General Motors, principal productor
de automóviles mundial hasta el
año pasado y símbolo de la potencia
económica de EE.UU., atraviesa
la mayor crisis de su historia. Para
evitar la declaración formal de
quiebra, el gobierno de Obama ha
corrido a salvarla con dinero público.
Los defensores del liberalismo
salvaje en época de vacas gordas,
ahora por la socialización de las
pérdidas. Con el rescate que el
Gobierno impone, apuestan la
pérdida de miles de puestos de
trabajo, para devolver la empresa al
capital privado una vez «saneada».

Esta «nacionalización» de derechas
pone blanco sobre negro la incapacidad
del sistema capitalista para
salir de la crisis sin cargarla sobre
las espaldas de los trabajadores. El
ejemplo de GM evidencia que,
contra los discursos de los «brotes
verdes» que auguran el fin de la
crisis, lo peor está por llegar. La
quiebra del banco Lehman Brothers
en septiembre marcó el final de la
primera parte de la crisis mundial,
de carácter financiero. La «nacionalización
» de GM señala que entramos
en la fase de quiebra de
grandes empresas.

GM tiene una deuda de 62.000 millones de dólares. Desde el año
pasado, como Chysler, estaba virtualmente en quiebra. Obama ya inyectó
19.400 millones de dólares y ahora añade 30.100 millones más.
EE.UU. asume el 60% de las acciones de la empresa. El gobierno de
Canadá completa la operación con 9.500 millones y controla el 12%
de la empresa. El resto de las acciones quedan en manos de acreedores
y trabajadores. El gobierno ha insistido en que la intervención es
«temporal» y prevé devolver la empresa al capital privado en dos o tres
meses.

A cambio, Obama exige un plan de «reestructuración» que supone
21.000 despidos (reducción de un tercio de la fuerza de trabajo en
EE.UU.), con el cierre de dieciséis fábricas y 2.600 concesionarios hasta
el 2012. Además, los trabajadores pierden sus fondos de jubilación y
seguro sanitario: GM debe unos 20.000 millones a estos fondos, gestionados
por el sindicato mayoritario (UAW).

Con la intervención del gobierno
se pretende que los trabajadores
renuncien a este dinero, a
cambio del 17,5% de las acciones,
con lo cual la burocracia sindical
se convertiría en una parte
de la patronal. Los directivos de
UWA anunciaron el día antes del
acuerdo entre GM y Obama un
paquete de concesiones de modificación
del convenio colectivo
de 2007 para reducir los costes
laborales de la empresa, que incluye
congelación salarial, renuncia
a pluses, cambios en la organización
del trabajo y, sobre todo.... el compromiso de no hacer huelgas ¡hasta el 2015! El
sindicato, que calcula que con estas medidas la empresa se
ahorrará entre 1.200 y 1.300 millones de dólares cada año, asegura
que un 74% de los 54.000 trabajadores de GM en EE.UU.
votaron a favor del paquete de recortes.

Ésta es una nacionalización en defensa de la propiedad
privada, que busca socializar las pérdidas para garantizar la
continuidad del beneficio privado. Es lo contrario de lo que
conviene a los trabajadores: la nacionalización sin indemnización
(la patronal ya se ha embolsado mucho dinero en forma
de subvenciones) para pasar a empresa de propiedad
pública, y que funcione bajo control de los trabajadores para
garantizar condiciones dignas.

La disyuntiva
En una situación de crisis de sobreproducción como la actual
(en el caso que nos ocupa, se fabrican muchos más coches de
los que la gente puede pagar: por ello se prevé que en el 2009 se
producirán 51 millones de coches, el nivel de 1990), para forzar
un nuevo ciclo de crecimiento, el capitalismo tiene que «quemar
» capital (o sea destruir fábricas y puestos de trabajo para
volver a moderar la producción, un proceso que puede ser más o
menos violento) y aumentar la explotación reduciendo salarios y
acelerando los ritmos de trabajo. El que no aguanta quiebra y aquí
entra otro mecanismo de la salida capitalista a la crisis: la concentración
de empresas, que ya hemos visto con operaciones como
la compra de Chrysler por Fiat.

Deslocalizaciones en busca de mano de obra más barata y
explotada, recortes como los del acuerdo de GM con UWA,
más especulación con mayor peso del capital financiero... son
diversas recetas por un mismo fin: mantener la tasa de beneficios
a cualquier precio.
Ante ello existe una lógica contraria, que pasa por asegurar los
sueldos y los puestos de trabajo y hacerlo a costa, precisamente,
de los beneficios patronales, y revertir la crisis por la vía de
una mejora generalizada de las condiciones que se traduce en
más consumo. Pero esta lógica sólo se puede aplicar desde las
instituciones públicas y siempre y cuando se garantice el control
obrero para que no se impongan los mismos recortes que la
patronal.

Elaborado con materiales del Especial sobre la crisis del PSTU,
sección brasileña de la LIT-CI.