Diciendo «Fue un error, no lo explicamos bien», el Ayuntamiento de Vic ha dado marcha atrás en su
intención de delatar a la Policía Nacional a los inmigrantes sin papeles que se empadronen en la
localidad, después que, desde Corbacho a los propios partidos en el gobierno municipal, se
desmarcaran de sus concejales. Sin embargo, la propuesta final no es mucho mejor al impedir, por la
vía de las exigencias, el empadronamiento de los inmigrantes que no tengan la documentación en
regla, negándoles así sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, ahora sí parecen contar
con el respaldo de algunos de sus partidos.
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila
d’Abadal, ha comparecido en rueda
de prensa para hacer pública la
postura del Ayuntamiento sobre los
nuevos criterios de empadronamiento
que se han empezado a aplicar
en la capital de Osona.
Vila d’Abadal ha reafirmado la
postura de sacar adelante la iniciativa:
«sólo se empadronará a
los inmigrantes que lleguen a la
ciudad que tengan un visado o
un permiso de residencia o de
trabajo». La medida, según el alcalde,
es totalmente legal y está
amparada en una ley orgánica que
fue modificada el pasado 11 de diciembre.
La decisión cuenta con el apoyo
de las tres fuerzas que forman el
equipo de gobierno (CiU, ERC y
PSC). La unidad del tripartito municipal
se ha escenificado en la rueda
de prensa, en la que representantes
de los tres partidos han estado
al lado del alcalde. Estaban presentes
Joan López (ERC), Josep
Burgaya (PSC) y Josep Rafús, Xavier
Solà i Toni Serrat (CiU). También ha
acudido a la cita Josep Anglada
(PxC), que se lo ha mirado desde
un rincón.
Esta medida del gobierno municipal
de Vic, no es nueva, es la propuesta
con que Plataforma per
Catalunya se presentó a las últimas
elecciones al ayuntamiento, y viene
proclamando desde hace mucho
tiempo.
La medida es tan reaccionaria
que ha tenido el rechazo del gobierno
autonómico, estatal y de
la dirección de algunos de sus
propios partidos.
Ahora bien, la propuesta tiene una
base en la Nueva Ley de Extranjería,
última reforma realizada por el
gobierno de Zapatero con el apoyo
de la mayoría de los partidos en la
cámara de diputados, que permite
una interpretación que daría legalidad
a la medida y a otras tanto o
más reaccionarias.
Por eso, el gobierno de Vic, es
solo el ejecutor de unas de las medidas
que la Nueva Ley de Extranjería
ampara y el fascismo de Plataforma
per Catalunya defiende.
El tripartito de Vic ha propuesto
un nuevo lema «Al fascismo se lo
asimila con su programa» y el gobierno
central y los partidos «democráticos
» que votaron la Nueva Ley
de Extranjería le dan cobertura para
cumplirlo. Si no es así, que retiren la
propuesta del Ayuntamiento de Vic
y deroguen la ley de Extranjería.
Nosotros no esperamos la más mínima
rectificación, por eso continuamos
diciendo, «Al Fascismo no se le
discute, se lo combate» y a sus aliados,
asimilados y colaboradores, también.
