El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18
de septiembre, conmutar a dos años de
prisión -uno menos que la condena dictada
por el juzgado de lo Penal número 1 de
Gijón- la pena privativa de libertad impuesta a
los líderes de la Corriente Sindical de Izquierdas
(CSI), Cándido González Carnero y Juan
Manuel Martínez Morala, por los hechos
ocurridos en marzo del 2005 donde se les
acusó de romper una cámara de
videovigilancia durante una manifestación de
los trabajadores de Naval Gijón. Esta rebaja
en la pena de cárcel está condicionada a que
abonen al Ayuntamiento de Gijón la multa de
5.624,83 euros, en concepto del bien público
dañado, y a que no vuelvan a cometer «delito
doloso» en el plazo de cuatro años.
Si ya el indulto fue una ofensa a la lucha sindical,
que ahora el Ayuntamiento no renuncie a pedir
la indemnización, pone sobre la mesa el cinismo
del Delegado del Gobierno, Antonio Trevin
Lomban, y de los representantes de la mayoría
gubernamental del Ayuntamiento de Gijón (PSOEIU-
Bloque por Asturias-Los Verdes), con su Alcaldesa,
Paz Fernández Felgueroso (PSOE), y Jesús
Montes Estrada (IU), en el sentido de afirmar
que apoyaban el indulto a Candido y Morala
Sobre la mesa está, pues, la voluntad de criminalizar
al movimiento obrero como la vía de defender a la
patronal cuando los que deberían ir a prisión son los
que han desmantelado industrialmente la bahía
gijonesa, lucrándose ampliamente del dinero público.
Cándido y Morala hicieron pública su voluntad de
negarse a pagar la indemnización, remitiéndose a la
defensa que hicieron en el juicio de su inocencia. Así
pues, el riesgo de la prisión se concretaba y se volvió
a reorganizar el movimiento de defensa. El 6 hubo
concentración en Gijón y el 7, día en que presentaron
sus alegatos en el juzgado, fueron acompañados
de otra movilización. La respuesta está ahora en
manos del juez, el ayuntamiento y el gobierno, pero
en cualquier caso, las medidas citadas al principio
deben poner sobre aviso a las fuerzas sindicales de
que la voluntad de criminalización sigue, y que por
tanto, probablemente debamos volver a salir a la calle
en defensa, ya no sólo de LAB, sino de Cándido y
Morala y probablemente de muchos más.
