amar la vida y proteger los derechos humanos fundamentales que sustentan una sociedad justa y equitativa.

Sarina Esmailzadeh