Un número indeterminado de
muertos (38 según las organizaciones
indígenas) y 169
heridos, muchos de ellos
impactados por armas de
fuego, es el trágico saldo de la
criminal incursión policial y
militar que el gobierno ordenó
desde las primeras horas del
viernes 5 de junio. Si no se ha
confirmado el número de
muertos es porque el gobierno
se ha propuesto ocultar las
evidencias; la Coordinadora
Nacional de Radio publica la
denuncia del coordinador del
Movimiento Estudiantil Indígena,
Shuar Velásquez Ruiz,
quien afirma que «los militares
y policías no dejaron ingresar a
los médicos ni a la prensa local
con el fin de ocultar los cadáveres
de los indígenas asesinados,
que habrían sido arrojados
al río Marañón». El dirigente
amazónico Zebelio Kayap,
también denuncia que los
cadáveres estarían siendo
quemados por efectivos
policiales y arrojados al río
Marañón en el caserío de
Reposo, en Bagua (Amazonas).
Denuncias similares han sido
recibidas por la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos.

El gobierno se ha propuesto presentar
la tragedia como un acto
delincuencial de los indígenas, por
la muerte de 11 policías y la supuesta
retención de otros 38, de los que
22 habrían sido liberados. Pero desde
todo punto de vista se trata más
bien de una matanza premeditada
por el gobierno, como una respuesta
sangrienta a la situación creada por
él mismo, por su pretensión de imponer
a toda costa las denominadas
leyes de la selva, aprobadas en
medio de graves irregularidades, en
beneficio de transnacionales petroleras y grandes empresas como el
Grupo Romero. Con la justicia de
su lado los pueblos amazónicos venían
desarrollando una
multitudinaria lucha social por la
derogatoria de esas leyes que nunca
les fueron consultadas, y sobre
las que incluso varias instituciones
del Estado, como la Defensoría del
Pueblo y una comisión del Congreso,
se han pronunciado sobre su
inconstitucionalidad. Ante la contundencia
de la lucha amazónica
el gobierno montó una farsa de
«mesa de diálogo», para la cual
ponía como condición que los indígenas
abandonaran su posición de
rechazo a dicha ley.

Por más de 50 días, el gobierno
García-Simon y el Congreso de la
República han jugado a desgastar
la lucha indígena sin lograrlo. Después
de agotada la maniobra
distractora de la «mesa de diálogo
», y pateada la sesión del Congreso
que debía votar la derogatoria
del DL 1090, García mostró el
verdadero rostro de la «democracia
» que encabeza, ordenando el
desalojo a sangre y fuego de los piquetes
indígenas que bloqueaban
la carretera «Fernando Balaúnde»
en Bagua Grande y Bagua Chica
(Región de Amazonas). Es decir no
le importó derramar la sangre del
pueblo con tal de cumplir su repudiable
propósito de proteger los intereses
de las petroleras y el Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos.

La situación en Bagua sigue siendo
de suma gravedad. El gobierno
García-Simon ha ordenado proseguir
la represión y no parar hasta
doblegar la lucha indígena. Para ello
ha decretado ampliar el Estado de
Emergencia, con un toque de queda
desde las 3 de la tarde.

Los pueblos indígenas tienen
derecho a defenderse

Pero García subestimó la lucha
indígena, y no contó con que el ataque
policial sería respondido firmemente
por los piquetes de huelguistas.
Ahora pretenden culpar a Alberto
Pizango, presidente de la AIDESEP
y a los demás dirigentes de la huelga
indígena por las muertes de los policías, como otro intento de acabar
con la lucha indígena descabezando
sus organizaciones. Es decir,
el gobierno, único culpable y con
las manos manchadas de sangre,
pretende transferir la culpabilidad a
las víctimas de su cobarde acto represivo.

Nosotros somos categóricos al
respecto: las comunidades nativas
tienen todo el derecho de defenderse
por todos los medios que tengan
a mano, de quienes las atacan
en favor de la ganancia de las
transnacionales. Reivindicamos plenamente
la lucha indígena y
responsabilizamos a García-Simon
por los resultados que tenga el enfrentamiento.
Por eso, exigimos que inmediatamente
se levante el Estado de
Emergencia, cese la masacre desatada
por la Policía y se deroguen
los Decretos Legislativos del TLC
que ponen en venta la amazonía.

¡García debe irse!

Al igual que otros presidentes latinoamericanos
(Sánchez de
Lozada, De la Rua, etc.), que en el
pasado decidieron enfrentar la lucha
de los trabajadores y el pueblo
a sangre y fuego, García se dispone
a ir al suicidio con tal de defender
el TLC con EE.UU. y los intereses
petroleros en la selva.

Sólo hay una manera de derrotar
INTERNACIONAL
la represión desatada, y además
conseguir solución a las
demandas indígenas y a las demandas
más sentidas de los
trabajadores y el pueblo pobre
del país: ¡García debe irse!
Urge unificar la heroica lucha
indígena con la de los trabajadores
y campesinos pobres de
todo el país en un Paro Nacional
de combate que se plantee
necesariamente la caída de
García como paso inicial para
abrir el camino a la solución de
las demandas planteadas por
los sectores en lucha.

La conformación del denominado
«Frente de defensa de
la vida y la soberanía», de hecho
un comité de lucha unitario
entre AIDESEP, la CGTP, la
CNA y demás organizaciones
del movimiento de masas, así como
la convocatoria a la Jornada Nacional
de Lucha de este 11 de junio
son pasos importantes, pero
ahora, podrían ser insuficientes si
no se inscriben en un Plan de Lucha
que comprenda un gran Paro
Nacional contra García.

Un gran Paro Nacional que unifique
la lucha indígena con la lucha
de los mineros y la clase obrera
contra los despidos, por el aumento
general de sueldos, salarios y
pensiones, por la renacionalización
de Doe Run, etc..

¡Alto a la masacre en la selva!
¡Basta de criminalizar las luchas
sociales!

¡Unidad de las organizaciones
obreras, amazónicas, campesinas
y populares contra el gobierno
entreguista y genocida!

Lima, 6 de junio de 2009

Partido Socialista de los
Trabajadores - Sección Peruana de la Liga
Internacional de los Trabajadores
LIT-CI

[1] Alan García, presidente de
Perú, y Yehude Simón, Primer Ministro